Menores en desamparo / El Día.- La Fiscalía de Menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha dirigido a ayuntamientos palmeros reclamando a los departamentos de Servicios Sociales que informen, "a la mayor brevedad posible", lo que fija en un plazo inferior a un mes, "de los expedientes de riesgo incoados" sobre menores de edad en cada uno de los municipios.
La Fiscalía advierte en su petición de que en los informes se debe especificar claramente la relación nominativa de los menores afectados, así como todas las medidas adoptadas por los equipos municipales implicados en este servicio y el seguimiento efectuado a los mismos.
En el oficio remitido a corporaciones locales, al que EL DÍA ha tenido acceso, también se solicita que todas las propuestas de declaración de desamparo que hayan sido elevadas a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias "sean a su vez puestas en conocimiento de esta Fiscalía de Menores".
Trastornos de comportamiento
De igual forma, el citado órgano judicial comunica la necesidad de remitir "la relación de los menores en los que se detecta o se reciba información sobre posibles trastornos de comportamiento", informando tanto sobre el diagnóstico como del seguimiento que se haya efectuado.
Por último, la Fiscalía de Menores se dirige a los responsables de Servicios Sociales municipales haciendo especial hincapié en que se deben enviar no sólo los informes tramitados hasta el momento, sino también "los posteriores conforme a la evaluación de la situación de los menores relacionados". De igual forma, se deben tener en cuenta "los nuevos expedientes que puedan surgir".
Casos concretos
Diferentes fuentes consultadas por esta redacción han mostrado su extrañeza por el oficio remitido por la Fiscalía de Menores, afirmando que "no es, ni mucho menos, un proceso habitual". En este sentido, entienden que es posible, "aunque para saberlo con seguridad hay que ver los expedientes completos que se tramitan", ya que quizás "no se trate de todos los informes de riesgo o desamparo que elevan los ayuntamientos, sino de algunos casos en concreto".
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