Salvador López Arnal / Artículo de opinión.- Una breve nota. No es necesario perder mucho tiempo en este nuevo disparate.
Salvo error por mi parte, el consistorio de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, con mayoría absoluta del PSC-PSOE, ha contratado un nuevo gerente para Gramepark [1], una empresa pública municipal directamente implicada en los avatares de ese escándalo insoldable de corrupción y favores, no sólo individuales, que está detrás de la “Operación Pretoria”.
La cantidad acordada como remuneración para la nueva gerencia es de 120.000 euros anuales. ¿Netos, brutos? Lo ignoro. No es esencial. Diez mil euros mensuales, más de 300 euros diarios, unas doce o trece veces el sueldo medio de los trabajadores y trabajadores de una ciudad que luchó como pocas contra el franquismo y el capitalismo corrupto que le era anexo. 120.000 euros, más de cien mil ofensas, una detrás de otra, a una ciudadanía que no merece burla ni desconsideración sino respeto y, en estas difíciles circunstancias, ejemplo y ayuda. El secretario político de EUiA, Angel Plà, ha recordado algo tan elemental (y veraz) como lo siguiente: […] Santa Coloma, que ya antes de la incidencia de la crisis económica tenía una de las tasas más altas de Catalunya de rentas que provienen de subsidios y pensiones, así como de Rentas de Inserción, sufre de manera destacada su impacto.
La medida se aprobó el pasado jueves 11 de febrero en un pleno extraordinario convocado con menos de 24 horas de antelación y, según parece, sin toda la información necesaria para discutir la propuesta con suficientes garantías e información. La urgencia de la convocatoria apunta claramente a temáticas de procedimiento e insuficiencias democráticas.
¿Estas son las nuevas formas de hacer política anunciadas por la nueva alcaldesa colomensa? Novedades ¿en qué frente? ¿De qué novedades hablamos cuando se habla de novedades? ¡Qué risa tía Felisa! ¡Qué horror y pavor señora Leonor!
Por lo demás, tres meses después del inicio de la Operación Pretoria, como también ha señalado el secretario político de EUiA. “todavía no se ha dado de primera mano, por los interventores judiciales, ninguna información sobre la situación de la empresa Gramepark”. Transparencia e información son necesarias, prosigue Plà, para que los vecinos y vecinas recuperen la confianza en los asuntos públicos.
Difícil tarea la señalada. La medida, nuevamente, representa una corroboración, claramente positiva, de lo que anida y crece, con razones de peso, en el alma y la mente de la ciudadanía colomense políticamente activa: básicamente están, salvadas algunas excepciones, para forrarse. Directamente o para ayudar con escasa consciencia de los límites a las insaciables finanzas de sus respectivos partidos.
No hay delito. Desde luego. Todo es legal y real. Como la vida misma. Pero todo apunta a una falta, al quebrantamiento de una obligación. ¿Qué obligación? La práctica pública de la honestidad y el propósito de enmienda.
No son tiempos para la lírica ni para expresiones normativas así, calificadas de ingenuas con risas de políticos y políticas curtidos, bregados, con antiguo mando en plaza. Pero también esto dice mucho de la dureza y nula novedad de sus prácticas y de la pérdida de horizontes, ya no de grandeza moral ni de rectificación de finalidades y actuaciones sino de simple intervención cívica responsable.
Notas:
[1] Ignoro el nombre del (o de la) gerente y sus vinculaciones políticas. No hay que ser un malpensado ni un Maquiavélico revivido para conjeturar que el capital social, cultural, político del candidato confirmado apunte a familias políticas próximas al partido mayoritario en el gobierno de la Generalitat, ese partido cuyo consejero de Educación, con aplauso entusiasta de algunos coleguillas suyos de gobierno, aboga por la liquidación urgente del tripartido-artefacto y la construcción de la gran coalición “natural” socioconvergente.
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Salvador López Arnal
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