Benito Capone / Artículo de opinión.- En un digital de la isla, bajo bajo titulo “Endurecer las penas, sí” JOAQUÍN CATALÁN se pronuncia a favor de suprimir el amparo del que actualmente gozan nuestros diputados regionales para que todos seamos iguales.
El mencionado artículo hace referencia a la propuesta del diputado socialista Santiago Pérez, al mismo tiempo dos lectores de aquel digital lamentan que por si sola esta propuesta no tendría ningún efecto práctico y positivo. Y, según mí opinión, tienen mucha razone.
Aunque “ahora -como escribe el citado Joaquín Catalán- el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apostara firmemente por endurecer las penas por corrupción”, somos muchos de los que desde hace tiempo denunciamos la corrupción en Canarias que, como anticipan los dos ciudadanos, pensamos que esta no es ni podrá ser la única solución.
Intencionalmente he mencionado dos comentarios que recibió el diario digital porque adelantan el pensamiento de muchas gente y subrayan un tema de vital importancia para la democracia en Canaria.
Ciertamente, lo referido por Joaquín Catalán, es un pequeño paso adelante en la vía de un non imposible saneamiento de las instituciones. Sin embargo por si sóla resultará - insisto - insuficiente, como comentan los dos lectores.
Estos dos ciudadanos, interpretan muy bien la situación real que el diputado canario ponente parece olvidar. Si no eliminamos los 'amiguito del alma" y no depuramos la justicia de “las almas protectora de los amiguitos”, continuaremos con la justicia de hoy, justicia que seguirá manteniendo demasiadas y penosas dudas en la sociedad canarias
Si no penalizamos económicamente el operado de los políticos; como si le ocurre a la mayoría de los ciudadanos de a pie, también los políticos pagasen desde su propio personal fondillo por los platos rotos, es cierto que dejarían de utilizar nuestro dinero por cubrirse jurídicamente.
Así que las palabras, aunque resulten ser la expresión de buena voluntad, una vez más, se trasformarán en una nueva tomadura de pelo para el pueblo desconfiado ya de este mundo político y repleto de técnicos superficiales.
Santiago Pérez proponga, por lo tanto, no solamente la exención del aforamiento. Amplíe su proposición completándola con la asunción total de responsabilidad económica, del adeudamiento personal por parte de los políticos. De todos, no solamente de los miembros del Parlamento Canario, en caso de incumplimiento o del mal cumplimiento de sus tareas.
Subrayo la frase “de todos los políticos” porque la situación tan degenerada toca todos los ayuntamientos y cabildos, así como toca a la responsabilidad de los “técnicos” que, al parecer, manejan con demasiada desenvoltura sus funciones. El recurrir con demasiada facilitad a los jugados, como se ha demostrado, sin un sensato fondo de posibilidades jurídicas ganadoras, es de riesgo que se debería pagar en caso de mala investigación.
Invito al deputado socialista que agregue también, y no como último por importancia, la participación ciudadana como principal argumento disuasivo y de real control del operado de cualquier político. Argumento este no bien apreciados, a parecer, por los socialistas en contra de los establecidos en cada congreso del partido.
Solo así con el gravamen económico, con la responsabilidad jurídica, la anulación del desaforo y la verdadera participación ciudadana, resultarán ser, sus señorías, como todos los demás y cumplir con sus obligaciones, ahora sí, en el interés verdadero de los ciudadanos.
Me quedo con la duda que la invitación llegue a ser realidad. ¿El cómodo interés personal prevalecerá sobre cualquier buena intención, trasformándose, como siempre, en palabras tramposas?
Benito Capone
20 nov 2009
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