José Antonio Linares Moleiro / Artículos de opinión.- El proyecto del puerto de Granadilla se ha convertido en el movimiento social mas importante de Canarias, por su duración, por las acciones llevada a cabo, por las distintas movilizaciones, actos, etc. Lucha que los defensores de este disparatado propósito han perdido en la calle, en la parte técnica, en el ámbito medioambiental y, en la justicia, sólo les ha quedado el quitarse la mascara y mostrar su profundo tufo a antidemocrático utilizando el poder para eliminar las trabas que la justicia, y el sentido común, han encontrado para paralizarlo, proponiendo el legalizar lo ilegal.
El parlamento de Canarias, a propuesta de Coalición Canaria, pretende llevar a cabo una Proposición de ley para crear un catalogo de especies protegidas, incluyendo una nueva categoría de interés para los ecosistemas, en el que se incluye el sebadal (Cymodocea nodosa), planta marina que ha supuesto la paralización de la obras del puerto de Granadilla, para que amparándose en un supuesto interés general, pueda continuar destrozándose el territorio y espacios marinos, lo que viene a representar que se legisla según el utilidad particular, partidario, o de las instrucciones de los lobbys, excluyendo el interés general, y en el caso que nos ocupa, la defensa del medio ambiente.
Esta actitud de utilizar los medios que proporciona el sistema para beneficio propio no es nuevo, recordemos como se silenció la mayor ILP de Canarias, precisamente para paralizar este disparatado proyecto, como se ocultó informes a la Unión Europea y, un despliegue mediático para demonizar a los detractores del puerto Industrial de Granadilla y mentir con las bondades de los puestos de trabajo que crearía esta impactante obra. Actitudes que han puesto entredicho las actitudes democráticas, al actuar en beneficio de unos interesados y, rechazando todos los argumentos contrarios, incluidos los informes de la comunidad científica.
Esta intención del grupo parlamentario de Coalición Canaria, caso de lograrse, se incluiría en el triste ranking de los mayores actos autoritarios que se hayan llevado a cabo en una teórica etapa democrática, pues sin obedecer a interés general alguno, se proponen legalizar una acción, paralizada judicialmente, para que los promotores del irracional proyecto, obtengan la bendición de sus señorías.
El legalizar lo ilegal es un pésimo precedente, pues abriría las puertas para que cuando un grupo de presión o, un poder fáctico, quiera imponer sus ideas y acciones, sólo tiene que pedir al parlamento que legisle a su favor, sin tener en cuenta las consecuencias que le pudiesen ocasionar al resto. Lo que es antagónico a lo que debería ser un parlamento que se rigiese bajo las ideas y pensamientos democráticos, pues los representantes políticos dejarían de serlo para convertirse, si ya no lo son, en simples testaferros.
Ante esta cacicada, ya se han empezado a poner en práctica acciones para detenerla, entre ellas figura la Ciberacción de la organización ecologista Greenpeace (http://www.ciberactuacongreenpeace.es/index.php?cyberid=62), sin dejar que sólo esto sea lo que la paralice. Todos debemos actuar con contundencia, pues lo que esta en peligro no sólo es la descatalogación de los sebadales, que ya es grave, sino el permitir actuar a nuestros representantes de forma autoritaria. Y es que utilizando los medios democráticos, no es admisible que se descataloge a la democracia.
Toño Linares
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