Mary C. Bolaños Espinosa(*) / Artículo de opinión.- Actuemos con honestidad. El debate sobre aborto sí o aborto no, es un debate falso. Los embarazos no deseados y los abortos, prohibidos o legales, existen, y precisamente en Canarias constituyen un problema de salud pública, que ha aumentado en las jóvenes de forma preocupante en la última década.
Con una detestable carga de hipocresía, declara Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, que lo más progresista es “defender el derecho a la vida”. Encaja perfectamente en el plan en el que Ruiz-Gallardón explicita que las mujeres se convierten en mujeres sólo a través de la maternidad y la familia.
Esto es lo que quieren: que las mujeres salgamos del mundo laboral para cuidar de nuestras hijas e hijos y de nuestros mayores. Así, el mercado laboral se deshace de la mitad de los desempleados y el Estado deja de hacerse cargo (como está demostrando en los últimos meses) de la cobertura de necesidades sociales básicas (cuidados de dependientes, atención médica, escuelas públicas infantiles, eliminación de servicios complementarios…). Y todo ello, acusándonos al mismo tiempo de inmorales, por defender otras posiciones.
Pero mientras el Sr. ministro de Justicia declara que lo más progresista es defender el derecho a la vida, no le vimos defendiendo el derecho a la vida de los miles de iraquíes que murieron gracias al apoyo de su partido a una guerra tan injusta como inútil. Tampoco lo vemos defendiendo el derecho a la vida de los refugiados saharauis, de los oprimidos palestinos o de los millones de desnutridos del cuerno de África.
Dice el Sr. ministro de Justicia proteger a los más débiles, autodefiniéndose como provida. Y nos preguntamos quiénes son los más débiles y de qué vida habla. ¿Se refiere usted a las personas dependientes que su Gobierno ha dejado sin atención, a las más de 400.000 personas a quienes los bancos rescatados con dinero público han expulsado de sus propias casas, a las trabajadoras y trabajadores a las que se les niega un salario digno o el acceso a la salud si es que no tienen una tarjetita, a los niños, niñas y jóvenes a los que se les restringe la educación gratuita o el acceso a la universidad? Explíquenos, por favor, cómo garantizar una vida digna cuando el Estado, que debiera protegerte, recorta sistemáticamente los derechos laborales y sociales.
El derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social. Nos gustaría que ninguna mujer tuviera que abortar, nos gustaría que ninguna mujer se encontrara ante un embarazo no deseado. En consecuencia, estamos a favor del derecho al aborto como decisión libre y consciente de la mujer y también defendemos el apoyo a la mujer que libremente decide ser madre con políticas de conciliación familiar y social y el acceso a ayudas económicas.
Nos definimos como las más consecuentemente defensoras de la vida:
Por eso, defendemos los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos.
Por eso, defendemos el derecho de las mujeres a no arriesgar su vida ni su libertad por interrumpir un embarazo no planificado, no deseado.
Por eso, defendemos el derecho de las mujeres a no sufrir angustia y sufrimiento por una maternidad impuesta.
Por eso defendemos el derecho de las mujeres a no ser insultadas, perseguidas… por ejercer un derecho básico del ser humano.
Por eso defendemos el derecho a nacer siendo deseado y con posibilidades de ser atendido, educado y querido.
Tener una legislación que despenalice y legalice el acceso al aborto, no obliga a nadie a interrumpir embarazos, pero sí obliga al Estado a que incorpore y mantenga servicios de calidad, que no pongan en riesgo la vida y la salud de mujeres y jóvenes que atraviesan esa situación. A partir de ahí, y para asumir la dignidad humana, es mejor seguir la propia conciencia en libertad, no mantener una servil dependencia, o una doble moral entre lo que se condena y lo que se hace, una hipócrita incoherencia, como mantiene la jerarquía eclesiástica y la derecha conservadora.
En una sociedad como la nuestra, que acepta la sexualidad con naturalidad, el número de abortos está relacionado con la existencia de educación afectiva y sexual y con la accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Por eso, el camino para reducir el número de interrupciones del embarazo no pasa por restringir la ley que permite acceder a estas prestaciones. Tampoco en recuperar la caduca norma de 1985, que a pesar de ser teóricamente estricta permitía el aborto bajo la tutela de los expertos, que decidían por la mujer.
Es necesario abordar el problema de fondo: los motivos por los que se producen embarazos no deseados. Se deben poner en marcha políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Los informes realizados en el Estado español dan datos evidentes sobre las carencias en esta materia respecto a las recomendaciones de organizaciones internacionales como la ONU y la OMS.
Se requiere que el aborto salga del código penal, salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer, se requiere una ley progresista para todas las mujeres, que parta de reconocer nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, pero también es imprescindible el desarrollo posterior de medidas de apoyo que hagan realidad esa ley. Porque el que haya más o menos abortos, depende fundamentalmente de la disponibilidad de servicios de anticoncepción, el acceso a una educación afectivo sexual adecuada para toda la población y de la eliminación de las asimetrías de poder entre hombres y mujeres.
Pero la actual política del gobierno no sólo no sigue ese camino, sino que, en estos momentos, discurre por caminos totalmente contrarios.
Hoy más que nunca, debemos asumir la defensa de estos derechos en la calle. Y tendremos que tomarla en muchas ocasiones, para afirmar que somos seres dignos, capaces de decidir, ciudadanas de pleno derecho, para reclamar una sexualidad placentera, el aborto libre, la maternidad elegida, el derecho a una vida deseada, digna y saludable, para reivindicar nuestra autonomía y nuestra libertad. Para exigir que, en derechos sexuales y reproductivos, NI UN PASO ATRÁS. El 28 de septiembre, Día Mundial por la despenalización del aborto, es una buena ocasión para ello.
(*) Miembro del Colectivo Harimaguada
Comentarios