¡Salvemos Riquel! / Canarias Insurgente.- Diego Afonso le pedirá ayuda al Cabildo en el caso Riquel según se recoge en la edición del periódico 'La Opinión' de hoy. El pasado día 18 de junio en el mismo periódico Diego Afonso declaraba que se "había puesto en contacto con el Cabildo y el Gobierno en numerosas ocasiones, y que sólo le quedaba encomendarse a Dios".
Ante tanta demagogia e hipocresía queremos recordar que este conflicto se origina hace bastante tiempo -en Riquel se realizan actividades que atentan contra el medio ambiente y la salud de los vecinos desde hace décadas- sin embargo, tanto políticos, como empresarios obvian con alevosía y premeditación este hecho, es más durante todos estos días ningún medio de [des]información se ha preocupado de dar a conocer la opinión de los vecinos, los realmente perjudicados.
Tampoco se dice que en 2004 la Asociación de Vecinos de Playa de San Marcos-Los Pescadores solicitó una investigación en el Juzgado para esclarecer la presunta relación entre el grupo de gobierno del PSOE y los propietarios de al menos una de las fincas afectadas por la instalación de las industrias irregulares, que desembocó en una querella contra el entonces alcalde del municipio Juan José Dorta Álvarez.
Que también en 2004 los vecinos de la playa denunciaron que la zona costera de Riquel "era un territorio condenado" por culpa de la inhibición del Ayuntamiento, el Cabildo y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que miraban con cobardía para otro lado ante el infierno de Riquel.
La zona de Riquel ocupa unos 400.000 metros cuadrados donde el desastre y la política de tierra quemada se ha multiplicado por diez en menos de 20 años, ningún medio de [des]información ha hablado de la inexistencia de controles ante los elementos residuales y altamente tóxicos (aceites, combustibles, baterías, neumáticos, etc...) que durante años han sembrado Riquel.
Si le preguntamos a los vecinos de Playa San Marcos que llevaron al juzgado a las empresas, nos hablarían de los perjuicios a la salud, de los daños en la costa, donde existen parajes de protección paisajística, como el Charco del Perro y la Cueva del Rey. y un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y, sobre todo, de la "impunidad" con que han actuado las empresas que realizan sus actividades en Riquel sin cumplir con los elementales requisitos de instalación, control y evitación de efectos nocivos, y de depósito y evacuación de elementos residuales.
Tampoco se ha informado a la opinión pública de las numerosas ocasiones que se ha ordenado la suspensión cautelar por no contar con los permisos, y que los precintos se "han roto para seguir trabajando porque nadie les dice nada", ni Juan Jóse Dorta (PSOE), ni Diego Afonso (CC), ni el Cabildo... ¡Chiquita poca vergüenza!
Esperamos que con la suspensión cautelar llevada a cabo el pasado 19 de junio -dictada el pasado 8 de junio por el juzgado de instrucción número 1 de Icod de los Vinos- de la actividad y el precinto de la zona y maquinaria de cinco empresas ubicadas en Riquel con el fin de "evitar y prevenir la presunta actividad delictiva y en aras de evitar perjuicios de naturaleza irreparable", tras ser denunciadas por "presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", recogidos en el Código Penal, se ponga fin a esta insostenible situación de una vez por todas.
Canarias Insurgente
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