La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra el anterior alcalde de Buenavista del Norte y actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife y Senador por la Isla de Tenerife, Aurelio Abreu Expósito (PSC-PSOE).
La Fiscalía intervino en este asunto a la vista de la denuncia presentada por el actual alcalde de la localidad, Antonio González Fortes, a la Fiscalía en el pasado mes de julio y basada en la tramitación del expediente de la residencia para discapacitados en Buenavista del Norte.
En la notificación enviada por la Fiscalía Provincial al Ayuntamiento se describe que en el año 2006 se celebra un contrato con un conocido estudio de arquitectos comandado por un ex - concejal del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife para la realización y dirección de obras de Arquitectos para Residencia Atendida para Discapacitados sin haber seguido licitación pública, a pesar de ser requerido por ley, llevándose a cabo, por tanto, una ilegal adjudicación directa.
En diciembre de 2006 fue concedida por parte de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales una subvención al Ayuntamiento de Buenavista para la redacción de dicho proyecto por la cantidad de 162.000 euros, de los cuales fueron pagados al citado estudio de arquitectos 160.000€, en concepto de redacción de dicho proyecto. Posteriormente el Secretario Interventor del Ayuntamiento de Buenavista remitió un certificado a la Consejería señalando que la citada subvención había sido destinada en su totalidad a la efectiva realización de la misma.
Sin embargo, el nuevo grupo de gobierno, desde su formación, inició actuaciones tendentes a la obtención de dicho proyecto, sin que, por parte del estudio de arquitectos, fuera facilitado dicho proyecto, aludiendo a un extravío a consecuencia de una mudanza.
A la vista de ello, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte decidió presentar dicha denuncia tras comprobar, también tras un informe de secretaría, que dicho proyecto nunca tuvo registro de entrada en dicho Ayuntamiento. Al mismo tiempo, se realizaron consultas al colegio de Arquitectos de Canarias y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Canaria, y dada la respuesta de la inexistencia del citado proyecto en dichas instituciones, se decidió acudir a la fiscalía por si tales hechos pudiesen ser constitutivos de infracción penal.
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