Pedro Fernández Arcila(*) / Artículo de opinión.- Mientras mi compañera y concejala de Sí se puede, Asunción Frías Huerta, mantenía en el pleno del pasado viernes un interesante debate con el concejal Dámaso Arteaga sobre las reducciones de las líneas de guaguas en Santa Cruz, ese mismo día se aprobaba por unanimidad en el Cabildo Insular de Tenerife la creación de una Autoridad Única del Transporte. Con ese órgano (de nombre un tanto tenebroso), se pretende iniciar los trámites para insularizar el transporte público de guaguas urbano e interurbano, transfiriéndole las decisiones sobre el mantenimiento de todas las líneas de guaguas de la isla (incluidas las de Santa Cruz), pero también el precio de las guaguas, los bonos, y sobre todo, permitiendo la entrada de la mano privada del metropolitano en el nuevo diseño del transporte público insular.
La noticia del acuerdo del Cabildo salía publicada al día siguiente en DIARIO DE AVISOS y reconozco que no acababa de creerme lo que estaba leyendo, porque, a pesar de la trascendencia que tenía para el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz la decisión que se adoptaba en el Palacio Insular, el concejal Dámaso Arteaga no hizo la más mínima mención a este significativo cambio en el modelo de gestión del transporte público por guagua. Este llamativo silencio sólo puede significar dos cosas: a) el grupo de gobierno municipal sabía lo que iban a aprobar sus compañeros del Cabildo pero decidieron hacer mutis por el foro para no dar argumentos a Asunción Frías, que denunciaba la actitud claudicante del equipo de Bermúdez frente a las exigencias del Cabildo, o b) los compañeros de Bermúdez- Pérez en el Cabildo no tienen el más mínimo respeto por esa pareja política, por lo que decidieron no informarles que se iba a adoptar la decisión más importante en materia de transporte de guaguas para nuestra ciudad. Coincidirán conmigo que ambas posibilidades son realmente preocupantes para los intereses municipales, porque: o bien Bermúdez-Pérez engañaron al pleno, ocultando elementos fundamentales para el debate; o bien, el Cabildo continúa menospreciando a los representantes de nuestra ciudad en un asunto de enorme importancia para nuestros conciudadanos.
Sabiendo que estas decisiones no se improvisan y conociendo que el consentimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debiera ser esencial para que el Cabildo aprobara esta autoridad única del transporte, la gravedad de este asunto no es que una de esas dos hipótesis se produjera de manera puntual; es decir, con ocasión del pleno del pasado viernes, sino que esta situación se ha extendido durante los casi dos meses que la opinión pública lleva cuestionando las decisiones municipales en esta materia.
Para nuestra vergüenza, esto significa que durante todo este tiempo los representantes de los colectivos vecinales del Suroeste, La Salud, Ofra, etcétera, se han reunido con responsables políticos que, o bien estaban en el limbo, o bien en el país de los tahúres, donde, con indudable pericia, jugaban con los intereses vecinales con unas cartas que estaban marcadas.
(*) Pedro Fernández Arcila. Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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