¡Ya está bien! / Asamblea por Tenerife (ApT) .- ¿POR QUÉ EL ALCALDE DE ICOD NO CONVOCA UN REFERÉNDUM SOBRE LAS OBRAS DEL ANILLO INSULAR COMO QUIERE HACER SOBRE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN EL RIQUEL? El precinto por orden judicial de 5 de junio pasado de las empresas que operaban ilegalmente en la zona costera de El Riquel, en Icod de los Vinos, está ocasionando protestas de los empresarios y trabajadores afectados, que se han manifestado varias veces durante las últimas semanas, pidiendo el cese de la prohibición legal que pone en peligro unos doscientos puestos de trabajo. A esta petición se ha sumado el alcalde de Icod, Diego Afonso, que incluso ha hablado de hacer un referéndum al efecto.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El Riquel ha sido durante más de treinta años un espacio explotado y destruido por actividades industriales prohibidas: desguace y depósito de vehículos a cielo abierto, extracción y machaqueo de áridos para la construcción, vertido de fluidos al mar -lubricantes, refrigerantes, líquido de frenos- sin ningún control, etcétera, etcétera.
Prebasa, Áridos Abreu, Forthor Canarias, Desguaces Insulares y Desguaces Tenerife son las empresas que desarrollan esas actividades, declaradas improcedentes en 1994 por la consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que ordenó su clausura. Sin embargo, en febrero del año siguiente el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, gobernado entonces por el PSC/PSOE, acordó por unanimidad el reinicio de la actividad industrial, a pesar de que El Riquel está clasificado como suelo rústico y de protección paisajística. Ninguna instancia superior, léase Cabildo y Gobierno de Canarias, puso objeción formal alguna a esta decisión corporativa de dudoso carácter legal.
Si la anterior corporación permitió que estas empresas actuaran impunemente durante más de quince años, la actual, de Coalición Canaria, ha propuesto otorgar licencias provisionales a las empresas para intentar sortear de esa manera la orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Icod. Existen, pues, unos responsables directos del delito ecológico, que son los propietarios de las empresas citadas; y unos responsables políticos, que son los integrantes del anterior Ayuntamiento icodense, con el ex alcalde Juan José Dorta (Cheo, como es conocido en Icod) al frente; la actual corporación municipal, con su alcalde Diego Afonso, y las instituciones del Cabildo y del Gobierno autónomo que deben velar por el cumplimiento de las leyes medioambientales y, en este caso, no lo han hecho.
Siempre es triste la pérdida de puestos de trabajo y más en una situación de crisis económica como la que estamos sufriendo, pero igual de triste es la destrucción del patrimonio público común, que es lo que han hecho los empresarios de El Riquel con la anuencia culpable de las autoridades. Si a alguien hay que pedir responsabilidades y soluciones es a ellos, y no a los ciudadanos y ciudadanas que han denunciado sus irregularidades y al juez que ha actuado en consecuencia, prohibiendo que éstas continúen. Lo que caracteriza a una sociedad democrática es que todos estamos sujetos a las leyes y todos –empresarios, trabajadores, políticos y simples ciudadanos– debemos cumplirlas o, en su caso, ser sancionados si no lo hacemos.
Esto es lo que ha ocurrido en El Riquel y nos causa vergüenza ajena ver cómo el alcalde Diego Afonso, presionado por las movilizaciones de unos empresarios que no dudan en utilizar a sus trabajadores como escudos humanos, se saca de la manga la realización de un referéndum para decidir el futuro de las actividades ilegales y, sin embargo, no atiende la petición en el mismo sentido de los vecinos afectados por ese descomunal atentado medioambiental que son las obras del cierre del Anillo Insular, que, entre otras cosas, se llevarán por delante 110 casas de familias del municipio. Tenga dignidad, señor alcalde, y antes de expropiarlos y expulsarlos haga un referéndum para consultar a sus vecinos si están de acuerdo o no con el anillo insular. Trátelos con el mismo guante blanco con que quiere tratar a los empresarios de El Riquel.
Sólo nos resta felicitar y ofrecer nuestro apoyo a los vecinos que con su denuncia judicial han logrado lo que debió hacer el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias: el precintado de las empresas que han quebrantado la ley.
Por todo ello, Asamblea por Tenerife solicita :
1º.- El cese permanente de las actividades ilegales de las empresas de El Riquel.
2º.- La reubicación de los trabajadores en otras actividades no sujetas a interdicción legal. Las administraciones públicas que han permitido y alentado el atentado contra las leyes ambientales tendrían mucho que hacer a este respecto.
3º.- Que las empresas que han destruido este espacio natural corran con los gastos de su restauración, incluso dando empleo con ello a sus actuales trabajadores.
4º.- Que El Riquel siga siendo suelo rústico y de protección paisajística, tal y como está considerado y no sea pasto de las especulación urbanística.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2009
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