Se prorroga a la empresa de seguridad (Seguridad Integral Canaria) pese a informes técnicos negativos que incluyen entre otros, el supuesto caso de sustracción de datos del Centro Permanente de Seguridad por parte de persona de confianza de la actual adjudicataria del servicio de seguridad de las instalaciones universitarias. El escándalo provoca la dimisión del Jefe del Servicio de Inspección de la ULPGC, Julio Vega López[1].
José Regidor al igual que Doménech, rectores actuales de las dos universidades canarias, las han convertido en un semillero de presuntos chanchullos, apaños, irregularidades varias, enchufes, pasteleos y un consciente saqueo del dinero que les viene de la consejería de Educación. En el caso del rector grancanario junto a Conrado Domínguez, salta el grupo Ralons, el mismo que conduce al Ayuntamiento de Las Palmas y a una polémica decisión del alcalde socialista, que les da sin criterio alguno, la gestión de las escuelas infantiles. Es el grupo de Miguel Ángel Ramírez, todo un personaje, toda una institución digna de ser investigada y que tiene entre otros la empresa Seguridad Integral Canaria. Pues bien, estalla el caso de la posesión por parte de los empleados de SIC las claves de las bases de datos del personal y estudiantes de la ULPG, lo que genera varios informes técnicos negativos del jefe del servicio de Inspección, adscrito al Rectorado. Es más se atreve a decir que puede tratarse de una sustracción de datos del centro permanente de seguridad de la universidad por parte del personal de confianza de la adjudicataria del servicio de seguridad de las instalaciones universitarias.
¿Quién los firmó? Julio Juan Vega López, jefe de inspección. ¿Qué paso luego? Hemos visto un correo de este alto cargo diciendo: “he dimitido como jefe del servicio de inspección y he entregado el móvil institucional”. Y le dice a todo el mundo que está localizable en su móvil personal. No hablamos de un mindungui. Estamos ante un profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo peor: a pesar de este cese y de esta salida de este profesional y del escándalo tapado a duras penas, está en que el rector, además de evitar que se investigue el acceso no autorizado a bases de datos privadas y seguras, prorrogó el contrato al grupo Ralons, aún con informes negativos. ¿Por qué? Todo el mundo lo sospecha, pero nadie quiere problemas. Y si un profesor de derecho, que sabe lo que hace, se va, que van a hacer otros menos poderosos que él. Lo único un cambio claustral. Y a limpiar la Universidad que le hace falta [2].
[1] Profesor Titular Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Derecho Público (ULPGC) Facultad de Ciencias Jurídicas. Campus Universitario de Tafira (http://www.juliovega.net/).
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