Arturo Borges Álamo(*) / Artículo de opinión.- Parece un galimatías, lo voy a aclarar y se verá que por ahí también tendrán que ir las cosas si queremos evitar la liquidación de la sanidad pública. Seguiremos intentando aprovechar la tramitación en el Parlamento de Canarias de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Defensa de la Sanidad Pública, para que nuestras propuestas, del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública avaladas por casi 25.000 firmantes, tengan relevancia en la opinión de nuestro pueblo y, a ser posible, reflejo en la ley que resulte de dicha tramitación. Creo que tanto una cosa como la otra dependerán de la fuerza de nuestros argumentos y de la contundencia de las acciones con las que los apoyemos. No en vano estamos tratando con los representantes parlamentarios de los partidos que son responsables políticos últimos del estado de cosas en la sanidad canaria, en la que cada día más se ha venido vulnerando el derecho a la salud, y lo son por acción u omisión ya sea en Canarias o también desde Madrid.
16 años ha dirigido CC la Consejería de Sanidad, 3 años lo ha hecho el PP que ahora interviene desde el gobierno central con dureza extrema, el PSOE desde Madrid ha ido abriendo camino a tendencias privatizadoras (véase la consagración de los conciertos en la Ley General de Sanidad- en Canarias las incluyó CC en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias-, véase también la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, apoyada por todos ellos, que incluye las vías privatizadoras que no han parado de extenderse y... ahora han llegado las metástasis).
Se nos van a aplicar recortes brutales derivados del ajuste presupuestario del Gobierno de Rajoy y además de una contrarreforma sanitaria que va a poner la sanidad pública definitivamente en el desgüace. Todo esto va a tener unas terribles repercusiones en la salud de la población incrementándose la mortalidad hasta extremos insospechados.
Ahora en Canarias todos los grupos parlamentarios hablan de un Pacto por la Sanidad, pues bien, ahí tienen la posibilidad planteada cuando se posicionaron respecto a nuestra ILP, pongan sobre la mesa “argumentos” de peso. Ante lo que se avecina solo cabe la protección más valiente, comprometida, avanzada y eficaz del derecho a la salud. El acceso a una sanidad pública y de calidad es un derecho reconocido en nuestra Constitución y el deber del Parlamento de Canarias es defenderlo.
Por nuestra parte se lo seguiremos exigiendo y la clave estará en seguir movilizados y en lucha por la salud y la sanidad pública, frente a dichas vulneraciones del derecho a la salud que son resultado de la creciente ofensiva del capital financiero, los llamados mercados, y sus representantes políticos para la liquidación de los servicios sanitarios públicos dejando nuestra salud convertida en mercancía para el lucro privado.
También, inevitablemente, nos vamos viendo abocados a la permanente denuncia de casos concretos, y en este sentido nos reuníamos recientemente en el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública con participación de representantes de una nueva Coordinadora para la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública que se ha constituído en Gran Canaria, y nos planteamos abrir una página web para promover la queja de los usuarios por la mala atención recibida, y recoger toda la información para poder establecer el alcance del daño que las políticas de recorte presupuestario le están haciendo al sistema de salud.
Así mismo, ese balance global, independientemente del camino que tomen las denuncias individuales, lo canalizaremos colectivamente hacia el Diputado del Común, la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y por lo que hemos hablado habrá que ir pensando en invitar a toda la población a sumarse a una IPP (Iniciativa Penal Popular) para defender sus derechos, en llamar a la ciudadanía verdaderamente protagonista de la salud y titular del Sistema Nacional y Público de Salud y Sanidad, a proteger la salud y a demostrar la fuerza de la razón y la convicción en la defensa de nuestros derechos.
Carlos Jiménez Villarejo, que fue fiscal anticorrupción, en su artículo "El ataque a la salud, en los umbrales del delito" (elpais.com/diario/2011/10/17/catalunya) expresa con rotundidad que "La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que “impidan” a los ciudadanos “el ejercicio de derechos cívicos”, en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección más intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria."
Por eso yo creo que va siendo necesario que la Iniciativa Penal Popular, presentada en Cataluña, se extienda a todas las Comunidades Autónomas que están atentando contra la salud de las personas y, por supuesto, al gobierno del Estado también. Sería sin dudas una protección más valiente, comprometida, avanzada y eficaz del derecho a la salud junto con la resistencia, y lucha masiva y contundente en la calle, de la mayoría social en defensa de los derechos cuestionados tras siglo y medio de luchas sociales.
(*) Arturo Borges Álamo, miembro del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública.
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