Domingo Méndez Rodríguez* / Artículos de opinión.- En estos días ha aparecido en distintos medios de prensa un artículo de opinión titulado “Fin de la huelga, ¿fin del conflicto?” firmado por Enrique Bethencourt, terciando, diremos desde fuera de la docencia, con opiniones que da como hechos ciertos. Como componente del extinto Comité de Huelga querría hacer algunas precisiones para contribuir a explicar la situación actual.
En primer lugar, ni el Sr. Bethencourt, ni nadie, puede saber a estas alturas cuál sería el porcentaje de docentes que hubieran participado en la convocatoria. Si que se podría, y se puede, servicios mínimos en mano, con las plantillas de los centros, contabilizar quienes no podrían participar de ninguna manera: más del 40% del profesorado de la enseñanza obligatoria no podría ejercer el derecho a la huelga.
En segundo lugar, la justificación de la desconvocatoria, que EA-Canarias se negó a suscribir fue una encuesta no representativa, parcial, cuyos resultados eran mayoritariamente de una sola isla. A dicha encuesta, por su metodología no se le puede dar validez. Pero es más, aún así, no era el 19% de las encuestados los que irían a la huelga. Si contabilizamos los que se sumaban por un día o dos, el resultado llegaba al 25% con los datos del 29 de octubre, varios días antes de la convocatoria.
En tercer lugar, es la primera vez en la historia de las luchas de los docentes en Canarias que se emplea dicho recurso para justificar una desconvocatoria. Cabe consultar si se convoca una huelga, pero no, con una convocatoria hecha, y ampararse en una encuesta para desmovilizar, y disolver, el Comité de Huelga.
La acusación que hace el Sr. Bethencourt contra EA-Canarias: “nunca tuvo voluntad de llegar a un acuerdo” es como mínimo, calumniosa. Nosotros firmamos los pre-avisos, y compartimos las reivindicaciones ¿Qué pruebas tiene el Sr. Bethencourt de lo que nos acusa? No basta su palabra.
Pero este señor no sólo nos calumnia, sino que se atreve con absoluto desconocimiento de la labor de nuestros liberados, a acusarnos de no visitar centros. Somos, sin ninguna duda, y en proporción al número de liberados de que disponemos, el sindicato que más centros visita, y el único sindicato que está siempre presente en las asambleas insulares de profesores de Gran Canaria y Tenerife y aquellas islas en las que se realicen. Somos también el único sindicato que en la campaña de preparación de huelga recorrió todo el archipiélago.
La falta de respeto del Sr. Bethencourt hacia nuestras posiciones es evidente. Acusarnos de no atender a la voluntad del profesorado sólo puede hacerse ignorando deliberadamente que fue casi el 80% de los participantes en el referéndum del 30 de enero pasado, el que rechazó el preacuerdo firmado por unos sindicatos que, juntos, tenían el 50% de representación, tres de ellos sin ninguna representación.
Aquí no se trata de los resultados obtenidos en las elecciones a Juntas de Personal de 2006; por cierto este sindicato está en la media de la representación sindical en dichas Juntas. Aquí se trata de averiguar cual es la voluntad y disposición del profesorado en este conflicto. A ese esfuerzo estamos dedicados, Sr. Bethencourt. Puede usted acompañarnos a los centros, y así lo comprobará.
No compartimos con usted su visión del conflicto, como comprenderá. Pero tiene perfecto derecho a tenerla. A lo que no tiene ningún derecho, es a insultar a este sindicato, calumniando sobre su voluntad negociadora y cuestionando el trabajo de nuestras liberadas y liberados.
Unas preguntas Sr. Bethencourt: ¿Cree usted que porque, so pretexto de la crisis, no se nos pague, mejorará la situación del 20% de la población canaria que está en el umbral de la pobreza, o bajo él, y que mejorarán la Sanidad , los Servicios Sociales o el Sistema Educativo?
Ahora el Gobierno de Canarias se escuda en que no hay dinero, entonces, ¿cómo se puede gastar en pagar el diseño de uniforme y de los vehículos de la futura policía canaria, presupuestar gasto para crearla, o despilfarrar dinero en medios de comunicación públicos de más que dudosa utilidad? ¿Cómo se puede derrochar en publicidad?
Una aclaración final: No pedimos que se nos pague ahora la homologación. Hemos pedido que se reconozca la vigencia de la Ley 4/1991 de Homologación, y que, en su aplicación, se negocien las cantidades y los plazos en que se pagaría. Parece razonable, y no tiene por qué afectar a los problemas presupuestarios ¿No lo cree usted?
Le saluda, atentamente
Canarias, a 17 de noviembre de 2008
Domingo Méndez Rodríguez *
Portavoz de EA-Canarias
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