Detención ilegal / Alternativa Nacionalista Canaria (ANC).- Diecisiete uigures permanecen recluidos bajo detención militar indefinida en la base estadounidense de Guantánamo, cuando ha pasado más de un mes de que un juez federal resolviera que su prolongada detención es ilegal y ordenara que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno estadounidense consiguió, de un tribunal superior, una suspensión de emergencia de la orden, y ahora ese tribunal superior celebrará una vista oral el 24 de noviembre para escuchar los argumentos sobre el tema.
Antecedentes:
El 7 de octubre, el juez Urbina, del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia (DC), ordenó al gobierno que dejara en libertad en territorio estadounidense a los 17 uigures de los que el gobierno había admitido anteriormente que no son “combatientes enemigos”, calificativo que les había dado durante años para justificar su detención indefinida sin cargos ni juicio. La mayoría de los uigures habían sido declarados susceptibles de ser puestos en libertad ya en 2003.
Estados Unidos ha admitido que los uigures no pueden ser devueltos a su China natal porque allí correrían un grave peligro de tortura o ejecución. Sin embargo, en sus más de cuatro años de intentarlo no ha podido encontrar un país dispuesto a aceptarlos. Según afirma, se ha puesto en contacto –en ocasiones más de una vez– con casi un centenar de países. Está claro que, en la actualidad, la única manera de poner fin a la detención indefinida de los uigures es dejarlos en libertad dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno se niega a contemplar esa posibilidad, y ha acudido a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para que anule la orden del juez Urbina y permita que los detenidos permanezcan en Guantánamo hasta que se encuentre la solución de un tercer país que Estados Unidos no ha podido encontrar desde hace años.
El gobierno alega que la orden del juez Urbina debe anularse porque “salvo que la ley autorice lo contrario, ningún tribunal está facultado para revisar la decisión del ejecutivo de excluir a un extranjero de este país”. El juez Urbina había reconocido lo delicado de la intervención judicial en “un ámbito normalmente dominado por las ramas políticas”, pero señaló que era el gobierno el que había llevado a los uigures a Guantánamo, que no los había acusado de delito alguno ni había presentado “pruebas fiables de que puedan constituir una amenaza para los intereses estadounidenses”, y que es el gobierno el que ha “frustrado” sus propios esfuerzos por encontrar un tercer país que los acoja, ya que hasta hace poco los ha calificado de “combatientes enemigos”. El juez Urbina señaló también que había personas y organizaciones dispuestas a ayudar a los uigures a reasentarse en Estados Unidos “proporcionándoles alojamiento, trabajo, dinero, educación y otros servicios espirituales y sociales”.
El juez Urbina había preguntado al gobierno qué amenaza constituirían los uigures en caso de ser puestos en libertad en territorio estadounidense, pero el gobierno no presentó ninguna prueba al respecto. Ahora, en su intento de conseguir la anulación de la orden, el gobierno ha retratado a los uigures como individuos peligrosos que “trataron de hacer una campaña de terror contra un gobierno soberano” y que recibieron “adiestramiento en el manejo de armas” en Afganistán tras huir allí desde China. Desde entonces, una juez de la Corte de Apelaciones ha señalado que el gobierno no ha presentado “prueba alguna” de que los uigures constituyan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos “o para la seguridad de la comunidad o de cualquier persona”. La juez añadió que el hecho de que uno o más de los uigures recibieran adiestramiento en el manejo de armas de fuego “no demuestra por sí solo que sean peligrosos, a menos que millones de ciudadanos estadounidenses que han recibido adiestramiento en el manejo de armas de fuego sean considerados peligrosos”.
El gobierno alega que, incluso si los uigures “estuvieran de pie en la frontera de la nación”, probablemente se les denegaría la entrada por motivos de seguridad, en virtud de la imprecisa ley de inmigración estadounidense. Incluso si los uigures “tuvieran algún derecho a entrar en Estados Unidos y ser liberados en territorio nacional”, serían puestos inmediatamente bajo detención indefinida en virtud de la ley de inmigración en espera de ser expulsados del país.
El gobierno ha afirmado que “se están llevando a cabo negociaciones sobre la posibilidad de que sean reasentados en terceros países”. Alega que una decisión que obligue al gobierno a liberar a los uigures en territorio estadounidense complicaría esas negociaciones. Según sugiere, si se llevara a los 17 uigures a Estados Unidos, “incluso nuestros amigos y aliados podrían verse menos inclinados a participar en los esfuerzos de reasentamiento para los demandantes (o, de hecho, para cualquier otro detenido)”. El hecho, no obstante, es que esos esfuerzos del Departamento de Estado estadounidense –infructuosos durante años– ya se han visto minados por la conducta del propio gobierno, tanto por haberlos calificado anteriormente de “combatientes enemigos” como por su reciente campaña de insinuaciones de que son peligrosos.
En sus informes a la Corte de Apelaciones, el gobierno ha pintado una imagen benévola de las condiciones en las que los uigures permanecen ahora “alojados” en el Campo de Guantánamo, según se afirma, los uigures “tienen acceso a comidas especiales, duchas y materiales de biblioteca”. Aunque las condiciones actuales de los uigures son menos duras que las que han soportado anteriormente siguen estando encarcelados. Están aislados del mundo exterior, rodeados de vallas y alambres de cuchillas, vigilados por guardias armados y por cámaras de vigilancia activadas las 24 horas del día, etc. En las visitas de sus abogados permanecen encadenados al suelo.
Amnistía Internacional a desatado una campaña de denuncia contra esta la política norteamericana y de apoyo a estas 17 personas, con la urgencia que requiere un caso que, si fuese ignorado por los medios de comunicación podría tener un final fatal para los encarcelados.
Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) conocedora de esta premura no duda en convocar a la opinión publica mundial para exigir la inmediata libertad de estas personas y que EEUU busque la fórmula de indemnizar, en la medida de lo posible, el maltrato aplicado a estos 17 desgraciados y su privación de libertad durante tanto tiempo sin motivo.
Así mismo, ANC demanda la implicación gubernamental de los gobiernos con tratos abiertos con EEUU para mediar a favor de los aún detenidos o denunciar públicamente cualquier tipo de respuesta indeseada por parte del gobierno norteamericano.
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Mi prima Angela Faviola Valda Giraldez. CI: 4286232 LP-Bolivina. Entro el 18 de Enero 2008 con Visa de turista junto asu familia con motivos de que su hija se quedara a trabajar de ilegal en , los Estados Unidos, su familia regreso pero sin ella , su Visa ya Caduco por miedo aque le deportaran se caso ace 2 semanas con un norteamericano para optener su residencia en Estados unidos su direcsion es
3719 Fairfax - Virginia
CODIGO POSTAL: 22030
el telefono del domicilio de su tia es el 7033522350 donde vive actual mente , donde travaja tanvien resivieron ilegales a lo que conosco trabaja en una linpieza de ropa....
Publicado por: michel | 30/12/2008 en 12:32 a.m.
tengo informacion de una persona ilegal en Los EEUU ella entro con una visade turista su visa ya caduco ace 11 meses se que do atarvajar de ilegal ise quiere casar con un norteamericaco para potener papeles su nombre es Angela Fabiola Valda Giraldez vive en Virginia Fairfaz
Publicado por: michel valda | 17/12/2008 en 08:54 p.m.