Escándalo en Icod / Juventudes Socialistas de Icod de los Vinos.- El Digital de Canarias [*]. Primero la obra, luego el expediente. Así de claro y sencillo, sin más florituras, por mucho que el concejal de obras y medios afines se empeñen en convertir este asunto en una lidia política entre los que lo descubren, los socialistas, que tienen donde morder y los nacionalistas, que se defienden gato panza arriba al ser descubiertos en esta flagrante ilegalidad que cuestiona toda la autoridad moral con la que llegaron Diego y los suyos al Ayuntamiento icodense, criticando y desollando, pero sin ir jamás al juzgado, otros le hicieron el trabajo sucio, a Juan José Dorta Alvárez y su grupo de gobierno.
Esta vez el superconcejal Francis Rivero, el mismo que en aras de la libertad de expresión y la transparencia informativa comparte con todos nosotros su nómina, cosa normal y nada extraordinaria dada su condición de servidor público, se ha cavado, nunca mejor dicho, su propia tumba.
Y lo ha hecho de la manera más burda posible. Se compromete con una empresa, en este caso, Construcciones Eygre SL, con la que seguramente hay un compromiso verbal para que haga la sexta ampliación de cementerio, no sabemos porque se tomó esta decisión y en el mismo momento en que se inician las obras, da comienzo el expediente administrativo.
Estamos hablando que la obra se ejecutó entre los meses de octubre y noviembre de 2007 y el proyecto de la misma se redactaba y se entregaba, un mes antes, concretamente el 11 de septiembre. Eso significaba que la empresa o bien ya lo tenía mientras hacía los trabajos o se le daba información desde la concejalía de Obras icodense, lo cual constituye una irregularidad absoluta, ya que los procedimientos administrativos no se inician después de las obras, sino antes. Todo esto supone que el concejal de Obras ha vulnerado los derechos de libre concurrencia, oportunidad y transparencia que se piden a todos estos procedimientos administrativos.
Según el cínico decreto que firma el concejal nacionalista, pasto para la Fiscalía Anticorrupción, los fondos se libraron, unos 59.770,34 euros en agosto de 2007. Este dinero ha tenido que esperar un año, concretamente hasta el 10 de septiembre de 2008, momento en que se le adjudica el contrato a esta constructora y que se queda en 59.765,34 euros, dinero que no va para que se haga la sexta ampliación, sino para pagar lo que está hecho. En realidad Francis Rivero ha contratado la obra y luego la ha pagado a plazo cierto, que era el final de un procedimiento administrativo que, repetimos, se inicia después de la ejecución y no antes.
Por lo tanto la adjudicación es errónea, por no decir presuntamente falsa, ya que la concejalía y los técnicos que han firmado el expediente actúan con esta ficción jurídica: están emitiendo pareceres técnicos sobre algo que ya está hecho pero que ellos certifican como si no lo estuviera. Muy duro es lo que ha hecho el concejal nacionalista, por mucho que se disculpe en prensa.
Pero vayamos a los detalles. El decreto del concejal apunta gestiones con respecto a esta ampliación hasta septiembre de 2007 y se sabe que la obra se acabó entre octubre y noviembre. Y esas gestiones son: informe de la Oficina Técnica Municipal (31de agosto de 2007), replanteo del proyecto (12 de septiembre de 2007), informe del médico asistencial (6 de septiembre de 2007), petición de autorización a Sanidad (26 de septiembre de 2007).
Y aquí el expediente salta hasta el permiso que concede Sanidad, que es el 18 de junio de 2008, con ya la obra terminada y personas enterradas, lo que es aún más grave. Y ya todo camina más rápido. El 3 de julio el jefe de sección de Obras, un superfuncionario venido desde Arona que todo lo firma y que goza de la máxima confianza del grupo de gobierno, aprueba el gasto y la fiscalización del mismo sin hacer constar que la obra está terminada.
El 20 de agosto el interventor accidental hace lo mismo y ahora viene lo mejor. El grupo de gobierno nacionalista y el superconcejal Francis Rivero, con la obra ejecutada y pendiente de pago, invita a tres empresas, dos de ellas meras comparsas y la que hizo la obra inicialmente a que participen en esta adjudicación. Y lo hacen el 28 de agosto. Como es lógico las otras dos que no tienen arte ni parte no van ni presentan ofertas. ¿Pero que empresas son? Una: Construcciones Habitat, del clan Zarza, ex secretario general del PSC-PSOE y del famoso grupo Puerto Alisios [1] y la otra Construcciones Cirilo SL, una de las más favorecidas por el anterior grupo de gobierno de Cheo. Y es la que hizo la obra y a la que se le debe el dinero la que se presenta el 1 de septiembre y es la que gana esta adjudicación provisional.
Y en el mismo decreto el concejal se coge las manos: “son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de algunos de los trabajos enumerados en el anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad. Por obra se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción”. Es más el decimoquinto apartado deja enterrado a Francis Rivero: “a estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso del procedimiento negociado, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos”.
Y ahondamos más en la herida de esta profunda ilegalidad del grupo de gobierno icodense: la adjudicación es además provisional y según el decreto su “presupuesto de ejecución” que no es lo mismo que decir que ya está ejecutado, porque lo lógico, aunque censurable es que el concejal contrata verbalmente, prohibido por la ley y luego pide la factura no esto, que Rivero se compromete, le hacen la obra y luego arma un expediente para realizar el pago. Además se le obliga al adjudicatario en este caso a demostrar que está al corriente de Hacienda y Seguridad Social, ¿lo estaba el año pasado, cuando no hizo falta este requisito? Luego concluye con la notificación a la empresa, que deberá, ojo al dato, presentar certificaciones de algo hecho hace un año. ¿Cómo lo harán? ¿Estará Ramón Socas a pie de obra sacando fotos? ¿Quién las firmará? ¿Qué funcionario se cogerá las manos por Francis Rivero? Alguien le preguntó hace días a un técnico del Gobierno de Canarias sobre este procedimiento y como lo había hecho Francis Rivero y dijo que si era así, el procedimiento no solamente era ilegal de pleno derecho, sino que también habían indicios de delito, perseguibles penalmente. La pregunta es ¿porqué lo hizo, ese que tanto sabe y tanto critica a los anteriores gobernantes? La respuesta solamente la puede dar un juzgado, que está esperando a un valiente que se atreva a hincarle el diente a este espinoso asunto.
Juventudes socialistas de Icod de los Vinos
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Fuente: El Digital de Canarias
[1] Caso Puerto Alisios (Referencia en Canarias Insurgente).
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