Benito Capone* / Artículos de opinión.-“La Fiscalía Anticorrupción desestimó, en el año 2008, dos denuncias presentadas contra el Ayuntamiento del municipio tinerfeño de Adeje, gobernado por el PSOE, pese a que la titular del órgano fiscal, María Farnés, detectó irregularidades en las diligencias practicadas en uno de los casos.” De esta forma comienza el artículo publicado en el diario ABC firmado por el periodista ÁLEX HERRERA desde la capital tinerfeña.
Evidentemente al leer lo que expone (¿denuncia?) esta periodista, es decir que una juez al comprobar “que hay irregularidades” no has adoptado sanción alguna contra el denunciado. No obstante, el contenido denunciado- afirma la juez - “podría vulnerar la Ley de Contratos, toda vez que se fraccionan los pagos a través de varios contratos celebrados con la misma empresa y para el mismo el denunciado sale incorrupto.
Es natural que situaciones como la denunciada (¿expuesta?) desate unos cuantos dudosos interrogantes en los ciudadanos de a pié. Que como el que escribe, siempre ha pensado en una justicia justa, no dejan de encontrarse atónitos delante a similar decisión. Más aún, los residentes en Adeje que viven el día a día de este raro sistema político – administrativo.
Claro está que los jueces tienen a sus espaldas una cultura jurídica y una experiencia que nosotros no tenemos y por lo cual resulta posible que un inculpado resulte libre de todas acusaciones cuando por la gente de a pié no lo es. Nosotros los de a pié somos más directos. Si una persona – como en este caso – ha vulnerado una Ley no puede ser que se vaya libre, debe ser condenado a la pena que la justicia establece. Si – como declara la juez – “podría” haber vulnerado debería ser investigado más a fondo para esclarecer el acontecimiento.
Muchos diarios se han hecho cargo de la noticia con desorientación por esta rara forma dubitativa y al mismo tiempo absolvente, así como muchos de la calle que se ven impotentes delante de una similar situación. Muchos, sin poner en duda el operado de nadie, se ponen el interrogativo si en Canarias hay una “vara de medir” para todos los ayuntamientos y si esta vara “se aplica igual” para todos estos ayuntamientos.
¿Son, somos de verdad, todos iguales delante de la justicia? ¿Gozan, gozamos, todos del mismo metro de juicio o alguien resultaría más enchufado que los demás?
Adeje 28 de marzo de 2009
(*) Articulista
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