José Antonio Linares Moleiro / Artículos de opinión.- La estrategia promovida desde el régimen neoliberal, con la finalidad de que el sistema sanitario canario sea privado, podría haber sido ingeniado por algún autor de la literatura de terror o de suspense, estando en el capitulo final de esta tétrica obra en la que de “los de siempre” pueden convertir el derecho a la sanidad en un privilegio.
En el año 1997, los grandes partidos políticos, que siempre se reparten el pastel del gobierno, aprueban la ley 15/97 abriendo las puertas a la privatización de la sanidad, con un articulado único, exponiendo en su punto dos: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y socio-sanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas (sic)”. Los grupos políticos sensibles con la sanidad pública no pudieron ni pueden interponer su inconstitucionalidad, al tener enfrente la ley que regula dicha interposición, requiriéndoles para ello que sea suscrito por cincuenta diputados o senadores, que con la ley electoral actual, en la que se juega con las cartas marcadas, impide que fuera del bipartidismo nadie puede llegar a ese número de representantes, resultando cuestionada la calidad democrática en la composición de la representación parlamentaria, al disponer de normativas y reglamentos elaborados como trajes a medidas diseñadas para la imposición de un modelo antisocial, acorde a la hoja de ruta marcada por los interés económico, despreciando y rechazando el bienestar social e interés general de la población.
En Tenerife, durante esa misma época, se organiza la ciudadanía en pos de reivindicar los hospitales públicos del sur y del norte de la isla, con las proposiciones de ley en el Parlamento de Canarias, reivindicada la del hospital público para el sur-suroeste de la isla por una iniciativa popular, que tomadas en consideración, durante la precampaña electoral del año 2000, se enmendaron posteriormente, para dar lugar a las leyes 3/2000 y 4/2000, que promocionan, fomentan e, impulsan la privatización de los servicios hospitalarias, para mayor gloria del empresariado sanitario y desgracia de la sociedad.
No conformes con la imposición antidemocrática de legislaciones contrarias al sentir popular, planifican el retraso de la construcción de los centros sociosanitarios de ambas comarcas de la isla de Tenerife, que apoyándose en un poder mediático sumiso a los intereses propios del sistema, difunden la denominación de hospitales a esos chiriguitos, a imagen y semejanza a la teoría en la de que una mentira repetida varias veces se convierte en verdad, retrasando en más de una década las obras, con el objetivo de influir psicológicamente en la población la ansiedad de su ejecución, obteniendo los resultados esperados, al infundir en la opinión civil la exigencia de su construcción sea como sea, logrando de esta manera su finalidad: “hospitales privados”.
Este macabro proceso ha tenido su escenificación el pasado día 12 de abril, reflejado en el Boletín Oficial de Canarias número 70, que en un anuncio de la Consejería de Sanidad, dice: “ANUNCIO de 5 de abril de 2010, por el que se hace público el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato mixto de concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos para la redacción del proyecto, construcción y explotación de la Unidad de Oncología Radioterápica anexa al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria.” Como un copia y pega del modelo de Esperanza Aguirre en Madrid, imponen en Canarias, la gestión de una parte del hospital en manos de una constructora, cuya licitación económica asciende a 194.480.000 euros, dinero de todas y todos las personas, que pasan a formar parte de los beneficios de una empresa, despreciando al interés general y la inteligencia humana, recordando algunos momentos de la argumentación institucional consistente en decir que no existía recursos económicos para la ejecución y puesta en funcionamiento de los hospitales públicos del norte y del sur, (62 millones de euros), cacareando que es el Estado central quien no facilitaba la financiación para la sanidad y, ahora, ante los intereses privados y en periodo de crisis, milagrosamente, aparecen casi 200 millones de euros para emprender obras en interés de las constructoras, decapitando los derechos ciudadanos, que tanto han costado conquistar.
La perversidad de este sistema se acrecienta ante la irresponsabilidad e incoherencia ciudadana de quienes se manifiestan, invocan, reivindican… una sanidad pública y de calidad, y en los procesos electorales votan a los trileros del sistema. Esta circunstancia es aprovechada por los poderes interesados en continuar perpetuados en el poder, para continuar despreciando los intereses generales y engrandecer las cuentas de resultados de los que financian sus campañas electorales, lo que nos debe hacer un examen de conciencia para erradicar a los testaferros de los empresarios, que usurpan el espacio destinado a la representatividad del pueblo, de lo contrario, la democracia deja de zozobrar para girar a la deriva sin posibilidad de reconducirla
Toño Linares
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