Toño Linares * / Artículos de opinión.- La comunidad canaria es en la que más ha subido los precios de alimentación en el último año, según el IPC de septiembre que ha sido el 9,4%, donde la media nacional se ha situado en el 6,1% y, la OCU revela que Tenerife tiene una de las cestas de la compra más cara de todo el estado, en un estudio reciente. Paradójicamente la comunidad europea concede a esta tierra única, una ayuda para compensar los costes de importación de algunos productos básicos, con el Régimen Específico de Abastecimiento, REA, que debería repercutir en los consumidores.
En una reciente conferencia dada por Esther Vivas, de la Asociación Red de Consumo Solidario, celebrada en la facultad de Economía de la Universidad de la Laguna, desveló el oligopolio en la distribución de los alimentos, al concentrarse el 55% del negocio en cinco grandes empresas (Carrefour, Mercadona, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés), pudiendo llegar al 75% si se refiere a las centrales de compras que suministran a los supermercados e hipermercados.
También se han oído voces alarmantes desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), afirmando que en Canarias sólo se produce el 12% de los alimentos que se consumen, escenificando una balanza comercial desfavorable para toda la ciudadanía. Pues la dependencia de más del 80% del exterior, es un hecho extremadamente peligroso para nuestra seguridad alimentaria.
La editorial del periódico El País del 20 de mayo de 2008, dice que “La escandalosa alza mundial de los alimentos exige contundencia contra la especulación”. Esta editorial señala que el incremento de los precios de los alimentos básicos como el trigo, el arroz, o la soja, entre otros, oscila entre el 53 y el 130% en el último año y, afirma: “El fatídico encarecimiento de los alimentos hay que buscarlo en la especulación oportunista en los mercados de cereales”, Para añadir: “La escalada de los precios se convierte en letal para los países del Tercer Mundo, debido a un sistema perverso que obliga a dichos países a exportar los alimentos que producen para compensar su deuda exterior.”
La concentración de la distribución de alimentos, unida a la exigencia a los países pobres de exportar su producción, hace que se incrementen los precios al consumidor final, llegando a observar diferencias insultantes entre el precio pagado al cosechero y el abonado por el consumidor final del 400% y, la desaparición de la producción local, circunstancia que se observa al ver como se deja de cultivar terrenos año tras año, destruyéndose el entorno rural al imponerse los criterios comerciales sobre los sociales.
Esta fórmula de distribución alimentaria es degradante para el medio ambiente, al obligarnos coger el coche para desplazarnos varios kilómetros a comprar los artículo de primera necesidad, además, el empaquetado de los productos ofertados en estos grandes establecimientos genera una gran cantidad de residuos no reciclables, principalmente plásticos. Asimismo los alimentos que se exponen en las estanterías de estas grandes señas comerciales cuida más la estética que la calidad. Una determinada fruta tiene el mismo tamaño y color, no existe la diversidad, hecho que sólo se consigue con la manipulación genética, desapareciendo toda intervención de la madre naturaleza.
La destrucción de puestos de trabajo es otro de los aspectos negativos que tiene este modelo de distribución, pues a los destruidos en los pequeños establecimientos, que se ven abocados al cierre, cuando aparecen estos grandes almacenes, hay que añadir los que deja el sector primario, pues al no tener cabida los productos agrícolas locales, los terrenos productivos pasan a ser espacios baldíos. Puestos de trabajos que no tienen cabida en estos centros comerciales, por ser característica propia la de utilización del mínimo de personal para conseguir la mayor rentabilidad económica, que unida a la precariedad laboral predominante en estas empresas, cuya contratación esta condicionada a la productividad y beneficios, nunca a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Este oscuro panorama puede tener alternativa, que pasa por una intervención de la administración pública en fomentar la distribución directa entre productor y consumidor, consiguiendo que el comprador adquiera productos más baratos, de mejor calidad y, el productor pueda vender sus artículos a un precio que le permita continuar con su actividad, consiguiendo tener unos rendimientos dignos, logrando que el sector primario genere puestos de trabajo, que las familias puedan consumir productos naturales y, que la distribución de los productos básicos este repartida, erradicando cualquier oligopolio o monopolio que nos pudiera conducirnos al desabastecimiento de alimentos, ante cualquier conflicto o intereses ajenos.
* Toño Linares
Presidente de Tagoror Achinech
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