J. Luis Real Baltar * / Artículo de opinión.- El Gobierno del Sr. Rivero, en pago a su apoyo para la aprobación de los Prespupuestos Generales del Estado, recibió del Gobierno Zapatero un título y una finca. El título es el de nombrar como Aguas Canarias a las aguas jurisdiccionales del Archipiélago, y no es materia de este breve artículo. La finca, por así llamarla, son las Políticas Activas de Empleo, dentro de las cuales viene incluída la Inspección de Trabajo.
¿Y por qué considera quién esto escribe que esa nueva competencia traspasada del Estado a la Comunidad Autónoma se va a transformar en una finca? Quizá sea en base a lo poco que se le ha visto al Gobierno de Canarias en materia de creación de empleo y sí en cambio a la hora de dar facilidades a su destrucción. También podría ser a su falta de iniciativa para incentivar la modificación del sistema productivo canario ampliando los sectores que actualmente son básicos en las islas, es decir, el ladrillo, el turismo y los dos monocultivos subvencionados que son el plátano y el tomate. Otros cuestiones a tomar en cuenta y que aventuro aún a riesgo de que se me llame demagogo, son el famoso caso de los cursos del ICFEM, o el más reciente que ha salpicado al PP de Canarias, partido ex-socio de Gobierno del Sr Rivero, con la venta de títulos a medias con un sindicato fantasma gaditano.
Lo cierto que esa falta de iniciativas, unido a los antecedentes de la gestión en materia laboral de los tres partidos políticos presentes en el Parlamento, hace que ese traspaso de competencias sea recibido con más dudas que esperanzas, y mucho menos si ya entramos en la cuestión de la Inspección de Trabajo, actualmente organismo básico para la defensa de unos derechos laborales y sindicales que el empresariado se empeña en ningunear y al que el trabajador acude menos de lo que debería, tanto por desconocimiento de sus funciones, cómo por desconfianza de su funcionamiento, y es que la Inspección de Trabajo siempre ha tenido dos hándicaps que vencer. El primero escaso personal que motiva que las denuncias sean comprobadas a un plazo superior al que sería deseable, lo que hace que dichas denuncias al final sean totalmente inútiles, casi siempre porque el trabajador denunciante ya ha sido despedido. El segundo de estos problemas que atañen a la Inspección es el derivado de, y aquí he de indicar que no es general sino puntual, las conexiones que existen entre la propia Inspección y el empresariado, prueba de lo cual son los famosos “preavisos”, esas llamadas en las que el Inspector avisa al empresario que va a pasar por allí y que no es posible denunciar por falta de pruebas pero de la que algunos trabajadores y trabajadoras podrían dar indicios de su existencia.
Precisamente son las relaciones tan estrechas entre Gobierno - empresariado y Parlamento - empresariado, que en muchos casos van más allá de las relaciones para entrar en el campo de los intereses comunes, las que aumenten la desconfianza sobre cual va a ser el papel de la Inspección de Trabajo una vez asuma el Gobierno de Canarias las competencias sobre ella.
Puede que este artículo haya nacido de un exceso de precaución pero es que, desgraciadamente, la clase política se comporta la mayoría de las veces como si lo público fuese propio para las ganancias y lo propio público para las pérdidas.
* Secretario de Acción Sindical CNT Canarias.
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