Ramón Afonso / Artículos de opinión.- A propósito del intento de Paulino Rivero de enchufar a su sobrina. Es de suponer que las escuchas telefónicas ordenadas por los jueces, lejos de la (más que) probable arbitrariedad policial, van encaminadas a detener a los “malos”, a los delincuentes. Gracias a ellas se ha detenido a estafadores, narcotraficantes, proxenetas, falsificadores, extorsionadores, ladrones de banco, asesinos, terroristas… O por lo menos eso nos quieren hacer creer. No es que ponga la mano en el fuego por el aparato judicial español, pero ante la disyuntiva de quedarme con lo que hay o aquella patada en la puerta de la policía que propuso el felipista Corcuera, elijo la supuesta “garantía” de que las cosas se harán ajustadas a derecho.
Esa garantía no ha variado mucho con la alternancia en el poder, lo que sí se ha modificado es el perfil de los malandros apresados gracias a las escuchas judiciales. Los narcos, estafadores, ladrones, etc. hace mucho tiempo que no hablan por teléfono de sus negocios, porque son profesionales y saben lo que se traen entre manos. Los trincados ahora son alcaldes y concejales, magistrados, presidentes y consejeros de gobiernos autonómicos, de cabildos y de diputaciones, directores generales, secretarios de ayuntamientos... Sus compinches son encorbatados asesores fiscales, abogados, economistas y, sobre todo, arquitectos y constructores, diletantes que se jactan de sus andanzas a través de móviles y PDAs de última generación. Encima, si no los tranca la policía ya se encargarán de espiarlos sus propios compañeros de partido, como ha ocurrido en el PP madrileño. ¿Quién dijo que el cainismo político era patrimonio de la izquierda?
NO SON DELITOS IMAGINARIOS. Ya le gustaría a María Dolores de Cospedal que el cohecho, la prevaricación, la evasión de impuestos, la malversación de caudales públicos fueran considerados delitos putativos en el ordenamiento jurídico español y así poder darle aires de verosimilitud a lo que ha definido como una conspiración para acabar con el PP, utilizando el aparato del Estado de Derecho. A estas alturas pocos dudan –sólo algún magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quizás– de que efectivamente ha existido una conspiración, pero que ésta ha sido realizada por parte de un nutrido grupo de militantes del PP para el vaciado de las arcas públicas, como se ha puesto de manifiesto una vez más con el caso Gürtel. El ¡Todos a una como Fuenteovejuna! (espero que la Sgae no me cobre por el chascarrillo), entonado por los prebostes del PP en defensa de sus conmilitones corruptos deja al descubierto no sólo el histerismo colectivo propio de estos “demócratas de toda la vida” cuando son salpicados por la misma democracia, sino que muestra el trasfondo de los casos de corrupción en los que están metidos y que trascienden el mero enriquecimiento de algunas personas. Como Berlusconi –demócrata de toda la vida también-, condenan a quien osa investigar a los chorizos de cuello blanco que pululan en su partido, culpan a jueces y policías de ordenar las escuchas que han contribuido a meter en cintura a un buen número de cacos más o menos ilustres. Los pájaros (de cuidado) contra las escopetas.
NO ESTABAN IMPUTADOS, PERO… Hablando de escuchas policiales y de pájaros, en Canarias hemos sido testigo de tres episodios donde los “escuchados” in fraganti eran ilustres miembros de nuestra sociedad, las voces de un magistrado, dos presidentes y un consejero del Gobierno autonómico fueron grabadas trapicheando favores… Sólo el magistrado ha sido condenado. Recordemos: En 2006 se supo que la policía había descubierto que el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado José Antonio Martín, había estado asesorando a un narco para la excarcelación de un hermano suyo. El magistrado no estaba imputado en ninguno de los numerosísimos casos de corrupción que se habían destapado en las islas, pero sí su amigo y secuaz Wilewaldo Luis Yanes a quien la policía y los jueces le seguían los pasos por su implicación en lo que se dio en llamar el “Caso Eolo”, en el que también estaba involucrado el “hermanísimo” del líder del PP en Canarias y a la sazón consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Luis Soria. La policía, esperando conocer más sobre la trama facinerosa creada en torno al concurso público para la asignación de potencia en la instalación de los nuevos parques eólicos, realiza unas escuchas al tal Wilewaldo donde casualmente se descubre la felonía del juez. A pesar de probarse que José Antonio Martín cometió los delitos que se le imputaron, suerte que tienen los rufianes de postín, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC lo ha condenado recientemente a sólo 18 meses de suspensión y a una multa de 30 € diarios durante ocho meses. No sorprende la indulgencia con que la Justicia trató al magistrado, lo prodigioso del caso es cómo las indagaciones policiales pudieron mantenerse en el anonimato, a pesar del poder e influencia que Martín ejercía en todo lo que se movía en la Audiencia.
