Manuel Marrero Morales / Artículos de opinión.- Desde que el Gobierno del PP, una vez pasadas y perdidas las elecciones andaluzas, presentó los Presupuestos Generales del Estado con sus múltiples recortes, y a continuación anunció los otros 10.000 millones suplementarios de nuevos recortes para sanidad y educación, las respuestas de los distintos gobiernos autónomos han sido dispares. Los del PP han cerrado filas en torno a su partido para defender, como si fuera la única opción posible, la del deterioro de los servicios públicos y los múltiples recortes. Vascos y catalanes los han denunciado, en la parte que les afectaba desde su visión localista.
¿Qué ha hecho el Gobierno canario? En primer lugar habrá que recordar que ya el tándem Paulino-Soria en la anterior legislatura produjo unos inmisericordes recortes en la sanidad y en la educación y nos situaron a la cola del Estado en los presupuestos destinados a servicios sociales. En las pasadas elecciones del 15-M, Coalición Canaria cambió de pareja de baile y Paulino continuó su danza, esta vez con el PSOE de José Miguel Pérez, que además de la Vicepresidencia asumió la responsabilidad de la Educación. Los Presupuestos de Canarias para 2012 no recuperaron en absoluto ni una mínima parte de lo que se había recortado anteriormente y fueron calificados, en materia educativa por ejemplo, de “continuistas”. Y, en general, dichos Presupuestos no se plantearon en absoluto aumentar la recaudación, cobrándole más a los que más tienen ni tampoco establecieron medida alguna para corregir el fraude fiscal en Canarias, equivalente al 28% del PIB, ni siquiera el intento de hacer que se cumpla con lo que obliga la legislación en lo referido a la Reserva de Inversiones Canaria, a través de la que se ha condonado a las empresas hasta un 90% del Impuesto de Sociedades, de cuya exención se ha hecho en muchos casos un uso fraudulento.
Casi dos décadas de gobierno de Coalición Canaria, unas veces en solitario otras con el PP o con el PSOE, han conducido a Canarias a una situación de paro, pobreza y exclusión social, con un 31% de la población activa en paro frente al 24% del Estado o permitiendo que Canarias reciba 125,7 euros per cápita menos que la media estatal, lo que significa 264 millones de euros menos de los que nos correspondería. Y mientras las inversiones en el conjunto del Estado disminuyen un 28,8%, en Canarias un 40,8%, es decir, 12 puntos menos. A lo que hay que añadir un sistema de financiación autonómica, a todas luces injusto, con el que Canarias pierde 545 millones de euros al año.
Esto que ocurre tiene responsables, antes y después de las elecciones del 20-N: el tripartito que gobierna entre Canarias y el Estado, formado por PP/CC/PSOE, porque los tres hasta el momento han demostrado sumisión a los mercados, a los especuladores causantes de esta crisis, y también a aquellos que han practicado el fraude fiscal. Según el informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) para el Archipiélago en 2009, la economía sumergida en las Islas supone el 28,7% del PIB, 11.653 millones de euros, un porcentaje superior a la media estatal en 5,4 puntos. Este mismo sindicato apunta que se si se redujese en 10 puntos del PIB, se recaudarían 1.530 millones de euros de ingresos para Hacienda y 516,9 millones por cuotas sociales.
Pero los mismos que desde el Gobierno de Canarias permiten esta situación pretenden presentarse como víctimas de las políticas desairadas del PP, cuando ellos forman parte del mismo conglomerado de políticas neoliberales que de unos años a esta parte vienen imponiéndose a los ciudadanos tanto de estas islas como del resto del Estado Español. Y así, el Gobierno de Canarias, que pudo comenzar a recaudar más de los que más tienen desde hace varios años, o, al menos, desde los presupuestos que aprobó en diciembre, prefirió esperar a que el Gobierno central presentara los presupuestos generales para trasladar todas las culpas al Partido Popular de los drásticos recortes a los que se ve obligado ahora, perdiendo seis meses de recaudación. Demagogia y puro oportunismo político.
Y esos mismos ahora reclaman un gran pacto social para la defensa de los servicios públicos. Están sumando fuerzas desde los distintos sectores, para hacer creer al conjunto de la sociedad que ellos (CC y PSOE) sí son defensores de los servicios públicos, e incluso convocarán movilizaciones “contra Madrid y contra el PP” y, a la semana siguiente, cuando ya la gran farsa haya finalizado, se dirigirán a todos nosotros diciendo que “no les queda más remedio que aplicar los recortes; que ellos no querían pero que se han visto obligados a hacerlo”. Puro cinismo y calculado electoralismo.
Con estos datos, con un 31% de paro y más de 110.000 personas que no reciben prestación social alguna, con el record de familias con todos sus miembros en paro, con más de 700.000 personas bajo el umbral de la pobreza, con ese fraude fiscal no perseguido, pretenden decirnos que el Gobierno de Canarias no tiene responsabilidad alguna y que todos los males vienen de otro lugar. La cadena de cinismo llega desde Europa, donde dicen que los obligan los mercados, los especuladores que son los que de verdad mandan, hasta el último municipio. Todos echan la culpa a otros. Todos dicen no tener responsabilidad alguna.
El Gobierno Canario sabe sobradamente que tiene una legislación básica estatal que debe cumplir (por ejemplo, en educación, el mínimo de horas del profesorado, lo que producirá centenares de despidos) y que además lo amenazan con la intervención si no cumple los requisitos de los recortes económicos que el PP ha impuesto. ¿Va a producir un conflicto de competencias? ¿Va a enfrentarse al Gobierno del Estado atreviéndose a desobedecer sus órdenes? ¿Están dispuestos, incluso, a la drástica situación de dimitir y que el PP intervenga a Canarias? ¿O, por el contrario, van a seguir por la senda del engaño para justificarse, llegando incluso a propiciar movilizaciones, y luego impondrán los anunciados recortes y despidos? Si fuera esto último lo que pretenden, esta pantomima, no me esperen detrás de esa pancarta.
Manuel Marrero Morales
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