Paco Déniz* / Artículo de opinión.- El debate sobre las prospecciones petrolíferas o sobre el modelo energético canario está obviando, por ahora, el verdadero problema de fondo: la soberanía política de Canarias. Ni en lo fundamental, ni en lo periférico, tenemos poder alguno. Tal es así que si el gobierno español decide prospectar el Teide puede hacerlo tranquila y constitucionalmente, la legalidad los ampara.
Los servicios jurídicos autonómicos ya se lo han dicho a Paulino, legalmente no hay nada que hacer, éste sabe que no puede admitirlo en público, sabe que no puede reconocer que en esta materia estamos igual que hace décadas o siglos. Y por mucho que pretenda ser Mencey marcándose el farol de la colonia, no pasa de mero gestor. La Constitución ampara a Soria y a Repsol, ese es el problema político de fondo. Por eso, la cuestión de la soberanía nacional canaria debería estar en la agenda de quienes se enfrentan a las prospecciones, al menos en el punto de mira de las diversos movimientos sociales, pues se trata ni más ni menos que una clara y demoledora limitación democrática que afecta a que las instituciones isleñas puedan decidir en asuntos que le compete directa y peligrosamente. Al fin y al cabo, la soberanía nacional alude a la democracia participativa y a la responsabilidad institucional, y eso no lo hemos asumido ni teóricamente siquiera. Se trata de permeabilizar las instituciones cuando la ciudadanía se expresa.
En el caso del Puerto de Granadilla, el gobierno canario fue y sigue siendo impermeable a los movimientos sociales cuando cuestionaron la supuesta creación de puestos de trabajo, y el gobierno contestó que crearía cientos y cientos de empleos. Ahora, curiosamente, Paulino le dice a las petroleras que no van a generar ningún puesto de trabajo y Repsol dice que sí. Traviesa que es la historia.
Al gobierno autónomo le interesa seguir ocultando el problema de la soberanía, pues sabe que en el fondo es de su incompetencia e irresponsabilidad política. Sólo denunciarán al gobierno español por su falta de ética, premura y rigurosidad, pero de qué sirve la ética en este sistema de apariencia democrática. Cuando no podemos decidir sobre nuestro modelo económico, ni energético; cuando no podemos participar en las decisiones que nos afectan, de qué democracia o autonomía estamos debatiendo. En ese sentido, no es aconsejable que los movimientos populares cedan un ápice de su voz y de su soberanía al gobierno canario, nadie sabe de las vueltas de la historia. Siempre es preferible mantener la soberanía de la acción, pues al igual que la dignidad, es lo único que nos queda. ¿O ni eso tampoco?
El almendrero de Nicolás.
* Paco Déniz es miembro de Alternativa Sí se puede por Tenerife y profesor de Sociología de la ULL.
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