Medidas antidemocráticas / Canarias Insurgente.- Desde Canarias Insurgente denunciamos la incapacidad manifiesta de Coalición Canaria en Icod de los Vinos que la única fórmula que es capaz de ofrecer a sus vecinos para gestionar el agua es venderla al mejor postor, esto sin olvidar que sería una medida antidemocrática al intentar imponerla sin tenerla recogida en su programa electoral. Además si la gestión del agua se privatiza, cualquier política tendente a la disminución del consumo entraría en contradicción con los intereses de la empresa concesionaria, ya que sus beneficios dependen de la facturación de la mayor cantidad posible de agua.
¡Quién pagará la privatización? Mientras que un ayuntamiento no puede hacer negocio del agua, ya que sólo ha de cobrar los costes de mantenimiento y mejora del servicio, está claro que una empresa privada, si entra en este negocio, no es por altruismo, sino para obtener la mayor rentabilidad económica posible. Dicho de otra manera, ese beneficio privado ha de salir del bolsillo de los ciudadanos mediante el aumento del coste del recibo del agua, de la calidad del servicio y del empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores (contando con que asuma a la actual plantilla).
Cada día nuestra sociedad es más consciente de que el agua es un bien escaso, en cantidad y calidad, que requiere una nueva forma de gestión dirigida a la conservación del recurso. No se puede seguir contemplando el abastecimiento de aguas como una actividad que se limita a la extracción y distribución de agua potable, desentendiéndose del destino y la manera como se utilizan los caudales que suministra.
La clave de una adecuada política de aguas urbanas está en utilizar diversos instrumentos que permiten potenciar el ahorro y el uso racional del agua, de manera que con técnicas y prácticas apropiadas se obtengan los mismos servicios pero con un consumo menor (ejemplos hay para todos los gustos: cisternas que limpian el WC con un consumo de agua mucho menor, lavadoras y lavavajillas más eficaces...)
Entre los instrumentos principales destacan la participación, concienciación y educación ciudadana; el incremento de los rendimientos de la red de distribución; las mejoras de eficiencia en los puntos de uso; el ajuste de la calidad de agua a las exigencias de cada uso (por ejemplo, no se necesita la misma calidad para beber o cocinar que para limpiar las calles); la reutilización de las aguas depuradas en sustitución de algunos usos urbanos e industriales que exigen menor calidad; y el desarrollo de nuevas estructuras tarifarias.
En cuanto a la cuestión de las tarifas, la finalidad ha de ser conciliar la disuasión de usos despilfarradores y la moderación general de los consumos, con la garantía de un nivel básico de dotación doméstica a precios asequibles para todos los estratos sociales.
Una política de aguas como la que proponemos permite reducir las inversiones públicas en infraestructuras, consiguiendo un precio del agua altamente competitivo que permite abaratar el suministro básico al conjunto de los usuarios, mejorar el servicio y reducir la presión sobre los recursos naturales de agua.
Canarias Insurgente
15 febrero de 2010
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