Pedro Fernández Arcila(*) / Artículo de opinión.- La reforma de la Ley de Costas recientemente aprobada en la Cortes no resuelve de manera efectiva la demanda histórica de los pueblos de Anaga de ver reducida la servidumbre de protección de cien metros, es más, creo que empeora la situación. Este ancho de servidumbre afectaba directamente las posibilidades de desarrollo de estos núcleos costeros por prohibirse en esa franja la construcción de viviendas. Dado que estos pueblos cuentan además con otros elementos que también limitaban su crecimiento, algunos naturales, como las acusadas pendientes o los cauces públicos de los barrancos y otros derivados de limitaciones administrativas por encontrase dentro del Parque Rural o en sus inmediaciones, el crecimiento armónico de estos pueblos se ve claramente limitado, de ahí que desde hace casi dos décadas, vengan reclamando los vecinos la reducción del ancho a 20 metros, como estaba antes de 1988.
Cuando se inició el trámite parlamentario de revisión de la Ley de Costas, los concejales de Sí se puede entendimos que era el momento idóneo para exigir el reconocimiento de la especificidad de estos enclaves rurales y presentamos una moción reclamando a los diputados y senadores canarios que introdujeran enmiendas durante el debate en las dos cámaras.
La moción fue aprobada por unanimidad y al poco tiempo el Alcalde convocó a los diputados y senadores canarios, que adquirieron el compromiso de defender a los vecinos de Anaga. Pasado el tiempo y tras los filtros de las dos cámaras, hemos comprobado que texto aprobado con esta nueva reforma legal no establece cambios significativos para Tachero, Roque de Las Bodegas, Almáciga, Benijos e Igueste de San Andrés y por tanto no atiende el compromiso que adquirieron los diputados y senadores canarios de plasmar en el nuevo texto las singularidades de los núcleos rurales costeros. Pero la sorpresa ha sido que no sólo no reconoce la peculiaridad de los asentamientos rurales sino que en gran medida la empeora la situación anterior al prohibir nuevo uso residencial en los núcleos que se delimiten. Desde nuestro punto de vista este fracaso de los representantes públicos en Madrid requiere una explicación a los vecinos de Anaga, sobre todo de los diputados y senadores canarios del partido popular.
(*) Pedro Fernández Arcila. Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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