España / La Aurora.- El ciclo político del gobierno Zapatero termina, después de dos legislaturas, en un descalabro político sin precedentes, que resume mejor que nada la reforma del artículo 135 de la Constitución en comandita con el PP, con la mayor caída de popularidad de un Presidente tras la transición democrática, que hace preveer, según las encuestas, una significativa derrota electoral del PSOE, que no solo ha perdido votos a la abstención y en blanco, sino que sufre, por primera vez, un trasvase importante de electores al PP, IU, UpyD y el resto de los partidos políticos.
Este descalabro tiene importantes repercusiones para el conjunto de la izquierda en el estado español, abre un nuevo ciclo político y obliga a una reconstrucción general de la izquierda desde la resistencia a las políticas de ajuste neoliberal, que un probable gobierno del PP no hará sino profundizar y acelerar.
Para iniciar la reconstrucción de la izquierda social y politica en el estado español conviene comenzar por un balance de lo que ha sido el "Zapaterismo".
Más que el resultado de la oposición institucional y movilizadora del PSOE bajo el Gobierno Aznar, su derrota en las elecciones del 2004 fue el resultado del mayor proceso de movilización de la izquierda social en el post-franquismo de 2002 a 2004, incluyendo la convocatoria de una Huelga General. Zapatero llegó al gobierno aupado por esta ola larga de movilización social.
La relación con ese movimiento de la izquierda social fue establecida por el primer Gobierno Zapatero con la retirada de las tropas españolas de la Guerra de Irak y la cancelación del Plan Hidrológico Nacional. A lo largo de los siguientes tres años, el Gobierno Zapatero llevó a cabo una importante labor legislativa progresista, con la extensión de derechos a importantes minorías sociales: Ley de Violencia de Género (2004) Regularización de inmigrantes (2005) Reforma de la Ley de Divorcio (2005) Matrimonio Homosexual (2005) Ley Antitabaco (2006) Devolución de los Archivos de la Generalitat de Catalunya (2006) Ley de Igualdad (2007) Ley de Investigación Biomédica (2007) La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010).
Sin embargo, aunque este balance positivo en el terreno de la universalización de derechos, que ha supuesto un importante paso adelante en la modernización de la sociedad española, tuvo desde el primer momento importantes limitaciones y cortapisas por la oposición declarada de la Iglesia Católica y la derecha social, movilizada en la calle. El Gobierno Zapatero rehuyó en todo momento una política de confrontación y movilización de la izquierda social por los derechos civiles y optó por la negociación con la Iglesia Católica, a la que aseguró una amplia y beneficiosa financiación estatal, aunque no por ello desapareció su resistencia a los cambios legislativos.
Fracaso de las políticas económicas
En el terreno económico y de derechos de los trabajadores, hubo también pasos importantes como el aumento de las pensiones, del salario mínimo interprofesional. Pero la realidad es que la cobertura del gasto social y su diferencial con la media europea no solo no aumentaron, sino que disminuyeron algunas décimas.
La mejora de los niveles de vida de las clases trabajadoras fue más el resultado de un ciclo económico alcista, basado en un modelo productivo insostenible de construcción y endeudamiento privado, que elevó sustancialmente las tasas de empleo, que una mejora sustancial vía negociación colectiva de la renta salarial, que de hecho ha seguido disminuyendo proporcionalmente en la renta nacional.
Muy significativo de esta incapacidad de reducir las ventajas de las rentas y el capital ha sido la Ley de Reforma Fiscal de 2006, que supuso un salto atrás en cuanto a la presión fiscal, de clara orientación neoliberal. La utilización de medidas populistas como el cheque-bebé y la reducción de 400 euros del IRPF en 2008 en ningún caso supusieron cambios reales en una estructura fiscal claramente favorable a las rentas de capital. Esta tendencia se acentuaría en la segunda legislatura, cuando era evidente el carácter insostenible del modelo productivo.
Siete días después de ganar las elecciones del 2007, Zapatero anunció su I Plan Anticrisis, antes de que estallase en verano del 2008 la Gran Recesión internacional. El plan de ajuste neoliberal, que se inició como una respuesta preventiva a la crisis del sector inmobiliario, con importantes trasvases de subvenciones públicas por vía fiscal a empresas y bancos, se convirtió después en 2008 en una crisis fiscal de graves proporciones, sin que el gobierno Zapatero alterase su política a favor de los beneficios de las empresas, manteniendo una de las presiones fiscales y recaudatorias mas bajas de la zona euro, al mismo tiempo que se iniciaba el recorte de salarios del sector publico, congelación de las pensiones y recortes de prestaciones sociales.
Hasta el giro del ECOFIN de 9 de mayo del 2010, que la presión de Bruselas y el BCE convirtieron en un ataque generalizado contra las rentas de los trabajadores, el Gobierno Zapatero intentó mantener su orientación económica neoliberal haciéndola compatible con la ampliación de derechos civiles y sociales (la Ley de Dependencia) y la promesa de que no tomaría ninguna medida contra los derechos sociales de los trabajadores. Este "equilibrismo" social, de 2004 a 2008, que fue erosionado progresivamente a medida que aumentaba la crisis fiscal, era insostenible sin aumentos sustanciales de la presión fiscal sobre las rentas de capital. A finales de 2008 la erosión de credibilidad del Gobierno Zapatero se convertía en deslegitimación progresiva ante la izquierda social y, a partir de mayo del 2010, en perdida de sectores muy importantes de su base social.
