Contratos de alquiler / Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife.- El pasado martes, 13 de agosto nuestra plataforma acompañó a varios vecinos y vecinas afectadas por Santander Banif Inmobiliaria, el fondo de inversiones que actualmente gestiona varios bloques de viviendas públicas en Añaza, a una reunión que se celebraba en El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el Primer Teniente Alcalde y Concejal de Urbanismo D. José Ángel Martín Bethencourt.
El objeto de esta reunión fue denunciar los contratos de arrendamiento que han suscrito los inquilinos con la entidad, porque no se ajustan ni a la LAU, ni a la norma que rige las viviendas públicas en régimen especial, tal y como viene descrito en los certificados expedidos por el propio Gobierno de Canarias, contratos que paradójicamente, sí están visados por este y para los que Banif solicita como requisito indispensable antes de suscribir el contrato, inscribirse en las listas para acceder a viviendas públicas, que gestiona el Instituto Canario de la Vivienda. Este fondo de inversores, perteneciente al Banco de Santander, aplica alquileres totalmente dispares entre viviendas de iguales característica y cláusulas abusivas como la renovación mes a mes, del contrato a extranjeros, por citar algunas. Requiere garantías económicas abusivas, en concepto de aval, que jamás se refleja en dicho contrato de arrendamiento como tal concepto e incluso en muchos de los casos ni se devuelve.
Por nuestra parte, manifestamos al edil, nuestro descontento por lo sucedido en el anterior pleno, del que fue desalojada nuestra portavoz Inma Evora, por manifestar su indignación ante la negativa a declarar Santa Cruz Libre de Desahucios y Contra los Desahucios y tratar de hacer creer a la ciudadanía que, eximir del pago del impuesto de Plusvalía es ilegal. Cuando más de quince ayuntamientos de todo el estado que han comenzado a hacerlo, algo intolerable, tratándose de un impuesto ilegítimo en los casos de familias desahuciadas, lo que ha sido a nuestro entender, una muestra de políticas falaces. Entrados en materia, le recordamos al Sr. Martín Bethencourt, que el asunto Banif fue denunciado por la PAH Tenerife, quien solicitó que se aclarara si estaban construidas en suelo público, quien informó a esa corporación de las 80 viviendas que mantenía vacías en Añaza, vulnerando su función social, donde poseía dos bloques, en parcelas diferentes, que alquilaban de forma abusiva y desahuciando a familias con menores y dejándolas en la calle, a pesar de las características de las viviendas, y tras confirmar, él mismo, en un pleno celebrado a posteriori, que se trataba de suelo público. Nuestra plataforma lo denunció públicamente, pidió al ayuntamiento que se implicara, incluso junto a la concejala del IMAS Alicia Álvarez, mantuvo una reunión con representantes del fondo de inversiones que se desplazaron a Tenerife.
Tras anunciar públicamente, hace menos de un mes, el convenio suscrito entre el ayuntamiento y el fondo de inversores inmobiliarios, para que esas mismas viviendas se destinen a familias de escasos recursos que pagaran tan solo 26 euros, mientras el consistorio asume el pago del resto de la renta, a través de las PEAS de Alquiler que éste concederá a las familias que cumplan el perfil, por un periodo de dos años. Los vecinos y vecinas afectadas por Banif se preguntan ¿Y cuando se cumpla ese periodo, las echaran a la calle, como es habitual, si no puedes pagar? ¿Qué pasará con las familias que estamos sufriendo los abusos de Banif? Porque más allá de que convenios de este tipo, sean positivos y promuevan alquileres asequibles, habrá que ir a la raíz del problema, y en este caso, este convenio entre Banif y el Ayuntamiento de Santa Cruz, parece más un apaño, que una solución. Alguien debe responder a las preguntas que nadie quiere contestar ¿Por qué llega ese suelo público a manos de un constructor privado? Según José Ángel Martín, esos terrenos tienen una calificación de suelo público que no permitía su venta, ni antes, ni ahora ¿Cómo llegan a manos de Banif Inmobiliaria las viviendas de Añaza? ¿Por qué el Gobierno de Canarias visa contratos de arrendamiento ilegales, que no cumplen la norma por la que se rigen dichas viviendas, cuyos contratos deberían ser por periodo de 10 años con opción a compra y, es más, si ni siquiera cumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos? Son muchas las preguntas que buscan respuestas claras y transparentes.
Por todo ello, el grupo afectado ha dado registro de entrada a un documento, en el que solicitan la revisión de las condiciones de los contratos de alquiler de los inquilinos y de las rentas, ya que existe disparidad de criterios a la hora de aplicar los precios aunque las viviendas tengan las mismas características, revisión de los requisitos que Banif impone a la hora de alquilar, como el aval bancario, no legal para este tipo de viviendas. Y Poder acceder a alquileres sociales en las mismas condiciones que especifica el convenio con Banif, ya que muchas familias que allí conviven, cumplen con el perfil al que van destinados.
En definitiva lo que se solicita en ese documento es que se equiparen las rentas y se investigue por parte del Ayuntamiento la situación irregular en la que se encuentran las viviendas que gestiona este fondo de inversiones. Las familias no quieren vivir con el miedo a ser desahuciadas, ya que muchos de sus miembros están en paro y ven peligrar su estabilidad económica, dado que esta es una práctica habitual de Banif, que ha echado a calle a unidades familiares completas de esas mismas viviendas, que ahora resultan ser públicas, y ha privado de sus derechos legales a esas familias por sus propios intereses mercantilistas.
Por su parte, José ángel Martín se ha comprometido a investigarlo, poner a disposición de los afectados los servicios jurídicos del propio ayuntamiento para esclarecer esta situación, y emprender acciones legales si fuera necesario.
Desde la PAH Tenerife daremos todo el apoyo legal y social que esté en nuestras manos a los vecinos y vecinas de Añaza y llegaremos hasta el fondo de esta cuestión, que tiene todos los indicios de tratarse de otro chanchullo urbanístico en el que “alguien” ha permitido que se especule con el suelo público y con un bien de primera necesidad como es la vivienda.
NO estamos dispuestas a permitir que por el interés de unos pocos, se siga perjudicando a la mayoría, provocando hambre y miseria, privando de derechos fundamentales a la ciudadanía para que políticos y empresarios corruptos se beneficien de los recursos públicos.
Exigimos que el Ayuntamiento de Santa Cruz investigue y de traslado al Gobierno de Canarias de este caso, del cual nuestra plataforma ya informó, en reunión mantenida con el Presidente de nuestra Comunidad, el Sr. Paulino Rivero, y la Consejera de Asuntos Sociales, la Sra. Inés Rojas. Que se haga por escrito y se remitan copias de todo lo actuado a las personas interesadas y a la PAH Tenerife, que ha solicitado ser parte en este procedimiento. Que se subsanen, inmediatamente, todas irregularidades existentes en este caso, donde interviene organismo autónomo de viviendas, que visa y no supervisa la gestión de las viviendas y que se actúe de oficio si es necesario y se tomen medidas la respecto, hasta que se aclaren las responsabilidades legales que puedan tener tanto Banif Inmobiliaria, como la propia administración.
PAH-Tenerife
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