ADÁN MARTÍN MENIS FUE EL SIGUIENTE. A principios de 2007, siendo presidente del Gobierno de Canarias mantuvo junto a su Consejero de Medio Ambiente y de Ordenación Territorial, Domingo Berriel, varias conversaciones con el empresario y constructor Santiago Santana Cazorla sobre la declaración de interés general que el Parlamento de Canarias debería conceder a la urbanización Anfi Tauro, propiedad de Cazorla, como telón de fondo. Aquella declaración era capital para poder sortear las limitaciones que imponía la llamada popularmente Ley de la Moratoria Turística a nuevas construcciones. Finalmente el complejo turístico se construyó. En este caso, tampoco estaba Adán Martín imputado de delito alguno y las grabaciones (http://www.canariasahora.es/noticia/21596/) fueron realizadas en el marco de las pesquisas judiciales del Caso Góndola que desveló la supuesta actividad ilícita del alcalde de Mogán (del PP), Francisco González y de Santana Cazorla, entre otros. Dada la condición de aforados de Adán Martín y Domingo Berriel el juez instructor dio traslado de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que finalmente y a pesar de que los informes policiales concluían que "la relación existente entre estas personas podría estar generando acciones en beneficio del empresario quien, presuntamente, parece influir en ellos…”, consideró que Adán Martín y Berriel no habían cometido ningún delito. Este proceso hizo que Coalición Canaria y, sobre todo, José Miguel Ruano –Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad– pusieran todo su empeño en la creación de la policía autonómica convencidos de con una policía controlada por ellos los investigados iban a ser otros.
LA CHAPUZA DE PAULINO RIVERO. El actual presidente del Gobierno de Canarias también ha sido objeto de las escuchas policiales pero, como los dos anteriores, no está imputado por ningún delito. Aún. Estos días saltó la liebre al conocerse que en unas escuchas autorizadas por el juez instructor del Caso Arona para la investigación de una supuesta trama de corrupción en ese municipio tinerfeño el presidente de la Comunidad pide al alcalde de Arona, José A. González Reverón –también de Coalición Canaria e imputado en el caso– que “enchufe” a una sobrina en la policía municipal. El caso toma tintes de sainete al saberse que la interfecta, desconfiando quizás del poder de convicción de su tío el presidente, fue eliminada de unas pruebas por copiarse en un examen. Ahora se entiende por qué Rivero había hecho causa común con los populares contra las supuestas escuchas ilegales, se estaba poniendo la tirita antes de la herida. Lejos de pertenecer a la clase social de presidentes anteriores que nunca han tenido el “compromiso” de enchufar a familiar alguno en oficios tan poco glamurosos, Paulino no ha dudado en llevar hasta su última consecuencia su máxima de “gobernar para nuestra gente”, ¿y por qué no para “nuestra sobrina”, “nuestra cuñada” incluso para “el primo de mi concuño”? ¿Usted no haría lo mismo, don?, me preguntaron sin esperar respuesta esta mañana en el bar. “Lo nuestro” se hace cuerpo y si Paulino Rivero ha llegado a ser presidente es precisamente porque lo han votado muchas personas que piensan como mi casual compañero de cortado mañanero.
Señora Cospedal, parece que sus protegidos sólo fueron a por lana pero salieron trasquilados… Y déjese de dar lecciones de democracia que se le nota demasiado el rejo, lo suyo y lo de su partido suena a pataleta de franquistas venidos a menos.
Adenda.
Última hora: La lideresa del PP en Tenerife, Cristina Tavío, también denuncia haber sido objeto de pinchazos telefónicos. Afirma sin rubor que tuvo la "sensación" de que estaba siendo espiada en 2007, poco antes de las elecciones... Memoria de espoleta retardada convenientemente activada para la ocasión ¿no creen? Ya alguien está demandando que se abra una investigación por si la política del PP hubiera cometiendo el delito de acusaciones falsa, aunque no se ha pasado por ninguna comisaría a denunciar los hechos. Sin embargo, parece que esta nueva simplonería de la presidenta del PP en Tenerife pudiera ser un efecto secundario de los rasponazos que se produjo con los sebadales del puerto de Granadilla, y parece ser que no tiene antídoto. Su definición que los sebadales son esas "algas que pueden llegar a ser tóxicas" (sic) la persigue. Por cierto, gracias a ella y a su partido Paulino Rivero no tiene que responder en el Parlamento de Canarias sobre el asuntillo familiar que se traía con el imputado alcalde de Arona. Entre compinches anda el juego (parlamentario).
Ramón Afonso
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