J. Luis Real Baltar* / Artículos de opinión.- Se ha convertido en algo habitual el que semana sí, semana también, la clase política de este país sea noticia, no por su compromiso con la ciudadanía, sino por su implicación en algún tipo de escándalo, ya sea de corrupción urbanística, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, financiación ilegal, apropiación indebida, etc. Todo ello punible y, como tal, objeto de posibles actuaciones judiciales una vez descubiertas, lo cual no significa que supongan su aclaración ni condena sino que, en muchos casos, lo que se traduce es en largos procesos judiciales que acaban siendo resueltos a los muchos años o, lo que es peor, con su archivo por ser imposible desenmarañar la trama creada por los “presuntos” delincuentes.
Lo anterior supone la desaparición de miles de millones de euros de las arcas públicas, pero no son las únicas actuaciones políticas que tienen como resultado esta dilapidación. Así, están en la mente de todos una larga serie de casos que han supuesto gastos desorbitados, indemnizaciones a afectados por decisiones tomadas por ayuntamientos o gobiernos, modificación o suspensión de proyectos urbanísticos ya comenzados, endeudamiento de los ayuntamientos por peticiones de crédito poco claras, etc.
Si lo primero puede llegar a tener un coste para las personas implicadas en forma de inhabilitación, multas o penas de prisión, lo segundo se resuelve normalmente con su inserción en el diario de sesiones de la institución que sea, diversos comentarios en la prensa y, excepcionalmente, con lo que se llama la “responsabilidad política”, algo que se reclama desde el propio ámbito político como pago de unas actuaciones irresponsables, ya sea a sabiendas o no de las consecuencias de los actos. Esta tan cacareada “responsabilidad política” en nada supone la restitución del daño a personas, medio ambiente, urbanismo o a la caja pública a cargo del patrimonio de los responsables, sino que, como ya se indicó anteriormente, somos los propios contribuyentes quienes hemos de pagar los platos rotos.
Esa falta de “responsabilidad económica” de la clase política debería ser abolida. Los actos y decisiones de concejales, alcaldes, consejeros, presidentes, diputados y senadores que por su mal uso o gestión tienen como resultado el gasto de dinero público de forma contraria al beneficio de la ciudadanía y del llamado interés general deberían ser objeto de la asunción de “responsabilidades económicas” a cargo de los bienes de las personas causantes. Sólo así evitaríamos el ver desaparecer tantos millones de euros por las cloacas, donde parece ser un elevado número de políticos tienen su hábitat.
*J. Luis Real Baltar
Secretario de Acción Sindical y Social
SOV CNT Tenerife
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