David Delgado * / Artículos de opinión.- En la última Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (AP OSCE), celebrada en Vilnius (Lituania), se aprobó una resolución anticomunista defendida por el parlamentario eslovaco Robert Batelli, cuyo contenido criminaliza las ideas comunistas, tergiversa la historia del último siglo y pretende asemejar el comunismo con el fascismo.
El título de dicha resolución, “La reunificación de la Europa dividida: promover los derechos humanos y las libertades civiles en la región OSCE en el siglo XXI”, además de ser de naturaleza burguesa, expresa la idea imperialista de consolidar la influencia y el dominio de la Europa capitalista occidental sobre el antiguo bloque socialista del este.
En contra de la resolución se posicionaron la parlamentaria del gobernante Partido Progresista del Pueblo Trabajador de Chipre (AKEL), Skevi Koukouma, los representantes del Partido Comunista de Grecia (KKE), del Movimiento Socialista Panhelénico y el jefe de la delegación rusa, que en forma de protesta retiró su candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea.
Los miembros del Partido Comunista Francés (PCF), del Partido Comunista de Bohemia y Moravia y del Partido Comunista de San Marino, emitieron junto a los compañeros del KKE un comunicado conjunto “condenando firmemente la resolución, que bajo el pretexto de combatir el totalitarismo, iguala comunismo y nazismo”.
No es la primera vez, ni será la última que organizaciones europeas supranacionales criminalizan y condenan a la ideología comunista. En esta ocasión, como en otras, se emplean términos como “stalinismo” y “dictaduras comunistas”, para justificar el anticomunismo más infecto. Pero no nos dejemos engañar: en realidad lo que se persigue es la legitimación política para actuar con métodos propios del fascismo contra la ideología, los militantes y las organizaciones comunistas.
Prueba de ello es el párrafo 14 de la resolución, en el cual se señala que los partidos comunistas deberían ser desmantelados, siendo acusados de ser “estructuras con patrones de comportamiento que idealizan el pasado, intentan volver a él o extenderlo hacia el futuro”.
Esta declaración de intenciones demuestra que medidas represivas anticomunistas se están gestando en la Europa de la “democracia” y las “libertades”.
De continuar la trayectoria actual, el resultado será la prohibición, persecución y condena de los comunistas organizados de todo el continente.
A nosotros, los comunistas canarios, nos afecta directamente esta ofensiva reaccionaria, porque aunque no seamos europeos, a efectos legales, como colonia española, sobre nosotros recae todo el peso de la “legalidad” burguesa europea.
La contemporánea caza de brujas desatada desde hace tiempo, especialmente en el este europeo, avanza paralelamente al auge de las ideas, los partidos y la institucionalidad del fascismo.
No está de más recordar la ilegalización de la Unión de Jóvenes Comunistas de la República Checa (KSM), disuelta oficialmente por el Estado Checo el 12 de octubre de 2006.
La alegación del Ministerio del Interior fue que, en su programa, la KSM incluía la necesidad de sustituir la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad colectiva. Pocas semanas después de la ilegalización de la KSM, el Senado checo aprobó formar una comisión especial para investigar la legalidad del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM), promovida por una moción presentada por el diputado “verde” Jaromir Stetina.
En Lituania, país anfitrión de la AP OSCE, tras el reciente descubrimiento en el pueblo de Svirplyay de un retrato de Lenin, la policía abrió inmediatamente una investigación para perseguir a los responsables y ser acusados de “mostrar en público símbolos comunistas”.
Esta medida no es anecdótica en el país, puesto que se adoptó en virtud de la legislación anticomunista que ilegalizó al partido en 1991 y sirvió para prohibir el uso de símbolos soviéticos y comunistas en 2008.
En las repúblicas bálticas, los partidos comunistas están prohibidos desde hace años. En Estonia, en enero de 2007 el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el uso de símbolos comunistas excepto para, según dijo el ministro de Justicia Rein Lang, “su uso en investigaciones o representaciones teatrales”.
En abril, el mismo gobierno ordenó retirar un monumento dedicado a los soldados del Ejército Rojo que murieron en la Segunda Guerra Mundial en combate contra la ocupación nazi en 1944, mientras a los genocidas nazi-fascistas se les conmemora y homenajea.
La lista de actuaciones anticomunistas en diversos países es extensa: condenas de dos años de prisión, por “injurias”, a la dirección del Partido Comunista de los Trabajadores Húngaros, el fascismo de los hermanos Kazcynsky en Polonia y las medidas racistas de Berlusconi son sólo algunas.
Lo que está en juego, más allá de las medidas represivas concretas, es la adopción generalizada de métodos menos “democrático-burgueses” y más fascistas en toda Europa, para criminalizar, combatir, ilegalizar y perseguir a las organizaciones comunistas, ante el temor de que las ideas revolucionarias avancen. Más aún en los tiempos que corren, en los que los trabajadores europeos no ven esa Europa idílica que nos venden, sino un continente en el que la pobreza, el desempleo, la pérdida de derechos y libertades, la desigualdad y la disminución del poder adquisitivo están en un constante e inexorable crecimiento.
(*) David Delgado es miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)
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