Manuel Marrero Morales / Artículos de opinión.- Hace un par de meses escuchábamos decir a Rajoy que ya tenía amortizada la Huelga contra la Reforma Laboral, como si no fuera con él. Ahora es José Miguel Pérez, el Consejero canario de Educación quien nos dice estar absolutamente de acuerdo con la huelga en educación, como si esta huelga no tuviera nada que ver con él. Parece que algunos dirigentes manifiestan un desprecio evidente hacia la capacidad intelectual de la ciudadanía o, tal vez, consideren que todos estamos expectantes ante sus declaraciones, que debiéramos considerarlas como procedentes del oráculo de Delfos o de alguna otra encumbrada deidad que rige nuestros destinos y se nos escapa a nuestro pobre raciocinio.
Vamos por partes. En primer lugar, la sociedad canaria ha tenido que sufrir durante las dos últimas décadas gobiernos presididos por CC, que no han apostado por los servicios públicos. Y cuya máxima aspiración era igualar al 50% las ofertas pública y privada, actualmente en una relación 80/20. En ese empeño tuvo especial dedicación el Gobierno de Paulino/Soria con la Sra. Brito en Educación, que recortaron en poco más de un año unos 180 millones de euros en educación y mucho más en sanidad. El PSOE, entonces en la oposición en Canarias; pero gobernando en Madrid, ponía el grito en el cielo. Desde el gobierno de Zapatero vino en esa parte final de la legislatura anterior la subida del IRPF, los primeros recortes, la disminución salarial del funcionariado, la privatización de las cajas de ahorro, la modificación de la constitución en pleno verano de común acuerdo con el PP, y todo esto al grito de ZP de “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.
Precisamente, como consecuencia de esa modificación constitucional aprobada por PP-PSOE se establece el amparo legal para desarrollar todas estas medidas que ahora está ejecutando el PP contra los servicios públicos, sin tener ningún reparo en entregarle esas mismas cantidades de dinero público a bancos privados como está ocurriendo con Bankia.
En Canarias, lo que al PSOE le parecía execrable desde la oposición, se tornó ¡oh milagro de los dioses del poder! en justificaciones de lo necesario e inevitable. Eso sí, con mejor talante y sin zaherir al profesorado, como se hacía en la etapa anterior. Muchas gracias, al menos por no tener que estarnos cada día defendiendo de los improperios de la Consejera.
Pero resultaba también que en esa etapa de transición entre un gobierno saliente y la continuidad del mismo, después del cambio de pareja, pues 35.000 personas habían apoyado una ILP para una Ley Canaria de Educación dotada del 7% del PIB. Y, una vez más, los que nos dijeron desde la oposición que la apoyaban, se olvidaron de la misma y a cambio nos ofrecen un ¿pacto por la educación? Pues tomen la ILP y llénenlo de contenido, que bastante interés tiene esta propuesta presentada después de un amplio debate social de las comunidades educativas.
Nos anuncian los recortes que, por doble vía, se van a imponer en la educación y nos hablan de 3.500 profesores despedidos. Una vía, la del Real Decreto sobre Educación que sube los horarios mínimos del profesorado (lo que implicará necesariamente despidos) y eso sin aplicar la subida de ratios que ese mismo Real Decreto facilita –que no obliga- para que haya más despidos y mayor deterioro del servicio público educativo en la senda de la privatización. La segunda vía, la del ineludible cumplimiento del 1.5% del déficit de las comunidades autónomas, lo que junto a la disminución de trasferencias a Canarias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, además de los recortes producidos por el Parlamento Canario en los presupuestos de las islas y el más que previsible incumplimiento de las predicciones de recaudación, van todos en la misma dirección del deterioro de los servicios públicos. Ambas directrices estatales, de obligado cumplimiento, son un “imperativo legal” que traerá consigo el que dentro de pocas semanas escuchemos aquello de “no tenemos más remedio que aplicar estas medidas”… a las que ahora dice el Gobierno de Canarias resistirse y oponerse.
Si así fuera, para ser creíble, para que no piensen que nos vamos a creer esta pantomima, ya se está haciendo tarde para crear un conflicto de competencias con el Estado, para dar el paso público a la desobediencia, para plantear las denuncias necesarias de inconstitucionalidad o del tipo que fueren y frenar este atropello.
¿Y cuál es la primera medida que, por el contrario, adoptó el Gobierno de Canarias, neoconverso al ecologismo antipetrolero? ¿Acaso paralizó las megainfraestructuras innecesarias como el Puerto de Granadilla y destinó ese dinero a estas necesidades urgentes de la sanidad, la educación y los servicios sociales? Pues no. Lo primero que ya acordó, entre otras medidas, ha sido recortar el sueldo de 60.000 funcionarios un 10% entre julio y diciembre. ¿Garantiza eso que no haya despidos en la función pública y que se cumplan las propuestas recaudatorias del gobierno habiendo en Canarias un 32% de población en paro y más de 730.000 personas bajo el umbral de la pobreza? Pues, tampoco. Y además, de esta situación, alguna responsabilidad tendrán los que llevan tantos años gobernándonos ¿O tampoco tienen nada que ver al respecto?
¿Cuál es la estrategia de este gobierno victimista e incompetente para solucionar los problemas de los ciudadanos? Quieren hacernos creer que el enemigo está sólo fuera (el PP de Rajoy, que claro que lo es; Bruselas y sus Directivas, que también; los especuladores a los que ellos llaman mercados…,que esos sí mandan de verdad). Y ante estas políticas ¿qué han hecho CC y PSOE durante estos años sino sumisa y obedientemente llevarlas a cabo, cada uno en el ámbito en que ha gobernado?. Por tanto, las responsabilidades de estos atropellos habrá que repartirlas entre PP-PSOE-CC.
Y claro que habrá que volver nuevamente a la huelga y a las manifestaciones: a la estudiantil del 11, a la de la enseñanza del 22, a la de la sanidad, a la huelga general del conjunto de la ciudadanía. Huelgas contra el PP, que gobierna en el Estado. Huelgas también contra el PSOE y CC que cogobiernan en Canarias.
Por tanto, señor Consejero de Educación, no sea inconsecuente. Aplíquese en aportar soluciones a los problemas de la educación en Canarias desde ese lado de la trinchera. En el otro lado, resistiendo y oponiéndonos contra Rajoy, contra Paulino y contra usted estamos muchos miles que no nos vamos a dejar embaucar.
Manuel Marrero Morales
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