Educación pública / EA-Canarias.- Las consecuencias del sindicalismo de pactos sociales. El pasado 1 de marzo, cómo se había anunciado, unos 200 liberados de la Administración Pública de varios sindicatos fueron obligados a regresar a sus antiguos puestos de trabajo.
El gobierno canario, igual que otras autonomías aduce que es necesario recortar el gasto por la situación de crisis económica, y que una de las medidas ha de ser, necesariamente, una disminución sustancial del número de liberados sindicales.
Podrían haber metido tijera en otros sitios, por ejemplo, retirando “asesores”, cuyo trabajo lo pueden hacer funcionarios de plantilla, a los que suplantan. Pero se ha preferido reducir el gasto despidiendo a 200 sustitutos que ocupaban los puestos de los liberados, es decir, reduciendo empleo.
De inmediato, CCOO, UGT y otros, han hecho oír su protesta por la vulneración, evidente, de derechos sindicales y de acuerdos previos. Dicen que han rechazado ofertas de “paz social”, que se les hacía, a cambio de mantener los liberados sindicales.
Al mismo tiempo, las dos grandes centrales insisten en la necesidad de “pacto social”, dificultada por este tipo de medidas.
Es verdad que el recorte de derechos sindicales ha sido sustancial. También que, sin recortarlos, las grandes centrales han llegado a acuerdos, o acataban medidas que son agresiones en toda regla para el conjunto de los asalariados:
Pacto de otoño de 2009, que acepta la congelación salarial y la disminución de empleo público, ofreciendo una parte mínima de las plazas de reposición.
Luego, ante el aumento del paro, dijeron que no convocarían huelga si no se recortaban derechos.
Después, con el ajuste de mayo, que entre otras medidas supuso la reducción de salarios de los empleados públicos, convocaron, sin entusiasmo, y plegándose a las presiones contra los trabajadores de las administraciones, una huelga que fue un fracaso anunciado.
Más tarde, ante la reforma laboral que facilita y abarata el despido, que permite el incumplimiento de convenios cuando quiera la patronal, que crea una nueva fórmula de despido justificado, por baja laboral, convocaron una huelga para el 29 de septiembre pasado, dejando que la reforma entrase en vigor. Ante el relativo éxito de la huelga, solo se les ocurre pedir negociación y consenso, mientras dilapidaban el esfuerzo de quienes participaron en la huelga.
Finalmente, ante el anunciado cambio del sistema de pensiones, vuelven a amenazar, con el resultado de que, a cambio de sentarse, firmar y salir en la foto, aceptaron el aumento del período mínimo de tiempo de cotización para percibir una pensión contributiva, el del período de cómputo para determinar su cuantía, y el retraso de la edad de jubilación, amén del aumento de años cotizados para cobrar la pensión máxima. Aquí, en la Mesa General de la Función Pública, acataron reducciones salariales y de otros beneficios, y la reducción de empleo, mediante la aceptación de un proceso de funcionarización que supone despidos de laborales e interinos, o una nueva regulación de los interinos que lleva a la reordenación constante de las listas y a la reducción de empleo.
Todos recordamos cual fue la respuesta de CCOO y adláteres ante el resultado del referéndum por la homologación de los docentes. También, cómo, desde el Comité de Huelga constituido tras el referéndum, algún sindicato quiso hacer “guerra de baja intensidad”, que supuso debilitar y alargar en el tiempo las medidas de presión, sin perspectiva, y, así, luego, justificar su abandono mediante encuesta trucada.
Así nos va: sindicatos que negocian a espaldas de los afectados, que llegan acuerdo lesivos para la mayoría, que ocultan los términos de la negociación, que aceptan imposiciones del gobierno y la patronal, sin ofrecer más resistencia que palabrería grandilocuente, o que frenan y desgastan las luchas, conduciéndolas, deliberadamente, a callejones sin salida.
Ahora, después de tanto entreguismo, claman por la pérdida de derechos. ¿Qué esperaban? ¿Salvar sus estructuras sindicales mientras el paro aumenta, la enseñanza pública se deteriora, la sanidad se privatiza, las condiciones de trabajo se hacen más y más precarias? La Administración no los considera necesarios para controlar protestas y huelgas. Luego, empieza a prescindir de ellos, y, de paso, ataca los derechos de todos.
Necesitamos, cómo nunca, organizaciones sindicales que vertebren las futuras movilizaciones, que organicen la lucha, basándose en la voluntad de los afectados.
Sin embargo, el aumento del paro, la pérdida de derechos, las reducciones salariales, hacen las tareas de resistencia cada vez más difíciles. Cunde el desánimo y el miedo.
Es hora de recordar de nuevo que no hay “ni dioses, reyes ni tribunos” que nos salven, y que, si queremos, nosotros, la inmensa mayoría de la población, golpeados por una crisis que se nos quiere hacer pagar en beneficio de quienes la han provocado, hemos de realizar “el esfuerzo redentor”.
En EA-Canarias hemos perdido liberados. Es más difícil la acción sindical. Continuaremos con afiliados voluntarios, con todo el que quiera apoyarnos para preparar la respuesta a la ofensiva patronal.
Se acabó el tiempo del “diálogo social”, de acuerdos que aceptan la estrategia de la patronal y su Administración, de negociar en las condiciones que quieran imponernos. ¡Ya imponen sin negociar!
Hagamos otro sindicalismo.
Canarias, a 5 de marzo de 2011
Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza Asamblearios de Canarias (EA-Canarias).
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