David Delgado * / Artículos de opinión.- El presidente del Ejecutivo autonómico Paulino Rivero no concibe que ciertos grupos “minoritarios” pongan trabas a las actuaciones que se están llevando a cabo en el Puerto de Granadilla. La infraestructura cuenta con el beneplácito de la Unión Europea (UE) y del Gobierno central además de cumplir la legalidad vigente, nos recordó a las desinformadas minorías el presidente.
Además pide a todos estos grupos protestones que reflexionen acerca de la necesidad que muchas familias tienen de trabajar y recalcó que el puerto mejorará la competitividad de Canarias. Superar su demagogia en tan pocas palabras es muy difícil.
Afirmó que el puerto permitirá crear unos miserables 600 empleos. Asumiendo que este dato fuera cierto, teniendo en cuenta los millones que costará el proyecto es una tomadura de pelo justificarse en los desempleados para defender el mismo, pues con ese dinero podría generarse muchísimo más empleo. Además la culpa de que miles de canarios necesiten desesperadamente un trabajo no recae en las minorías que tanto exasperan a Paulino sino en el ejecutivo que este impresentable preside.
Tanto Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) que forman el Ejecutivo autonómico, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) defienden la ejecución del proyecto del puerto de Granadilla, si bien esta última formación política ha pretendido ofrecer una imagen más respetuosa con la legalidad en materia medioambiental y ha actuado de una forma especialmente traidora con los ciudadanos de Tenerife al apoyar en el 2005 la Iniciativa Legislativa Popular contraria al puerto y presentar 9 meses después una Proposición No de Ley a favor del mismo.
Fue el 6 de mayo del 2002 cuando el Gobierno autonómico aprobó un Decreto que declaraba de interés público de primer orden la construcción del Puerto de Granadilla, argumentando dos razones fundamentales inciertas como son la saturación y agotamiento del puerto de Santa Cruz y la imposibilidad de ampliación del mismo.
Resulta que según se desprende de los datos de la Autoridad Portuaria de Tenerife el puerto de Santa Cruz está desaprovechado al emplearse por ejemplo en el año 2006, el 65% de su capacidad total. A día de hoy la situación es cada vez peor, lejos de aprovecharse eficientemente las posibilidades del puerto, y la Unión Europea que apoya la construcción y asume las tesis del Gobierno autonómico -los dos argumentos expuestos anteriormente- aportó una partida económica para la ampliación que se efectúa en el Puerto de Santa Cruz. Es decir, que aquí mienten todos.
El Dictamen que el 6 de noviembre del 2006 aprobó la Comisión Europea expresa la postura de la Unión Europea que de facto implica el total apoyo a los intereses de los capitalistas que obtendrán jugosas comisiones y repartirán beneficios económicos millonarios.
La construcción del Puerto de Granadilla demuestra la unión existente entre todos los grupos políticos en el Parlamento autonómico, el Estado español y la Unión Europea a la hora de defender proyectos que beneficien a un pequeño grupo de oligarcas capitalistas en detrimento de los intereses de la mayoría de los canarios. Porque las razones para su construcción se caen por su propio peso, el impacto medioambiental y ecológico ha sido ignorado y el dinero invertido podría destinarse para otros sectores de la economía que a diferencia de este proyecto fuesen encaminados a suprimir la cada vez más peligrosa dependencia del exterior y generasen mucho más empleo.
La idea de construir un puerto industrial en el litoral de Granadilla planea desde finales de los años 70, y ahora si el pueblo no lo impide se materializará un proyecto cuya tramitación ha estado además de cargada de mentiras como se ha demostrado, llena de ocultaciones de informes y varias ilegalidades como suele ocurrir con obras de esta envergadura.
Paulino Rivero y su camarilla de colaboracionistas si que son una minoría insolidaria incompetente e indiferente ante la deprimente situación social que sufren los miles de canarios parados y sus familias.
(*) David Delgado es militante del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)
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