Comunicado / Intersindical Canaria.- Distintos representantes de los trabajadores y trabajadoras de la Federación de Administraciones Públicas y de Salud de Intersindical Canaria, pertenecientes a los colectivos de CC.AA., Servicio Canario de Salud y Administración Local, han denunciado en rueda de prensa celebrada este jueves 2 de mayo la enorme problemática de los servicios sociales y sanitarios en Canarias.
Intersindical Canaria acusa al Gobierno de Canarias y a la Consejera de Sanidad, de utilizar a los ciudadanos/as de Canarias, como rehenes, en su fuego cruzado contra el Gobierno del Estado, en esta ocasión le ha tocado a los desempleados sin subsidio, a los que advierte que pueden perder su derecho a la asistencia sanitaria, mediante la colocación de carteles anónimos en los centros de salud del archipiélago. Una clara advertencia, para proceder a facturarles con posterioridad los servicios sanitarios. Denunciamos que es una maniobra repugnante, indigna de políticos demócratas, que persigue dos objetivos, por un lado calentar el ánimo de los/as Canarios/as contra el Gobierno Central en su particular lucha partidista, y por otro, amedrentar a la población con la intención de profundizar la privatización de la sanidad pública en las islas. Resulta muy llamativo y refleja claramente la maniobra orquestada por el Gobierno Canario, que se utiliza un Real Decreto, el 1088 del año 1989, por el que se extiende la cobertura sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos, que lleva 20 años aplicándose, y es ahora cuando mediante carteles anónimos empapelan los centros de salud, advirtiendo a la población de tal posibilidad, de la perdida del derecho a la asistencia sanitaria, en una lectura interesada, sesgada y sin informar de la totalidad de los derechos que asisten a los desempleados en ese asunto. No tienen vergüenza en utilizar a los más débiles y desprotegidos en sus luchas intestinas, algo a lo que este Gobierno de Canarias nos tiene muy acostumbrados, y especialmente la Consejera de Sanidad, a la que acusamos de ser la responsable de ese departamento menos dialogante y negociadora, que hemos tenido. Eso sí, la más figurín, que destaca por ser especialmente beligerante con los demás, mientras tiene su departamento patas arriba.
Intersindical Canaria denuncia, que este Gobierno y la Consejería de Sanidad aumenta la privatización de la Sanidad Pública, restando competencias a los-as Gerentes de las Instituciones Sanitarias y aumentando las facultades de los Directores de cada Área de Salud, nombrados por el Partido Popular y convertidos en una especie de comisarios políticos, en los cuales se delega cada vez más, competencias de contratación directas con la sanidad privada concertada. Se potencia la sanidad privada concertada en detrimento de la sanidad pública. A 10 de octubre del 2008, la listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas alcanzan las 22.538 personas y las listas de espera quirúrgica, ascienden a 21.339 personas, en total: 43.877 personas en espera. 43.200 pacientes fueron derivados en 2008 a la sanidad privada. La sanidad privada en Canarias factura al año mil millones de euros, el cuatro por ciento de la facturación total del sector en España, propiciado por una legislación favorable a su potenciación en nuestra Comunidad.
Para Intersindical Canaria es preocupante el papel de subordinación de la sanidad pública frente a la privada, que pone en grave riesgo el nivel asistencial. Denunciamos que la Consejera de Sanidad cuando reclama más dinero vía financiación del estado, es para derivarlo a la sanidad privada y no para potenciar el sistema sanitario público. El sector privado controla más del 30 por ciento de las camas de agudos de la red de utilización pública, e ingresa más del 31,7 por ciento de los proceso agudos financiados por el SCS, de tal manera que realiza más de la tercera parte de las intervenciones quirúrgicas. Este es un gobierno, sustentado en un poder empresarial, donde la construcción, sanidad privada, y la patronal hotelera, constituyen sus pilares.
