Pedro Fernández Arcila(*) / Artículo de opinión.- La actual crisis socioeconómica, además de inducir un agravamiento de las desigualdades sociales, está provocando la invisibilidad de las cuestiones ambientales en la esfera pública canaria, y su desplazamiento en las prioridades de la agenda política, que ya andaba bastante relegada, por cierto, en nuestro archipiélago. Esta ausencia se hace más dolorosa cuando se detecta la gravedad de algunos problemas ambientales y la urgencia en buscar soluciones. En esta situación de gravedad y urgencia se encuentra la gestión de los residuos domiciliarios donde la gerontocracia que nos gobierna parece decidida a seguir con el desquiciado sistema de acumular la basura en orondas montañas, para, de esta manera, poder encender los motores de las incineradoras y, de paso, la hormigonera de las comisiones. Sin embargo, en otras partes del mundo los gobiernos se preocupan de estos capitales asuntos, destinando esfuerzos, dinero y materia gris para promover cambios culturales en la población y lograr transformar el residuo domiciliario en un recurso económico y de empleo.
Por ejemplo en muchos municipios europeos lleva años implantado el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR). Este sistema recupera la vieja costumbre que consistía en pagar un depósito por el recipiente o envoltorio al momento de adquirir un producto, devolviéndose este depósito si se retornaba el recipiente al punto de venta, ya sea para su reciclaje o reutilización. La nueva implantación de este sistema permite llegar a niveles de recogida del 95-98%, reduce significativamente la basura en los espacios públicos lo que minora el coste de la limpieza viaria, y se ha convertido en un importante nicho de empleo (en torno a 14.000 puestos de trabajo estimados para el territorio del Estado). Otro sistema es la recogida selectiva puerta a puerta que se ha ido extendiendo por numerosos municipios de Baleares, Cataluña y País Vasco, y que abre un nuevo yacimiento ocupacional porque no se invierte en maquinaria sino en personal.
Por último la política de introducir en las tasas municipales medidas que incentiven buenas prácticas puede promover cambios en las conductas ciudadanas. Es el denominado pago por generación, que, según un estudio realizado sobre 212 municipios de EE.UU. que habían aplicado este sistema, se lograba cifras de entre un 18% de reducción de residuos y un 2% de aumento en un año, e incrementos en el reciclaje de un 32% a un 59%. Es fundamental y urgente promover estos cambios en nuestro archipiélago, adaptando estas experiencias a la realidad de nuestra tierra, aunque para ello me temo que tengamos que declarar no retornable el envase al vacío en que se ha convertido la política en Canarias.
(*) Pedro Fernández Arcila. Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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