Derecho de los niños / Asociación para los Derechos de los niños peregrinos (Deniper).- Preguntan ¿quién garantiza la normalización de la vida de estos niños?, ¿por qué la Administración no aplica controles?, ¿quién vigila al centro cuidador, financiado con fondos públicos?
Dentro del espacio que ofrece la Universidad Libre del Atlántico. Ciclo “La Alternativa Sostenible, Democrática y Social”, la Sala San Borondón, sede del Centro de la Cultura Popular Canaria acogió la noche del pasado miércoles una charla-coloquio sobre la situación de desamparo que viven los niños de acogida en las islas bajo el título de “Niñ@s en desamparo, madres de acogida y arbitrariedades de la Administración”, y que estuvo a cargo de Elsa Baute y Carmen Alonso, dirigentes de la Asociación Derechos de los Niños Peregrinos (DENIPER).
Elsa Baute, fundadora de la Asociación Derechos de los Niños Peregrinos, para la defensa de los niños en desamparo, ha relatado este miércoles en la Sala San Borondón la sórdida realidad de muchos menores en nuestro archipiélago que han tenido la desgracia de nacer en el seno de una de las numerosas familias desestructuradas.
Según esta madre de acogida, al igual que Carmen Alonso, miembro también de la asociación, aunque existen leyes de protección, estos menores son víctimas no sólo de una traumática situación familiar, sino -en la mayor parte de los casos- también del desinterés real hacia ellos con que actúan jueces, gobernantes y funcionarios.
Son evidentes los casos en los que las agudas circunstancias familiares ponen en riesgo la integridad de los menores a los que el protocolo legal “rescata” recluyéndolos en centros de acogida o en ONGs y Fundaciones, muchas de las cuales actúan como auténticas empresas con ánimo de lucro al olor de las considerables ayudas económicas que la Administración les inyecta, esgrimieron en dicho acto las responsables de DENIPER.
Estas madres cuestionan por tanto si a los ojos de la sociedad son constatables las arbitrariedades con las que operan muchos de estos centros, su dudoso trato a los menores, para los que no ahorran los “castigos correctores” y se preguntan ¿quién garantiza la normalización de la vida de estos niños?, ¿por qué la Administración no aplica control
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