Pedro González Cánovas* / Artículo de opinión.- La actual legislación española para el empleo es la causante del enquistamiento de una crisis producida, en segundo término, por la propia patronal, amparándose en la cruda realidad que significa la legislación laboral vigente.
Nunca fue tan barato el despido en el estado español, ni tantas las modalidades a las que acogerse como ahora. Además, ciertas artimañas para “evitar quiebras empresariales”, demuestran la fragilidad del empleo fijo o indefinido, como es el caso de los expediente de regulación y empleo (EREs).
Es cierto que se hace necesaria una reforma laboral para reactivar la economía, pero sería absurdo obviar que, para reavivarla, hay que promover el consumo de base, lo que se ha conseguido aminorar por el miedo social cultivado entre los trabajadores, que sufren total indefensión, desamparados por una jurisprudencia insuficiente para dar garantías, mientras se continúan los abusos por parte de una patronal viciada que, inconscientemente, cava su propia tumba.
Los trabajadores ven como terceros acreedores tienen más garantías que ellos, que son los primeros y únicos en pagar malas gestiones empresariales. Han sido testigos directos de lluvias de despidos fraudulentos, amaños de contabilidades, descapitalizaciones programadas, transferencias de rendimientos y negocios que se desvían a terceras empresas, que han motivado que la autoridad laboral devuelva o rechace continuamente EREs, etc. Al mismo tiempo, hemos visto que empresas y “empresarios” salen inmunes de este tipo de conflictos, donde parece que se elude, hasta por parte de la propia inspección, contemplar la posibilidad de que se produzcan daños psicosociales en las plantillas y grupos familiares con estas políticas empresariales.
Nadie puede negar que haga falta una reforma laboral. Tampoco que, al menos en Canarias, habría que crear una fiscalía especializada para perseguir acciones susceptibles de delito contra los ya mermados derechos de los trabajadores. Y, sin embargo, los fondos públicos para el fomento de empleo se gastan en refinanciar la banca, apoyar el subsector de la construcción, donde se encubre tanta corrupción, y a ofrecerse para ser alegremente gastados en casos en casos como el de FUNDESCAN y la reincidente UGT.
Necesitamos una reforma que potencie, destinando el capital público necesario, un numeroso y eficiente cuerpo de inspectores y controladores laborales, que fiscalicen una situación laboral que actualmente asfixia a los trabajadores, hundiéndoles en condiciones de trabajo tercermundista ahogados por el mercado de consumo del primer mundo. Por que de seguir la actual situación, puede entenderse como eficientemente provocada por patronal y estado cualquier tipo de reacción de la clase trabajadora, ante tanta desprotección administrativa, impunidad en la violación “normalizada” de derechos básicos y estafas a personas, seguridad social y desvío de fondos públicos con dudosa lógica.
Necesitamos una reforma laboral. La necesitamos trabajadores y trabajadoras. Necesitamos un cambio de rumbo para evitar que se nos siga avocando, con tanta violencia social, a situaciones extremas que nadie desea. Y en esa negociación sabemos de antemano que hay que ampliar el campo de representación social, resultando más que insuficiente que mantengan exclusiva de la representación de los trabajadores esas dos organizaciones que han firmado las últimas reformas, enterrándonos en la fosa que estamos hoy. En Canarias lo sabemos, igual que sabemos que salvarnos de la Europa del capital sólo lo puede hacer pensar nuestro futuro con autodeterminación y la resolución de un pueblo trabajador.
* Pedro González Cánovas. Sector Aéreo de Intersindical Canaria.
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