Pedro Brenes* / Artículo de opinión.- La esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, viene a ratificar que la Constitución otorgada e impuesta por los poderes fácticos (la Banca, el Ejército y la Iglesia), para facilitar el tránsito del Estado capitalista español desde la forma dictatorial-fascista hasta la nueva forma democrático-burguesa, ha dejado de ser un instrumento útil para garantizar la estabilidad de la alianza estratégica antipopular entre la fracción central y dominante de la burguesía española y las correspondientes élites capitalista subordinadas de la periferia.
De nada han servido los acuerdos mayoritarios de los parlamentos catalán y español. Ni se ha respetado la voluntad popular expresada democráticamente en referendum. Una vez más el Estado burgués demuestra que, en esencia, no es más que una dictadura de la burguesía que siempre impone la autoridad suprema de sus aparatos coercitivos jurídicos, policiales y militares ante cualquier veleidad “democrática” que atente contra sus intereses.
Aquel pacto, suscrito hace treinta años, empieza a reventar por todas las costuras. En el País Vasco ni siquiera se aplica en su totalidad el Estatuto de Guernika. Y las pretensiones de Cataluña de avanzar en su autogobierno se ven ahora, a pesar de las promesas de Zapatero, frenadas por la sentencia impresentable, que se ha demorado más de cuatro años, de un tribunal caducado, irregular y deslegitimado.
Pero, en realidad, lo que deja en entredicho y pone en cuestión la sentencia de inconstitucionalidad, más que al Estatuto catalán y la raiz social de las reivindicaciones contenidas en él, es a la propia Constitución borbónico-neofranquista.
Y esto es así porque, a partir de ahora, en las naciones sometidas al dominio centralizado del Estado monopolista español ganará rápidamente adeptos la idea de que no hay cabida en el pacto constitucional para el autogobierno, ni para la conservación y la promoción de las señas de identidad lingüística e histórica de los pueblos secularmente sometidos a la agresión cultural uniformadora y a la presión económica hacia la concentración monopolista de los capitales, las empresas y los recursos del mercado estatal unificado y centrado en Madrid.
No debemos olvidar que el elemento fundamental y determinante de este choque entre las fracciones central y periférica de la burguesía capitalista ibérica, es el enorme desarrollo que han experimentado en los últimos tiempos los grandes monopolios españoles bancarios, energéticos, de las comunicaciones, etc., que ya han alcanzado, en buena medida a raíz de las privatizaciones del sector público, la escala de empresas multinacionales.
La fuerza y la expansión económica y, por consiguiente, el Poder político de la oligarquía centralista, que reclama el dominio ilimitado y sin obstáculos jurídicos ni políticos del mercado estatal, frente a la debilidad de las burguesías nacionalistas de la periferia, determina una nueva correlación de fuerzas claramente favorable a un Estado firmemente centralizado.
Aunque es impredecible el resultado final de esta confrontación interburguesa, es evidente que la brusca agudización de las luchas sociales y los conflictos laborales en las nuevas condiciones de profunda crisis económica y de ofensiva del capital contra los trabajadores asalariados, autónomos y pequeños empresarios, en la que participan con entusiasmo las burguesías nacionalistas, sitúa en primer plano la lucha de clases y la contradicción capitalista entre los derechos de trabajadores, por un lado, y los de la burguesía (centralista y nacionalista), por otro.
Y la cuestión nacional sólo se podrá resolver en el marco del derrocamiento del Poder económico y político de las burguesías capitalistas de las naciones hoy sometidas al Estado monárquico y oligárquico español.
Sólo desde la fraternal solidaridad entre los pueblos, desde el espíritu internacionalista entre los trabajadores y a partir de la construcción de una República Confederal Socialista como unión libre de naciones libres e iguales, fundamentada en el derecho democrático a la Autodeterminación y a la separación estatal, podrán superarse todas las formas de dominación imperialista de los monopolios sobre los pueblos.
Y este principio democrático y socialista es válido tanto para las naciones europeas víctimas del centralismo uniformizador desde los orígenes del Estado moderno en la Península Ibérica, como para la liberación de la opresión colonial española sobre Canarias.
Archipiélago africano de las Islas Canarias conquistado y colonizado en el siglo XV, tras cien años de Guerra de Resistencia organizada seguidos de otros tantos de lucha guerrillera de los Alzados Canarios, que constituye hoy el último resto, junto a las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla y sus islotes adyacentes, del Imperio Mundial Español, forjado por la dinastía del emperador austríaco y condenado a un largo proceso histórico de decadencia, cuyos últimos episodios son tan recientes como la independencia de Guinea Ecuatorial, hasta entonces “provincia” de Guinea Española, en 1968, la devolución a Marruecos de la también “provincia española” de Sidi Ifni, antigua Santa María de la Mar Pequeña, en 1969, y la ignominiosa retirada del Sáhara Occidental, en 1975.
(*) Pedro Brenes es Secretario General del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)
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