En conciertos sanitarios con entidades privadas sólo para intervenciones quirúrgicas, se llevan destinados desde 1999 hasta ahora más de 1.119 millones de euros, más de 186.000 millones de ptas. 1999=121 millones euros. 2005 =207. 2007=358. 2008=433 millones de euros, 72.045.138.010 millones de ptas. Sometiendo a la sanidad pública a un papel de subordinación frente a la privada, por una gestión excesivamente politizada y a propósito erráticamente orientada, para descapitalizar el sistema público. La media española de camas en la sanidad privada de 6,88 por 10.000 habitantes, en canarias es de 14,30 camas, más del doble, debido al crecimiento desorbitado de los conciertos.
Defendemos una sanidad pública, con gestión pública y provisión pública, con la dotación de recursos humanos y materiales suficientes, que eviten la actual descapitalización del sistema sanitario público y su desmantelamiento.
Por otra parte para Intersindical Canaria es gravísima la política social de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, donde pretendemos dar a conocer a los/as ciudadanos/as la situación en la que se encuentran a día de hoy las pensiones no contributivas, así como la prestación canaria inserción (PCI).
En primer lugar y ante las inexactitudes y las ambigüedades expresadas por la Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, hemos de informar que corresponde a este Gobierno la responsabilidad de resolver la tramitación y la gestión de los expedientes de las pensiones no contributivas.
Intersindical Canaria denuncia la falta de medios humanos con la que cuenta dicha Consejería, donde existe en la actualidad menos personal que el que había hace 18 años, con el consiguiente aumento del trabajo que se ha ido produciendo año tras año, generando esta falta de personal un considerable retraso en la tramitación y posterior resolución de los PNC y las PCI, llegando incluso a tener un retraso de hasta cuatro años desde el año 2005 para resolver definitivamente una solicitud.
En cuanto a la PCI que viene a sustituir la antigua ayuda económica básica, una prestación que debería cubrir las necesidades de la actual situación de crisis que existe en Canarias y que debería cumplir proyectos de integración, no cubre en absoluto las necesidades de la población. Incluso la normativa que la regula, los requisitos que se exigen para la concesión económica son demostrar los ingresos del año anterior, no siendo esto significativo de las carencias reales actuales.
Por todo ello pedimos el cese inmediato de la Directora General de Bienestar Social y del Secretario General Técnico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, ya que después de dos años en el actual cargo político que ocupan demuestran una falta de interés, sensibilidad, así como de conocimientos reales de la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos/as de Canarias.
Por último y como ejemplo del desastre de política social de distintas administraciones en estas islas, resaltar el estudio que se ha realizado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, promovido desde Intersindical Canaria en su Comité de Empresa y donde han participado 250 trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos/as y animadores/as, que refleja la gravísima situación de los servicios sociales del municipio más importante de Canarias, donde existe un déficit de prestaciones económicas, superando la demanda muy mucho a la oferta, un retraso considerable en la concesión de la cita previa con el objeto de que no haya listas de espera, la atención a los/as usuarios/as sin confidencialidad y realizada por el personal administrativo, que viola la privacidad de los/as usuarios/as, incumpliéndose la legislación del plan concertado en los apartados de ayuda a domicilio y apoyo a la convivencia, la paralización de la instrucción en los procedimientos de riesgo iniciados, lo que supone un grave perjuicio no sólo para la intervención social sino para las familias, existiendo graves problemas de hacinamientos de los/as trabajadores/as, por ejemplo con locales de 16 metros cuadradazos para 50 trabajadores/as y con una sola línea telefónica.
Se hace necesario un análisis en profundidad de la realidad social de Canarias y según su diagnóstico se planifique y se defina un modelo de Servicios Sociales para dar respuesta a la demanda social generada por esta crisis capitalista, además de un cambio de modelo urgente que dé respuesta a los retos y nuevas situaciones sociales que se plantean en este nuevo tiempo. No se puede continuar con un modelo basado en las prestaciones porque hace aguas, como lo está haciendo por todas partes. Las realidades sociales y sus problemáticas tienen múltiples causas y por lo tanto múltiples soluciones e intervenciones.
Lucy Rodríguez Gangura
Secretaria de Organización de Intersindical Canaria
Comentarios