Corrupción en Canarias / Casa de Cultura y Solidaridad de Canarias.- Pedro Guerra. Tindaya, Tebeto, la moratoria turística, la compra de Las Teresitas, la permuta del solar de la calle Pavía en Las Palmas de Gran Canaria... La política urbanística desarrollada en Canarias y una cadena de errores administrativos han costado más de quinientos millones de euros al ciudadano en los dos últimos años. Debido a una serie de actuaciones totalmente desastrosas y llamadas al fracaso desde el principio, y a un conglomerado de negocios nacidos muchos al calor del ladrillo, la Justicia ha dictado una docena de sentencias en cadena cuyo resultado es un quebranto a la administración pública de dimensiones considerables.
Sólo el Gobierno regional y los ayuntamientos de las dos capitales canarias acumulan pleitos judiciales perdidos por valor de 518 millones de euros en los dos últimos años. La actuación de la administración pública en la mayoría de los pleitos es, además, difícilmente explicable desde el punto de vista estrictamente jurídico, y la característica principal ha sido la pasividad ante las reclamaciones.
La tan comentada sentencia por el asunto de la Montaña de Tebeto, por la que el Gobierno de Canarias -por el momento- tiene que desembolsar 101 millones de euros en los próximos días, es el paradigma de la política judicial que ha llevado a cabo en los últimos años la administración pública isleña. Lo que ha hecho el empresario Rafael Bittini, propietario de Canteras Cabo Verde, no es otra cosa que aprovecharse de la nula defensa del interés público que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias a lo largo de quince años para ir ganando, uno tras otro, todos los pleitos relacionados con las montañas majoreras de Tebeto y Tindaya. Con Tebeto ha conseguido 101 millones de euros, y con Tindaya la cifra puede llegar a otros setenta millones de euros desde el momento en que decida ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno de Canarias a devolver a Cabo Verde el cincuenta por ciento de las acciones de la empresa pública Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT), valoradas en esos setenta millones.
Sólo Eustasio López, propietario del Grupo Lopesan, ha ganado ya tres sentencias relacionadas con la moratoria por valor de 140 millones de euros por dos planes parciales en Fuerteventura y otro en Gran Canaria (Meloneras). A ellas hay que añadir 18 millones más del empresario Félix Santiago y cuatro millones más de Teo Gerlach por la paralización de otra construcción en San Bartolomé de Tirajana.
En mi opinión, del asunto Tebeto todos somos responsables de algún modo.
Me explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega…. Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello…., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte – de partido, de magistrados, informaciones partidistas…. – un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!
Publicado por: cañoncito violento | 20/09/2009 en 03:31 p.m.