José María Fernández-Palacios* / Artículo de opinión.- Cuando ya se ha alcanzado un consenso internacional acerca de la necesidad de que las energías verdes sustituyan lo antes posible a los combustibles fósiles cerrando definitivamente la transición energética, cuando en todo el planeta ya se trabaja abiertamente en prevenir o en mitigar el impacto del calentamiento global que provocan la explotación del petróleo, gas natural y carbón en la naturaleza y en las sociedades humanas, cuando en Canarias el mensaje de la necesidad de aprovechar las magníficas condiciones naturales que poseen para la explotación de las energía eólica y solar ha calado profundamente en residentes y visitantes, cuando la Mancomunidad de Municipios del Sureste de Gran Canaria ha conseguido erigirse como un ejemplo mundial de gestión sostenible, el Partido Popular, a través del su flamante nuevo ministro de Industria y Turismo, el Sr. Soria, nos traslada a la prehistoria energética con dos medidas insólitas.
En primer lugar con la desaparición de todas las subvenciones y ayudas estatales a la explotación de las energías verdes, hecho que hasta ahora posibilitaba que estas energías limpias (fundamentalmente la eólica y la solar, fotovoltaica o térmica) pudieran desarrollarse con cierta dignidad, en un contexto de descarado apoyo de los gobiernos a las multinacionales que captan, distribuyen y venden los combustibles fósiles. Este decreto no sólo atenta contra los intereses de las empresas que optaron por apostar por un futuro más verde, sino que cercena de raíz las perspectivas de investigación y desarrollo tecnológico en este campo de uno de los países más avanzados del mundo en inversión y producción de electricidad a partir de fuentes renovables.
En segundo lugar, la apuesta por explotar sin paliativos las reservas de crudo que al parecer podrían existir bajo el fondo marino del canal que separa Fuerteventura y Lanzarote del continente africano, arguyendo que una economía que depende en un 98% de los combustibles fósiles para su mantenimiento no puede dejar escapar ninguna opción de explotar un yacimiento petrolífero ubicado en suelo patrio. A las corporaciones locales (Gobierno Canario y Cabidos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura) se les somete a un ultimátum de una semana y se les garantiza que participarán en los beneficios del negocio, promesa que hay que ser muy ingenuo para creerse.
Al parecer, el que Canarias dependa casi exclusivamente del fuel que importamos del Golfo de Guinea, en mucha mayor medida de lo que depende el conjunto del estado, en donde la energía hidráulica y la nuclear diversifican su producción eléctrica, no es para el Partido Popular un motivo sobrado para apostar claramente de una vez por todas por fuentes energéticas que pueden ser explotadas ilimitadamente en el tiempo, sino antes lo contrario, una huida hacia delante que va a retrasar en Canarias de forma temeraria la apuesta por un futuro verde. Ello por ni siquiera comentar que los supuestos pingües beneficios económicos de la explotación (cosa que habrá que ver) se los quedarán las multinacionales del ramo y, en todo caso, el gobierno central, y que los canarios, nuestras playas y nuestros ecosistemas nos quedaremos con el espléndido paisaje que forman las plataformas petrolíferas en el horizonte, con los vertidos y el piche en nuestras costas, con ecosistemas y recursos marinos -léase pesquerías y marisqueo- contaminados, y con un atractivo turístico -recordemos que es el primer recurso económico de las islas orientales- gravemente lastrado.
* José María Fernández-Palacios. Catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna y militante de Alternativa Sí se puede por Tenerife.
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