Bernardo Medina Rodríguez* / Artículo de opinión.- El Gobierno de Canarias vía Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, impone un brutal recorte presupuestario en la sanidad pública, cifrado en 285,7 millones de euros -45.700 millones de ptas-. Una cantidad que casi triplica los recortes del presupuesto del año anterior. Significando la descapitalización de la sanidad pública canaria y el impulso del Gobierno de Canarias hacia un modelo de privatización de la sanidad. No sólo por esos recortes y por las partidas que destina a los conciertos de toda índole con la sanidad privada concertada, de más de 440 millones de euros, sino porque el Consejo de Gobierno ha ratificado en su sesión del pasado 26 de agosto del 2010, el proyecto de la nueva Ley de Sanidad de Canarias que ha iniciado el trámite preceptivo para su aprobación por el Parlamento de Canarias y sustituir al actual marco legal representado por la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.
Con la disculpa de dotar a la estructura pública sanitaria de mayor flexibilidad, se introduce la mercantilización en la sanidad pública, que incidirá aun más en las diferencias sociales y limita el acceso de los grupos de población más desfavorecidos, afectando negativamente a sus niveles de salud. La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar, introducir el mercado, el negocio en nuestra sanidad, que posibilita esta nueva Ley, significa cargarse esa concepción, ya que promueve la separación de las funciones de ordenación, planificación y financiación de las de compra y provisión de servicios sanitarios y la deslegalización de la regulación de aquellas materias que no requieran rango legislativo, reconduciéndolas a la correspondiente regulación reglamentaria. Lo que unido al nuevo Proyecto de Ley de Función Pública que consideramos abusivo, que recorta derechos, que plantea un modelo de oferta de empleo público en la que se extinguen relaciones laborales, amenaza y castiga a los Empleados Públicos con un modelo diseñado para cesar interinos, revocar méritos o que puede definir el cobro de las retribuciones complementarias, entre otras cuestiones, nos lleva a afirmar que la ofensiva contra lo público, está perfectamente calculada, diseñada y que la gestión ineficiente de políticos y gestores, está orientada al mandato del sector privado, con una mala utilización de los recursos públicos.
Derivado de esas actuaciones, en estos momentos sufrimos una nefasta política de Recursos Humanos: recorte de contrataciones, reducción de personal, cierre de plantas y servicios, inexistencia de políticas de prevención y promoción de la salud, recorte de salarios y de derechos laborales, etc. La ruptura del Pacto de Gobierno que se ha producido, no modificará un ápice todo lo descrito. Y contra eso tenemos que luchar y concienciar a trabajadores-as y a la población. Tenemos unos meses por delante importantes antes de las elecciones autonómicas y locales, de denuncia, de información, de exigencia de responsabilidades, una tarea inmensa, pero apasionante.
La Federación de Salud de Intersindical Canaria rechaza el enfoque mercantilista de la salud-enfermedad, con el objetivo de convertir la sanidad pública en un negocio más. Cuando la evidencia internacional y en otras Comunidades Autónomas, muestra que la privatización y la colaboración público-privada en el sector sanitario conllevan un incremento importante de los costes y una degradación de los cuidados.
Es necesario profesionalizar la gestión de los servicios de salud para lograr que las decisiones de gestión del sistema sanitario se basen en los conocimientos científicos, permitiendo la optimización de las prestaciones de nuestro sistema público de salud y evitar recurrir a modelos como la privatización y la fascinación ejercida por ésta bajo cualquier forma, inclusive la de la colaboración público-privada. Defendemos un sistema sanitario público con buenas prestaciones, equitativo, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y a la demanda, y que ofrezca cuidados eficaces y de buena calidad, maximizando el uso de los recursos y manteniendo un entorno laboral sano. Y eso se puede hacer desde la sanidad pública, es más barato y rentable. No podemos permitir que nos arranquen una gran sanidad pública –eso si, mejorable-, es una cuestión de dignidad humana en el amplio sentido de la palabra, no podemos permitir que el dinero y mediocres políticos y gestores rompan un buen sistema sanitario público. No cabe la indiferencia, o lo sufriremos y pagaremos caro.
* Bernardo Medina Rodríguez. es Responsable de Comunicación. Federación de Salud Intersindical Canaria.
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