Reconstrucción de la izquierda
El agotamiento de cualquier impulso reformista fue patente también en el terreno de los derechos civiles a partir de 2007, como atestigua la ineficaz Ley de la Memoria Histórica, que supuso una importante frustración a pesar de la importante movilización social en este terreno, y la reaccionaria reforma de la Ley de Extranjería de 2009.
El elemento político más importante, desde el punto de vista de la izquierda social, que limitó este proceso de reformas ambiguas y limitadas fue primero la cooptación de los movimientos de la izquierda social y los sindicatos en una estrategia subordinada a la acción institucional, que eliminaba cualquier movilización independiente de los mismos por sus reivindicaciones. Y ello a pesar de la fuerte movilización extraparlamentaria de la derecha social en la primera legislatura zapaterista. Cuando los movimientos sociales y los sindicatos intentaron retomar esa independencia a partir de 2008, su capacidad de movilización había sido desarticulada de manera muy importante, como pusieron de manifiesto las limitaciones de la huelga general del 29S.
Por todo ello, el legado social y político del zapaterismo exige que la reconstrucción de la izquierda parta de una crítica en profundidad y de su superación teórica y practica en la resistencia contra los planes de ajuste neoliberales desde los movimientos sociales y los sindicatos. Las contradicciones acumuladas en todos los campos y la frustración del impulso reformista del 2004-2008, nos permiten augurar que el nuevo ciclo político se caracterizará por una fuerte inestabilidad social y política. En este germen de inconformismo y resistencia es en el que hay que reconstruir la izquierda a través del debate, la movilización unitaria y políticas de frente amplio sin exclusiones.
El 15-M
Frente la resignación y la pasividad de la izquierda organizada ha surgido de manera espontánea el Movimiento 15 de Mayo, que con la concentración de decenas de miles de personas en las plazas públicas ha puesto en cuestión la misma representatividad del sistema político constitucional. El ¡No nos representan! cuestiona la legitimidad de quienes desde el Congreso de los Diputados aprueban leyes contra la mayoría de la población apoyándose en una Ley electoral claramente discriminatoria.
Un sector de la generación joven, menores de 30 años ha comenzado su actividad política, desde la experiencia de su formación universitaria, la precariedad y un paro cercano al 40%, cuestionando las bases del sistema político heredado y exigiendo su reforma, al mismo tiempo que denuncia las consecuencias sociales de las políticas de ajuste neoliberales.
En este contexto social, cuando se hacen oídos sordos a las reivindicaciones democráticas del 15 M, el ultimo golpe del zapaterismo ha sido su propuesta de reforma constitucional del artículo 135 de la mano del PP y cumpliendo sumisamente los mandatos del BCE y del gobierno conservador alemán. Con la reforma, llevada a cabo retorciendo los propios mecanismos constitucionales y sin referéndum popular, se prioriza el pago de los intereses de la deuda soberana a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, haciendo ley el neoliberalismo.
La oposición del resto de las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierdas ha supuesto la ruptura del consenso constitucional de la Transición. Al implicar a Rubalcaba y al PSOE en esta agresión a los derechos sociales, enfrentándolos a su base social, ha terminado por abrir el paso a un gobierno del PP y a un nuevo ciclo conservador, con una creciente oposición y movilización tanto de los sindicatos, confrontados con la reforma constitucional y la aplicación por decreto de nuevas medidas de contrarreforma laboral, como del 15 M y otros movimientos sociales.
LOS DERECHOS NACIONALES
Este balance quedaría inconcluso sin mencionar también su fracaso en la rearticulación territorial del estado. No sólo no ha habido avances federalistas, sino que el estado autonómico está hoy en crisis como consecuencia de su incapacidad de financiar los servicios sociales que le han sido transferidos en medio de una fuerte deslegitimación del modelo autonómico para la satisfacción de los derechos democráticos nacionales.
Los esfuerzos de articular los derechos nacionales de Catalunya y Euskadi en una nueva generación de estatutos autonómicos federalizantes han acabado estrellándose en el Congreso de los Diputados o en el Tribunal Constitucional.
En el caso de Catalunya a pesar de que el Estatut había sido aprobado mayoritariamente en el Parlament y en referéndum y posteriormente se ha puesto en discusión su modelo lingüístico en la escuela.
En el caso de Euskadi, con el PSOE preso “del pacto de estado” con el PP y la antidemocrática Ley de Partidos, la negociación de un Estatuto aprobado por el Parlamento vasco fue pospuesta a las negociaciones con ETA primero y a su derrota organizativa después. Pero en ninguno de los dos casos la frustración de una salida federal a la actual crisis del estado autonómico ha impedido un reforzamiento social y político del soberanismo en ambas nacionalidades históricas.
Fuente: http://laaurora.netpor.org/noticia/75/balance-del-zapaterismo-.html
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