Servicios públicos / Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.- Todos los datos y tendencias apuntan a que los tan reclamados y necesitados hospitales públicos del Norte y del Sur finalmente no serán realidad, si no somos capaces de impedirlo.
En el día de ayer, 24 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, “sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud” que fue defendida por el diputado de IU Gaspar Llamazares.
Dicha Ley es la que está permitiendo a los diferentes gobiernos autonómicos (tanto del PP, como del PSOE u otros como en Canarias del PP- Coalición Canaria) la privatización de la sanidad. Nuestra experiencia indica que primero se deteriora la sanidad y luego se privatiza la provisión (o las infraestructuras, como es el caso de Madrid y Comunidad Valenciana).
Se quieren introducir las siguientes formulaciónes: 1) “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.” Y 2) . “Las administraciones públicas con competencias en la atención sanitaria mantendrán, en todo caso, el carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios.”
En Canarias los grupos parlamentarios de CC y PP, presentaron enmiendas al articulado presentado en la ILP sobre la creación de una hospital publico para el sur, surgiendo la ley 4/2000, que dice:
Artículo único.- El Gobierno de Canarias integrará en su planificación sanitaria, promoverá y construirá un complejo hospitalario y sociosanitario que combine la asignación de recursos hospitalarios para la atención de media y larga estancia y de personas mayores necesitadas de cuidados continuados con la asignación de recursos asistenciales propios de la Atención Primaria y Especializada Ambulatoria para la atención de la población de las comarcas sur y suroeste de la isla de Tenerife. Así mismo, garantizará la existencia de un número suficiente, para atender la población de las citadas comarcas sur y suroeste, de camas hospitalarias de segundo nivel para procesos agudos, en centros públicos o concertados integrados en la red hospitalaria de utilización pública.
Para la zona norte se dice lo mismo en la Ley 3/2000, sólo cambiando el ámbito geográfico. Como se puede comprobar en el articulado, que fue publicado en el B.O.C. nº 94, del 28 de julio de 2000, se menciona que los servicios hospitalarios de segundo nivel pueden ser ofrecidos por los centros concertados. Tengamos en cuenta que el grupo empresarial Hospiten, tiene hospitales en ambas zonas, actualmente concertados con el Servicio Canario de Salud.
Y en lo que toca a los “complejos hospitalarios y sociosanitarios” que se hacen en suelo publico, con dinero público y por tanto con una titularidad pública que está por verse que lo siga siendo, temiéndonos mucho que o la gestión o la propiedad, pasen finalmente a manos privadas como está sucediendo allá donde se gobierna al servicio de los empresarios de la sanidad privada y que además concuerda con la retirada de las inversiones en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2010 con la excusa de la crisis económica.
Y qué mejor candidato que el grupo Hospiten, que así cubriría todos los aspectos de la atención, la hospitalaria y la sociosanitaria, terminando de redondear el fraude de los hospitales públicos del Sur y del Norte que nunca habrían de ser.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias coherentemente con todo lo dicho EXIGE LA DEROGACIÓN de las leyes 3/2000 y 4/2000 del Parlamento de Canarias, por ser las que hacen posible dicho fraude, regulándose la creación de hospitales de segundo nivel de titularidad pública y con un modelo de gestión también público, en la misma línea de la modificación propuesta para la Ley estatal 15/97 mencionada al principio.
25 de noviembre de 2009
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
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