Pedro Brenes * / Artículos de opinión.- La orden de arresto emitida por la CPI contra el presidende de Sudán aparece justo en el momento en que la Humanidad entera se pregunta por qué los genocidas sionistas, responsables de los asesinatos de miles de civiles en Gaza, siguen gozando de impunidad y de la protección y la descarada complicidad de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Y por qué Bush, Cheney y el resto de los genocidas responsables de las guerras de Irak y Afganistán, que han provocado la muerte de cientos de miles de personas inocentes en esos países, y promotores de las detenciones ilegales y de las torturas en Abu Graid o en Guantánamo, permanecen libres, disfrutando de una feliz jubilación.
Pero no, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo que, hasta ahora, sólo ha procedido por supuestos delitos de lesa humanidad contra sospechosos africanos, nos sorprende con la orden de arresto de Omar al Bashir, presidente de Sudán, en relación a la situación en la región suroeste de esta nación, incluyendo la zona de Darfur fronteriza con Chad.
Es curioso que, precisamente ahora, cuando la mayoría de los grupos rebeldes han firmado acuerdos de alto el fuego y pactos políticos de autogobierno y distribución de las rentas de las explotaciones petrolíferas con el gobierno de Jartún, aparezca Moreno Ocampo con esta orden de arresto, secundando las intenciones de las multinacionales y de los gobiernos francés y norteamericano, que no ven con buenos ojos que este secular conflicto entre los musulmanes del norte y los animistas y cristianos del sur, pueda entrar, a través de los buenos oficios como mediadores de la Unión Africana y China, en vías de solución.
Es obligado, ante tan sospechosa coincidencia, preguntarse si hay alguna relación entre la campaña de los medios de comunicación europeos y americanos -que incluye al propio Hollywood- para “salvar” Darfur, la existencia de grandes reservas de hidrocarburos en esa región, la firme política antiimperialista del gobierno sudanés que excluye a las multinacionales de las concesiones de extracción en su territorio, y los acuerdos comerciales suscritos con China, Rusia y la India, a quienes algunos medios y algunos políticos europeos se atreven, en el colmo del cinismo, a tachar de “colonialistas”.
El propio presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel D’Escoto, ha declarado que esta orden de arresto está “mediatizada políticamente”, añadiendo que “todo el mundo sabe que las peores atrocidades se cometen hoy en día en Irak” y que “la CPI debería perseguir a algunos individuos realmente poderosos”.
Rusia y China, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se han manifestado a favor de anular la decisión de la Corte y han solicitado formalmente que sea retirada. Fundamentan sus peticiones en el hecho de que, estando el conflicto de Darfur claramente en vías de solución negociada, la decisión de la CPI, sólo puede entorpecer los esfuerzos mediadores y agravar la situación política, militar y humanitaria en la zona.
Las protestas y el rechazo se han extendido hasta la Unión Africana y la Liga Árabe que califican la actitud del fiscal Moreno Ocampo de parcial, peligrosa e inoportuna.
Este tribunal de las Naciones Unidas despertó, en su momento, las esperanzas de todos los partidarios de la paz y la justicia en el mundo, que creyeron que se perseguirían los crímenes de los agresores racistas e imperialistas y se castigaría a los responsables de las guerras genocidas, de los bombardeos indiscriminados contra la población civil, y a las sangrientas dictaduras antipopulares.
Sin embargo, la clamorosa tendencia a perseguir y enjuiciar a sospechosos relacionados con conflictos sólo de África, ignorando las gravísimas acciones de los gobiernos imperialistas en sus guerra e invasiones en Oriente Medio y los crímenes sionistas, están hundiendo irremisiblemente a la Corte Penal Internacional en el descrédito.
Posiblemente el régimen islamista del general Bashir, con su intolerancia religiosa extrema, unida a la tradicional opresión de los señores feudales musulmanes del norte sobre la población del sur del país, sea responsable de las injusticias y de las atrocidades que tantos sufrimientos ha deparado a los habitantes no islámicos de Sudán.
Pero ¿qué autoridad moral puede tener un tribunal internacional que no investiga ni procesa ni ordena arrestar a George Bush, a Toni Blair y a Ehud Olmert? ¿O es que lo que se pretende precisamente es que nos olvidemos de Irak, de Guantánamo y de Gaza?
¿Qué clase de tribunal internacional es éste que sólo se acuerda de los conflictos africanos, que casi siempre han sido estimulados y radicalizados por intereses ajenos al continente, cuando no creados por las propias multinacionales euronorteamericanas para conseguir sus objetivos comerciales, quitando y poniendo gobiernos para defender sus mezquinos intereses?
Ninguna excusa legalista podrá librar a la CPI y a su fiscal de la imagen de servidores de los propósitos de las grandes potencias imperialistas y de las multinacionales. Pues esta institución, en la que tantas esperanzas se depositaron, ha terminado por comportarse como esas hipócritas y subvencionadas ONGs que sólo critican aquello que les dictan quienes les pagan, para desviar la atención y hacer olvidar los mayores crímenes contra la Humanidad y las más imperdonables atrocidades contra poblaciones civiles indefensas.
(*) Pedro Brenes es militante del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)
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