Canarias Insurgente: Elecciones e imputados. Un escándalo político.

José Ramón León Herrera(*) / Artículo de opinión.- El pasado domingo el periódico de tirada nacional El País publicó en portada [1], con amplia extensión en páginas interiores, una impactante noticia que desvelaba la presentación a las próximas Elecciones del 22 de mayo de más de un centenar de candidatos imputados por distintos delitos, presuntamente cometidos durante el ejercicio de cargos públicos.

La convicción, profundamente arraigada en la opinión pública española, de que la política en nuestro país no es un territorio de limpieza, sino más bien todo lo contrario, no podía recibir mayor espaldarazo. Sinceramente esto es un escándalo.

Un escándalo y un fraude electoral. No es tolerable, ni proporcional, que se acuda a legalismos y a la nunca discutida -desde luego no por nosotros- presunción de inocencia para admitir esta indecencia. Porque no se trata de eso, esta no es solo una cuestión legal, es una cuestión moral y de ética. Se trata del prestigio de la democracia, en total declive por cuestiones de este tipo, entre otras.

¿Sabemos que si un ciudadano tiene una deuda con su Ayuntamiento no puede presentarse a las elecciones municipales? Pues sí, así es: artículo 177.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General.

Si usted, vecino en dificultades económicas, o vecino no notificado debidamente, o vecino victima de cualquier otro de los múltiples errores de la administración, no ha podido pagar la recogida de basuras, o la tasa de rodaje de vehículos, o lo que sea, usted no puede presentarse a las elecciones.

Si usted, alcalde o concejal, ha realizado una serie de actuaciones en el ejercicio de su cargo público por las que ha sido denunciado, denuncia que un Juez ha admitido a trámite y sobre la que se inician investigaciones y a raíz de éstas se encuentran indicios de delitos, por los que el Juez le imputa e inicia una larga y concienzuda investigación, llegando a la conclusión de que los hechos investigados pueden ser efectivamente constitutivos de delito, y en consecuencia determina que usted tiene que ser juzgado por ello, es decir, le lleva a sentarse en el banquillo de los acusados, donde muy bien usted puede ser encontrado culpable y condenado…, pues no pasa nada: usted puede presentarse a las elecciones.

Es decir, que después de un exhaustivo proceso de instrucción absolutamente garantista de la presunción de inocencia, con todas las legalidades procesales, con prestigiosos y caros abogados defensores tratando insistentemente de sobreseer el caso, a pesar de lo cual un Juez, que no es precisamente un lego en la materia ni suele actuar arbitrariamente, llega a la conclusión de que se han podido cometer delitos, y que un determinado cargo público tiene que ser juzgado por ello, pues todo eso no tiene ningún efecto si se han podido pagar buenos abogados que hayan tenido la habilidad suficiente de alargar, con todo tipo de argucias, los procesos hasta después de las elecciones.

Por cierto, si se tiene la profunda convicción de inocencia de la que se presume, ¿por qué no se intenta que los juicios se celebren lo más rápidamente posible, en vez de intentar alargarlos de forma permanente hasta ver si prescriben, como ha ocurrido recientemente con un alto cargo del PP en Alicante?

No se entiende que las dificultades para realizar un pago de unas decenas de euros a su Ayuntamiento conviertan a una persona en un indeseable, en un inelegible, mientras que los cargos públicos están, cosa que no negamos, ampliamente protegidos. ¿Son comparables ambos casos? ¿No hay un claro desequilibrio?

No se trata de condenar a nadie de antemano. De verdad, rechazamos que la imputación implique condena automáticamente. La inocencia debe ser defendida hasta la última instancia, y en los casos cercanos de los que tenemos noticia estamos convencidos de esa inocencia en la mayoría. Somos solidarios con personas que se han visto involucradas sin preverlo ni imaginarlo, comprendemos su sufrimiento y valoramos altamente su encomiable decisión de apartarse de la vida pública, mientras duren sus casos, y por el contrario, rechazamos a los que quieren permanecer a toda costa, y sus partidos se lo permiten.

Que no se comenta ninguna injusticia, ofreciendo todo tipo de garantías procesales es justo y necesario, y un gran valor de todo sistema democrático. Pero al mismo tiempo los sistemas democráticos tienen que defenderse ante el riesgo de desprestigio y el rechazo que genera la aparente impunidad de casos que aparecen claros ante la ciudadanía. Ante ellos son necesarias medidas no condenatorias, pero sí preventivas, como mínimo del mismo tenor que las que se aplican a un desafortunado moroso.

Nadie es imprescindible en política, si alguien ha caído en desgracia, siempre tendrá todas las garantías de su defensa, y si no se demuestra su culpabilidad, se llenará de razones para volver por la puerta grande. Estará en todo su derecho, pero mientras tanto no nos debe obligar a vivir en la desazón y en la razonable duda. Estas personas deberían apartarse, o ser apartadas, al menos momentáneamente, de la política. Estas deberían ser, en nuestra opinión, las reglas de juego.

¿Qué pasará si son elegidos, luego juzgados y encontrados culpables y, por ejemplo, inhabilitados y obligados a abandonar el puesto que ocupan. No es esto un engaño a los votantes; no es un fraude electoral?

Todos los partidos políticos, sin excepción, han mantenido la tesis y la posición pública de que ningún imputado podría presentarse en sus listas, pero llegado el caso sólo lo exigen, en un ejercicio de cinismo intolerable, a los demás. Para sus propios imputados siempre hay pretextos, sólo los imputados de los contrarios son los delincuentes.

Que esa posición sea mantenida por algunos organizaciones políticas no nos causa sorpresa, pero que sea el modo de comportamiento de otras que se califican progresistas y de izquierdas, por cuyos ideales históricos de ética, honradez y democracia ha dado tanta gente tanto -y que están siendo hoy vilmente traicionados: 35% de los imputados en sus listas- nos ha producido desde hace tiempo una indescriptible decepción, que ha sido la causa principal de la determinación de abandonar, acompañada de gran alivio, ese lugar actualmente irrespirable.

Desde Somos Icodenses (SI) expresamos nuestro máximo rechazo a estas prácticas deleznables y reclamamos y apoyamos toda iniciativa legal que proponga impedir la presentación a cualquier tipo de elección a personas incursas e imputadas en procesos judiciales a causa del ejercicio de cargos públicos. Esto es algo fundamental que, entre otras cosas, la democracia española, tan debilitada públicamente, está necesitando.

[1] http://canariasinsurgente.typepad.com/almacen/2011/04/la-corrupci%C3%B3n-se-presenta-a-las-elecciones.html