Benito Capones* / Artículos de opinión.- “Asociaciones de toda la comarca participan en la consulta ciudadana para la redacción de la Ley de Participación.” Así empieza el artículo publicado en un diario digital local. Concretamente, siempre según informa este digital el Gobierno de Canarias ha convocado un encuentro en Arona de las AAVV de la comarca sureña para “realizar una consulta ciudadana para fomentar la participación ciudadana.
La iniciativa debe elogiarse porque en realidad la democracia delegada, es decir votar una vez cada cuatros años dejando en mano de los políticos la gestión cotidiana de los asuntos ya es cosa del pasado. Ahora los tiempos modernos junto con las experiencias vividas especialmente en el Sur isleño, nos empujan hacia una democracia participativa gracias a la cual cada ciudadano podrá no solo estar al tanto de lo que pasa en su ayuntamiento, sino que cada cual puede aportar su contribución a las decisiones de políticos.
Por lo que entiendo, ya existe una Ley para la participación ciudadana y está configurada en la “Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias” y hay que asumir que es un texto legal muy válido y que ya debería estar funcionando en cada comarca. Algunos problemas han impedido su actuación.
El primer problema lo han aportado, y siguen aportándolo los ayuntamientos. Son los que bloquean con todos los medios en sus manos, la aplicación de esta Ley. Por lo tanto hay que pedirle al Parlamento Canario que la ejecute, que siempre resulta útil, sobre todo para que la intervención del Parlamento sea en contra de aquellos ayuntamientos que hasta ahora se han negado a aplicar la mencionada Ley.
El otro problema está en que en “aquellos ayuntamientos” se incluye alcaldes o mayorías de todos los colores del delimitadísimo arco iris político canario y, estamos en lo cierto que nadie, sean del color que sean, quiere perder aquella total autonomía autoritaria por la cual puede hacer y deshacer a su antojo, continuando ser el “generalísimo” a nivel comarcal. Es consecuencial, por lo tanto, que aunque en el Parlamento Canario todos los partidos se apropiaran, como no, de una diadema de democracia, siempre existirán los demás compañeros de los ayuntamientos que seguirán defendiendo su pequeño feudo y privilegio. El juego de siempre.
El gran problema de fondo está en una mentalidad antigua heredada del franquismo. Si analizamos la historia desde la muerte del dictador, veremos como casi todos, para no afirmar todos, nuestros políticos han llegado al poder proviniendo da un sistema, da una burocracia y da una forma de gobernar franquista. Todos ellos sin saber lo que era gobernar un pueblo, han “improvisado”, adoptando el más simple sistema que desde siempre es copiar, imitar. Nunca han tenido la oportunidad de tocar con mano otro método, otro procedimiento o otra regla que no sea la vivida en el régimem franquista, tanto que hay casos de un pasaje directo desde aquel sistema al nuevo ordenamiento constitucional. Se trataba, para muchos, de cambiar la casaca sin darlo a ver y por otro innovar dando bombo a “un nuevo y democrático estilo de gobernar”.
Pero a lo largo, todos llegaron a aceptar el principio que con las elecciones “libres” cada cuatros años ya se justificaba, por si solo, el nuevo curso democrático-constitucional. Existía el problema de la conservación del poder como se permitía en el franquismo, de la supremacía de uno sobre los otros en el nuevo sistema “democrático”.
Se abortó por lo tanto, el principio de que cada persona es un voto y con un entramado técnico-político-administrativo se consiguió que las votaciones conservase la apariencias y la definición de “democráticas” sin alterasen la base del viejo sistema franquista que permitía la conservación del poder. No quiero quitar cargas ni agregar justificaciones.
Por el contrario estas reflexiones quieren denunciar y evidenciar el pesado débito de los políticos –todos – verso la comunidad canaria. Para nada empreñados de el espíritu de la Constitución se han cubierto uno con el otro para perpetrar esta verdadera traición. Si desde un lado se podría comprender la posición de partidos de derecha que entre sus seguidores enumeran nostálgico del tiempo, nada puede ni podrá quitar un juicio extremadamente negativo y grave a la izquierda que debía ser, ella, el guardián de esta conquista democrática que es la Constitución. El acto realizado en Los Cristianos es, más que una búsqueda de una fomentación de estos nuevos principios de la democracia participativa, que habrían ya de estar presentes en nuestra sociedad canarias resulta ser una autodenuncia de estos políticos – derecha o izquierda – por una evidente traición en Canarias de la Constitución que hoy se quiere homenajear. Hablo de Canarias porqué es aquí donde más se ha traicionado y se sigue consumando esta traición. Véase por ejemplo el caso de la Ley electoral que por provecho de todos los partidos sigue humillando los principios de la Carta Magna.
(*) Articulista
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