Arturo Borges Álamo(*) / Artículo de opinión.- La ingente deuda sanitaria española, de las mayores del mundo, ha colocado a la industria farmacéutica y a las empresas de tecnología sanitaria en una posición estratégica para presionar sobre la política sanitaria de la administración y comienza a tomar medidas coercitivas, como ocurre con la farmacéutica Roche que endurece las condiciones del suministro de medicamentos a hospitales morosos, buena parte de ellos antitumorales, donde más duele, como ya había hecho previamente en Grecia. Así agradece Roche, laboratorio que comercializa el Tamiflu, su negocio fabuloso en España, en Grecia y a nivel mundial, tras la alarma infundada de pandemia de gripe AH1N1. De los 13 millones de vacunas compradas en España por 98 millones de euros, 4 millones se han donado a la organización panamericana de la salud y 6 millones se desecharon.
Por otra parte Farmaindustria y la industria de tecnologías sanitarias, Fenin se han rodeado de las Cámaras de Comercio de Francia, Alemania y Suiza, en la que están representadas las grandes multinacionales extranjeras como Pfizer, Novartis, Roche, Lilly, Bayer, Abbott o Siemens, para incrementar la presión y urgir a Mariano Rajoy a poner en marcha “medidas concretas” para solucionar el problema de la deuda sanitaria.
El gobierno del PP, por una parte decide liberar fondos públicos para que las CCAA paguen a sus proveedores, y aprovecha para advertir a las comunidades que deberán demostrar que han aplicado los recortes en educación y sanidad a la población. Por otra parte, implanta medidas para que la deuda recaiga sobre los ciudadanos, no sobre la industria, para ello incrementa el repago de los trabajadores activos e introduce el repago a los pensionistas (ahorro esperado 550 millones de euros) y desfinancia 425 medicamentos (ahorro aproximado de 400 millones de euros).
El presidente de Farmaindustria, que esta vez sí apoya las decisiones del gobierno, y que al parecer conoce antes que presidentes de CCAA, afirma que gran parte de ese dinero más que a financiar la deuda irá destinado a incrementar la factura farmacéutica, para “agilizar la entrada de nuevos medicamentos”.
Como consecuencia de estas medidas la proporción del gasto farmacéutico sufragado por los pacientes se doblará, pasando del 6 % actual a un 12%, en unos momentos económicamente muy duros para la gran mayoría de la población.
Los pacientes presionarán para que se les receten fármacos financiados que traten el mismo proceso, aunque su precio sea muy superior, como afirman sociedades científicas “nos tememos que la prescripción se irá desplazando hacia fármacos más caros” disparando aún más nuestro desorbitado gasto farmacéutico, muy superior al de los países de nuestro entorno.
Es imprescindible revertir esta situación, aplicando otras medidas, por parte de los profesionales, encaminadas a disminuir el consumo innecesario y los consiguientes efectos adversos de los fármacos (que la automedicación, al dejarse al criterio de los pacientes según su situación económica, consecuencia de la desfinanciación de 425 fármacos, solo contribuirá a empeorar).
Pero con estas medidas el consumo inadecuado persistirá e incluso se incrementará, los efectos adversos de los fármacos, uno de los tres principales problemas de salud (junto a la enfermedad cardiovascular y el cáncer) se incrementarán y la descomunal factura farmacéutica se mantendrá, convirtiéndose en la mayor amenaza evitable a la sostenibilidad de nuestra Sanidad Pública.
Todo lo señalado constituye el inicio de una contrarreforma sanitaria, que es inhumana, injusta, ilegitima y sanitariamente negativa para la ciudadanía. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha tomado una actitud sumisa y de rechazo "de boquilla" a estas medidas, contra las que hay que rebelarse en el ámbito profesional, ciudadano y también institucional.
Ante todo esto el movimiento social de Defensa de la Salud y la Sanidad Pública además de resistir precisa de una perspectiva de transformación social que no podemos concebir como separada de la transformación política. Nuestro Foro desde su constitución reivindica una posición anticapitalista, posición que va unificando con rapidez a muchos movimientos sociales que además van acortando las distancias respecto a la acción política transformadora. Por eso, para nosotros es decisiva la participación de los mismos, junto con personas individuales, sindicatos y organizaciones políticas anticapitalistas en un proceso de desarrollo del más amplio frente social y político en Canarias que además debe confluir con el mismo proceso a desarrollar en el conjunto del Estado plurinacional español.
Estamos convencidos de que en esa labor nos tenemos que encontrar, trabajando codo con codo tanto en la resistencia como en la necesaria e ineludible construcción de una alternativa política y social transformadora, de modo urgente, conforme a la gravedad de la situación que estamos atravesando y que será la única posibilidad de generar el entusiasmo que libere la enorme energía que se precisa para parar y vencer al ultraliberalismo y sus políticas.
(*) Arturo Borges Álamo, miembro del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública.
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