Carmelo Suárez* / Artículo de opinión.- Hay quienes pretenden desligar la gestión de la cuestión municipal de la lucha de clases. Tan solo es cuestión de eficacia en la gestión, dicen; la cosa no va más allá de ver quien lo hace bien y quien lo hace mal, como gestores. Así, en la vida municipal no deberían existir grandes enfrentamientos entre organizaciones políticas diferentes, y quienes lo hacen son organizaciones incapaces “de vivir en democracia”.
El Ayuntamiento de LPGC ha tenido un cúmulo de sentencias en las que finalmente -y ante las reclamaciones del movimiento vecinal- los tribunales dejan constancia de las reiteradas ilegalidades de las sucesivas Corporaciones a favor del capital inmobiliario. La ciudad organizada y planificada, no para que el pueblo viva mejor, sino para que el capital acumule más riquezas.
Dos sentencias son emblemáticas. La primera es la de las “torres del canódromo”, una Licencia de Obras dada en su día por el PP. El actual alcalde Saavedra obtuvo su puesto, en buena medida, gracias a las promesas electorales que hizo al -incauto- movimiento vecinal de que, si él mandaba, se pararían las torres. Lo cierto es que la sentencia contra la ejecución de las torres se produjo bajo la alcaldía de Saavedra y él mismo ordenó el recurso contra la sentencia y dejó que la obra siguiera adelante –a toda pastilla, por cierto. Una segunda sentencia obligó, ya sin remedio, a Saavedra a paralizar las obras. Quedan pendientes reclamaciones multimillonarias de la promotora, que amenazan a los menguados bolsillos del pueblo.
La segunda sentencia es de estos días. El TSJC ha dictaminado que el edificio del “Gran Guanarteme” era un pelotazo monumental, dejando claro que las modificaciones urbanísticas realizadas por el Ayuntamiento -que casi doblaban el aprovechamiento de este solar situado en la Plaza de las Américas- respondían a intereses particulares y no a intereses de la ciudad. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento presidido por Saavedra -en el nuevo Plan General que sometió a apresurada información pública en el mes de agosto- mantenía las mismas determinaciones a pesar de las reclamaciones en contra del movimiento vecinal.
En los dos casos mencionados el Ayuntamiento de LPGC ha trabajado -con el PP y con el PSOE- a favor del gran capital inmobiliario. El capital muerde con dos mandíbulas, la liberal y la socialdemócrata[1].
Pero la cosa no para, y en estos últimos meses -todo el tiempo bajo mandato de Saavedra-, quienes viven en la Vega de S. José están luchando contra la instalación del nuevo edificio del Frontex frente a sus viviendas. Antenas de comunicaciones que pueden afectar a su salud, y el creciente proceso de militarización del barrio.
Saavedra ha dado una Licencia de Obras para un edificio que incumple el Plan General y que roba a este barrio, tan densificado, una preciosa pieza necesaria para ubicar dotaciones de las que carecen de forma extrema.
La Guardia Civil va tomando militarmente -de forma progresiva- la Vega de S. José, impide aparcar delante de sus edificios de cuarteles y de viviendas, cierra arbitrariamente la anterior entrada y salida del barrio -más necesaria hoy ante la construcción del monumental Palacio de Justicia que multiplicará los ya graves problemas de tráfico-, y, ahora, les roba la plaza pública y los aparcamientos que en la ordenación vigente correspondían al barrio.
La Vega de S. José es un barrio obrero, con muchas dificultades de convivencia, producto del histórico abandono por parte del Ayuntamiento, que centra siempre sus esfuerzos en los barrios de la burguesía y trata a los barrios populares como a ciudadanos de segunda. En el año 1983 -con ocasión de la “guerra del agua”- el alcalde Juan Rodríguez les cortó el agua a los vecinos que protestaban por la facturación del agua durante setenta días; ahora otro alcalde socialdemócrata les roba uno de sus pocos espacios públicos que el barrio necesitaría para conseguir alguna mejora en sus condiciones de vida.
Ha habido una constante a lo largo del tiempo en la actuación municipal, siempre el Ayuntamiento actúa en beneficio de la dictadura del capital. Gobiernen unos o gobiernen otros siempre gobiernan los mismos. En unos casos para favorecer al capital inmobiliario que actúa en la ciudad, y en otro para ampliar el corral a los perros de presa que los cuida.
Por tanto la gestión municipal -queda claro- tiene una composición de clase innegable. Unos y otros pueden tener la alcaldía, siempre que su línea de actuación sea la de la total obediencia a la dictadura del capital.
No hay democracia. La alternativa es la lucha combativa del pueblo, contra el capital y contra sus capataces.
*Secretario General del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
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