Sanidad pública / Intersindical Canaria.- Constatamos con preocupación, como nuevamente surgen una serie de iniciativas, recientemente en canarias con declaraciones de Domingo Madera -Coalición Canaria-, que ahora con el pretexto de "de la crísis" y hacer "sostenible" el Sistema Nacional de Salud y las finanzas de cada Comunidad Autónoma, reclaman nuevas aportaciones económicas por parte de la ciudadanía. Es lo que se conoce como " copagos", o nuevas tasas, o limitaciones de la cartera de servicios. En situación de crisis económica se recortan los gastos sanitarios mientras se invierten cifras astronómicas de dinero público en la banca privada. Se reiteran los viejos argumentos de que no hay bastante dinero para sanidad y que hay que poner unos "límites" al gasto. Se culpabiliza la ciudadanía del gasto sanitario público con el fin de vencer las resistencias hacia un repago y se la dirige hacia aseguradoras y coberturas sanitarias privadas.
Después de muchos años de depredación de los recursos sanitarios con privatizaciones, externalizaciones, modelos de gestión mercantilistas, medidas de apoyo a la privada, sometimiento a las grandes compañías aseguradoras o mutuas privadas y a la industria farmacéutica, la degradación del sistema público concluye en un importante déficit público en los servicios públicos de salud. Defendemos el carácter PÚBLICO del sistema nacional de salud, sin "híbridos-mixtos" ni fórmulas parasitarias, siempre orientadas hacia el beneficio final del mercado, y que supondrían una pérdida grave de universalidad y de equidad.
Nuestro sistema sanitario con la Atención Primaria como puerta de entrada, no permitiría que se extendiese el copago a consultas de especialistas o a pruebas diagnósticas, ya que no es el paciente el que las solicita sino que estas vienen recomendadas por el médico de AP. No sería justo, por tanto, que me "cobrasen" por hacer aquello que me indica el médico. Esto puede tener dos consecuencias: algunos (pocos posiblemente) pensarían que hacen mal en acudir tantas veces, pero otros, por contra, se verían reforzados en su sensación de contribuyentes, con lo que se volverían más exigentes. En ese sentido la medida podría traer resultados negativos.
Está demostrado que no se produce una reducción importante en la demanda. El copago es totalmente inútil para inducir que se produzca un consumo más "responsable". No existe un efecto que produzca una selección del uso por la necesidad real, sino que la reducción de la demanda es tanto de la más necesaria como de la más superflua. Es razonable si pensamos que quien tiene costumbre de acudir mucho al médico de cabecera puede hacerlo 3 ó 4 veces al mes, y los 6 u 8 euros que le podría suponer no van a ser el freno para continuar asistiendo. De hecho, está demostrado que tiene igual efecto en los muy frecuentadores que en los menos, por lo que no depende de la gravedad.
Sin embargo, sí se altera la equidad. Si hay algo que destacar en nuestro sistema sanitario es que todos tenemos el mismo derecho a todos los servicios en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando se introducen medidas de copago, los sectores más desfavorecidos sí se ven afectados y disminuyen su atención sanitaria. Con los precios mencionados sólo afectaría a personas que tienen realmente problemas económicos, resultando insignificante para la mayoría de la población. Pero, precisamente, son aquellos de nivel cultural más bajo y que precisan una mayor ayuda para interpretar la gravedad de lo que les pasa, los que podría demorar la consulta ya de por sí. Esto, obviamente, también está demostrado, aparte de ser lógico por la simple aplicación del sentido común.
También se produce un freno en la actividad preventiva. Esto ha sido demostrado claramente en distintos estudios, que concluyen que el copago supone un obstáculo para las pruebas de cribado masivas en la población. Resulta lógico pensar que es más probable que no acudas al médico si en este momento no "te duele" y tienes que pagar, aunque sea poco. Esto supone un mayor gasto, ya que el ahorro en salud y económico previsto por las campañas de screening o similares puede resultar desplazado al disminuir la población receptora de esas campañas, y aumentar el número de casos atendidos en estadíos más avanzados de la enfermedad. Lo mismo se podría decir del control de la diabetes, la hipertensión o el colesterol, por citar los más conocidos.
El establecimiento de un copago puede generar la búsqueda de otras puertas del sistema para aquellos pacientes que no quieran pagar, lo que constituye un encarecimiento. El ejemplo más simple es que a todos se nos ocurre qué pasaría si se cobra por ir al médico de Atención Primaria pero no por ir a las urgencias. Pues igualmente existirían siempre otras formas de burlar la primera puerta, pero que suelen implicar un uso inadecuado de determinados servicios y una mayor inducción de gasto.
Puesto que el copago afecta también a las asistencias necesarias, supondría un retraso en los diagnósticos, con consecuencias sobre la salud especialmente a las clases económicamente más desfavorecidas. El retraso de la asistencia en los casos en que esta es necesaria puede conllevar un aumento del gasto, ya que se atenderían enfermedades en etapas más avanzadas. Por tanto, existen evidencias de que podría afectar negativamente a la salud de la población, lo que ha sido comprobado en varios estudios e incluso cuantificado.
En definitiva, los copagos en sanidad se han demostrado ineficaces para contener la demanda sanitaria innecesaria, en la medida en que ponen a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos por delante de las necesidades de salud, y porque la mayoría de las actuaciones de los sistemas sanitarios son decididas e inducidas por los profesionales de la salud. Por otro lado presentan un grave problema respecto a la equidad y la accesibilidad, porque tal y como han señalado los informes internacionales que los han evaluado, su resultado es “que las personas ancianas y con bajos ingresos demoran el acudir a la atención sanitaria que precisan”.
Además son ineficaces ya que su puesta en funcionamiento precisa de importantes inversiones y de sistemas de recaudación que deben ser detraídas de los ingresos que producen. Por otro lado no puede olvidarse que estamos en una situación de crisis económica, con la mayor tasa de parados en canarias, que aumenta el sector de la población con menos ingresos que se verían mas perjudicados por este tipo de medidas.
Fdo:
Bernardo Medina Rodríguez.
Responsable de COMUNICACIÓN.
Federación de Salud de Intersindical Canaria.
28 de marzo de 2011
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