Ramón Afonso / Artículo de opinión.- José Carlos Mauricio fue condenado hace unos días por conducir sin carné. Aquel político canario ex delfín de Carrillo enrolado a última hora en las huestes de los construgobernantes ultraperiféricos, el que sorprendió a la prensa especializada en los tejemanejes parlamentarios por no necesitar papeles para sus espiches dialécticos en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, destreza por la que era premiado casi todos los años, resulta que lleva toda la vida incumpliendo la Ley -para escarnio de los mortales que sí vivimos bajo su imperio- pues acostumbra a conducir habitualmente sin carné, y sin propósito de enmienda pues parece seguir violándola a diario. Seguramente nunca se le pasó por la cabeza intentar cambiar una la ley que debe creer “injusta” y que le impide ponerse al volante sin la correspondiente licencia, que eso se deja para ilusos izquierdistas que todavía creen en el Derecho, dirá él. Se paga la multa y ya está, será por pasta.
Este Mauricio, el pensionista –oiga, que presentó el carné que lo acredita– ahora se lamenta amargamente, junto al abogado de oficio que lo asistió en la vista, de ser la víctima de un linchamiento y acusa a los medios, esa hoguera de las vanidades en que se han convertido, de querer convertirlo en cenizas. Aunque un personaje que ha jalonado su carrera política con tantos cadáveres de adversarios no debería atreverse ni a abrir la boca. Mauricio en estado puro.
Esta actitud un tanto chulesca y provocadora de nuestro tan premiado Castelar nos recuerda que él y sus conmilitones han sido una máquina de corromper, incumplir, desvirtuar o pervertir las leyes, hasta se podría decir que este neoliberalismo ramplón que se han montado se asienta en una ficción de Estado de Derecho. Este Mauricio que ahora se ha sabido que quebranta la Ley a toda velocidad no sólo creó y ayudó a crear leyes en su etapa como Diputado a Cortes junto a sus cofrades del PP más fascista, el que capitaneó Aznar, sino que como Consejero de Economía del Gobierno de Canarias era uno de los encargados de hacerlas cumplir. Así los canarios hemos soportado leyes que llevan su firma o su imperativo sello, unas eximen a los empresarios y profesionales liberales de pagar impuestos mientras a los trabajadores se les recortan sus salarios y sus derechos, otras han privatizado hasta el agua para beneficio de amigos y allegados mientras se destartalan los servicios públicos esenciales, algunas, como las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, se redactan conteniendo ya los mecanismos para quebrantarlas, recuérdese el “interés general” esgrimido por Adán Martín para aprobar la construcción de la urbanización AnfiTauro cuando la legislatura tocaba a su fin… La guinda la está poniendo el Parlamento de Canarias donde CC, PP y Psoe han llegado al acuerdo de pasarse por el arco del triunfo el artículo 21 de la Ley de la Audiencia de Cuentas y así permitir que Juan Carlos Alemán que no tiene la titulación necesaria ni atesora experiencia alguna en la materia pueda tomar posesión en un puesto en ella una vez que su partido, el Psoe, lo ha “jubilado” de su carrera parlamentaria. Habrán convenido que es de los “nuestros” para qué ponerse tiquismiquis con el cumplimiento de la Ley.
Y es que este ha sido el modus operandi de estos trileros sin complejos que han gobernado las islas en los últimos treinta años. Pero no sólo se han contravenido las leyes, también se han redactado torticeramente normas jurídicas ad hoc, es decir, si las leyes existentes no son de su agrado, no responden a sus intereses de clase o les impiden un pelotazo por el que cualquier empresario hasta mataría, se redacta otra y pelillos a la mar. Ya se sabe lo que dijo Marx al respecto: “Asegúresele un 10% y acudirá adonde sea; un 20%, y se sentirá ya animado; con un 50%, positivamente temerario; al 100%, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300 por 100, y no hay crimen a que no se arriesgue aunque arrostre el patíbulo". Así la Ley del nuevo Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, consensuada y aprobada por Coalición Canaria y el PP, se elaboró en contra de la opinión de la comunidad científica y con la sola intención de eliminar el obstáculo que significaba la protección de la seba -Cymodocea nodosa- para la construcción del puerto de Granadilla. Mientras, el Psoe cumplía su parte del trato y también la eliminaba del Catálogo Nacional a pesar de estar considerada una especie altamente amenazada en el Listado Rojo de la Flora Vascular Española en 2008. Para rematar la faena, los Psocialistas finalmente renunciaron a presentar su anunciado recurso de inconstitucionalidad a cambio de que Coalición Canaria apoyase los Presupuestos Generales del Estado y todo a pesar de que su portavoz en el Parlamento de Canarias, Hernández Spínola, afirmara: "Los socialistas canarios seguimos pensando que la Ley del Catálogo de Especies es inconstitucional. Si entramos en el gobierno canario cambiaremos esa ley". Cómo creer en las monsergas que sobre la defensa de nuestro cacareado Estado de Derecho lanzan constantemente los gerifaltes del Psoe, sirva este quebranto constitucional por un puñado de votos, bueno, por dos miserables votos, como testigo de su hipocresía.
Otros como el pícaro Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, imputado por la presunta comisión de los delitos de cohecho, malversación de fondos y prevaricación, tratan por todos los medios de conseguir un escaño en el Parlamento autonómico que salga de las próximas elecciones del 22 de mayo para evadir la justicia ordinaria y acogerse a la condición de aforado que tienen los diputados, a pesar de que los delitos que se le imputan presuntamente los cometió cuando ejercía como alcalde y no en su (in)actividad parlamentaria. Al parecer, su concejal de Cohesión y Bienestar Social, Ignacio González, le acompañará en esa huida hacia delante azuzado también por la investigación que sobre la campaña electoral de su partido -el CCN- en 2007 realiza la fiscalía.
Decía Platón: “Quien esclavice a las leyes, entregándolas al poder de los hombres, debe ser considerado el enemigo más peligroso de la ciudad”. El Tripartito Canario ha puesto las leyes al servicio de una camarilla codiciosa que con sus políticas se ha enriquecido todavía más, de los que evaden impuestos, de los modernos negreros que esclavizan a la clase trabajadora, de los depredadores del territorio y su biota, de los que se han apropiado de los servicios públicos que se han privatizado, de los que pretenden llenar sus arcas gracias al despojo que supone el PGO de Santa Cruz para decenas de miles de familias que deja fuera de ordenación, de los que incumplen la Ley mientras se apropian de los instrumentos del Estado…
Es tiempo, pues, de pararle los pies a los que nos han sometido al gobierno de estos déspotas oligarcas para iniciar inexcusablemente la senda que nos lleve al gobierno del Derecho y la Justicia.
Ramón Afonso
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