¡Ya está bien! / Asamblea por Tenerife.- CajaCanarias, como el resto de las cajas del Estado español, tiene su origen en los Montes de Piedad del siglo XVIII; nació, por así decirlo, como “banco de los pobres”, de los campesinos, pescadores y artesanos, de los obreros y obreras, de los comerciantes y pequeños empresarios de negocios locales. Sin embargo, con el tiempo los partidos políticos del llamado arco institucional –PP, PSOE y Coalición Canaria–, que deberían velar por su gestión democrática, han permitido –cuando no contribuido– que la oligarquía del ladrillo y el cemento, que ha sido el verdadero cáncer de CajaCanarias, se apoderara de ella para convertirla en su banco cuasi privado. A pesar de que en sus órganos de gobierno se sientan cargos electos autonómicos, municipales e insulares, así como representantes de los impositores, han sido los grandes empresarios –Cámara de Comercio, CEOE, patronal de la construcción, ASHOTEL, etc.– los que han dirigido y controlado CajaCanarias. El préstamo concedido, sin garantía alguna, a Ignacio González y Antonio Plasencia para la fraudulenta compra de Las Teresitas es una muestra palpable de quién y cómo se gobierna esa entidad financiera.
Pero lejos de poner coto a estos desmanes de los poderosos, la reforma recientemente aprobada por el Gobierno psocialista propicia que los grandes bancos –Santander y BBVA, especialmente– se puedan hacer con las cajas en un opaco proceso de privatización y conformar un oligopolio bancario que acabará por llevarse por delante la tan cacareada libre competencia. Se premia por tanto, a los culpables de la crisis. Y si hasta ahora, las cajas –CajaCanarias, entre ellas– no tenían propietarios, sino gestores, y no cotizaban en Bolsa, por lo que no podían ser adquiridas por capital privado, Rodríguez Zapatero y Rajoy han pactado su expropiación y apropiación por la banca privada, y con ello, han extirpado de raíz la función social para la que fueron creadas.
Desde Asamblea por Tenerife, no aceptamos la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), aprobada por decreto, deprisa y corriendo sin un debate sereno y transparente. Defendemos la creación de una banca pública como condición indispensable para superar la crisis actual de forma justa y eficiente, para promover que el sistema financiero sea un vehículo efectivo de transferencia de capital hacia la inversión productiva y las familias. Del mismo modo, exigimos que CajaCanarias siga siendo una empresa sin ánimo de lucro y que dedique el 50% de sus beneficios a Reservas Obligatorias, para asegurar su solvencia presente y futura, mientras el resto de de los beneficios los consagre obligatoria y efectivamente a obra social, en campos tan diversos como la cultura, el deporte, la sanidad, la conservación del patrimonio, etc., y no como sucede ahora que dedica gran parte de sus beneficios a financiar clientelarmente proyectos del tripartito (CC, PP y PSOE) y sus empresarios afines.
No se arregla nada sustituyendo a los gestores públicos por los privados ni eliminando a los representantes de los ciudadanos –elegidos democráticamente– de los órganos de gobierno de Las Cajas. Lo que hay que hacer es un cambio profundo y radical en la naturaleza de estas instituciones, que potencie no sólo el control popular de su gestión sino que confiera, además, al sistema unos valores éticos que lo alejen de las actividades especulativas y del saqueo (altos tipos de interés, fraudes y estafas financieras) que pone en práctica asiduamente la banca privada con las clases populares. Cajacanarias, como parte integrante de esa Banca Pública, se convertiría así en un eficaz instrumento para hacer verdadera política económica de carácter popular, ayudando en las decisiones de inversión de las pequeñas empresas y las familias, a la vez que fomentando, a través de líneas de crédito barato, la inversión en sectores estratégicos como las energías renovables, la gestión de residuos, la investigación, innovación y desarrollo (I+D+I), etc., etc.
Lejos de la creación de esta banca pública, los dirigentes de CajaCanarias han decidido realizar lo que se ha dado en llamar “fusión fría”, uniéndose a Caja Navarra -muy vinculada a la industria armamentística- para crear una entidad, llamada oportunistamente Banca Cívica, con la que precisamente se ha iniciado en el Estado el proceso de privatización de las Cajas de Ahorro. Con esta operación Arvelo, Cova y compañía han querido más que nada resguardar sus propios intereses de cara al presente y al futuro de la Caja, sin tener en cuenta ni tratar de defender la función social que más mal que bien ha sido uno de los objetivos de estas instituciones hasta la fecha. En esto se encuentran en perfecta sintonía con el Gobierno psocialista, más preocupado en seguir los dictados de “los mercados” (léase grandes bancos nacionales e internacionales) que en buscar una salida a la crisis favorable a la clase obrera y a las capas populares
En La Laguna, a 13 de julio de 2010
Asamblea por Tenerife
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