Inmigración / YVKE Internacional.- Patricia Rivas. Los portavoces de 23 entidades de inmigrantes expresaron este viernes su indignación ante los discursos de la clase política española, que pretende culparles de la crisis, para justificarse, y anunciaron movilizaciones para "evitar ser considerados máquinas de usar y tirar". El Gobierno español anunció duras medidas que dificultarán aún más la vida de los trabajadores inmigrantes y sus hijos.
Las 23 entidades hicieron un llamamiento "a la máxima participación" en los actos de la Jornada Mundial por un Trabajo Digno, que convocaron las principales centrales sindicales españolas, con el apoyo de las asociaciones de inmigrantes, para el próximo martes 7 de octubre.
El representante de la Asociación de Dominicanos en la región de Cataluña, Manuel Colon, destacó que la crisis tiene sus orígenes en los mercados financieros internacionales y que "no se puede culpar a los inmigrantes".
Colon opina que la llamada directiva europea de Retorno y las propuestas del ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, respecto al retorno de los parados y la reducción de la contratación en origen, forman parte de "un discurso que culpa a la inmigración de la actual crisis económica".
El secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, Ghassan Saliba, añadió que "aunque después el Gobierno rectificó y dijo que la contratación en origen no iba a ser cero, lo cierto es que se están eliminando este tipo de contratos".
Las 23 entidades de inmigrantes aseguran que la directiva europea de Retorno vulnera los derechos humanos porque permite la expulsión de los menores sin garantías y porque permite también privar de libertad durante 18 meses a una persona que no ha cometido un delito, sino una infracción administrativa.
Los sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y combaten la discriminación, han rechazado las recientes modificaciones a la Ley de Extranjería anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, entre las que destacan: retorno de trabajadores; una brigada policial especial para perseguir extranjeros, limitar a cero la contratación en origen, dificultar al máximo la reagrupación de las familias, fomentar el retorno 'voluntario' y aumentar el tiempo de encierro en centros de internamiento.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, adelantó este viernes una reforma de la actual Ley de Extranjería en la presente legislatura, que elevará de 1 a 5 años el periodo que los trabajadores inmigrantes en España deberán esperar antes de poder reagrupar a sus familiares (que ya no podrán ser los padres, sino solamente los hijos y cónyuge). Hay que tomar en cuenta que, en promedio, un trabajador inmigrante tarda 2 años en regularizar su situación administrativa, por lo que si hasta ahora debía permanecer 3 años sin poder ver a su familia, ahora deberá esperar 8, en virtud de las disposiciones promovidas por el Gobierno “socialista” de Rodríguez Zapatero.
SOS Racismo señala que las medidas tomadas recientemente pueden incentivar la xenofobia.
"Existe el peligro de que las acciones anunciadas últimamente (.), junto con los discursos que las acompañan, generen una corriente de opinión que potencia los sentimientos de competencia, rechazo y xenofobia", recalca.
Las 23 organizaciones de inmigrantes y Comisiones Obreras consideran que las propuestas del ministro de Trabajo también vulneran los derechos humanos porque limitan la reagrupación familiar y olvidan "el derecho a vivir en familia".
Los portavoces de los inmigrantes instaron a "los estamentos implicados a adoptar un discurso sereno y responsable que no cree confusiones entre la opinión pública, porque en un momento como el actual es necesario cohesionar a la sociedad y evitar el racismo".
Comentarios