Ramón Afonso * / Artículos de opinión.- Cho Vito era un caserío popular de autoconstrucción que se gestó en los ‘50, cuando Candelaria, municipio de Tenerife al que pertenece, contaba con 4.000 habitantes. De las 31 viviendas originales ahora sólo siete casas quedan en pie por no tener sus dueños otro lugar donde guarecerse; las demás fueron demolidas por orden judicial. Tras las críticas del alcalde socialista Gumersindo García a la movilización vecinal contra el plan urbanístico y varias sentencias negativas para los vecinos, el ya largo conflicto se agudizó en 2005 con la comunicación de Costas sobre el inicio del expediente de recuperación de la posesión del dominio público -donde hay proyectado un paseo marítimo- ocupado por las viviendas. Los vecinos iniciaron un peregrinaje infructuoso por tribunales e instituciones y desde entonces la Plataforma por la Defensa de Cho Vito no ha parado de organizar acciones para preservar sus casas. La lucha trascendió el marco municipal y la Asamblea por Tenerife la asumió como uno de sus emblemas reivindicativos junto a la oposición al Puerto de Granadilla, al Anillo Insular o a la Vía Exterior.
La aplicación taxativa de la Ley de Costas para la demolición de Cho Vito evidencia la desigualdad ante la ley. Endesa-Unelco -justo al lado del poblado marinero- tiene sus instalaciones casi sobre el mar; las urbanizaciones, hoteles y chalés que ocupan el dominio público marítimo-terrestre se cuentan por cientos; hasta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife -cuyo alcalde, Miguel Zerolo, está imputado por cohecho y corrupción- ha permitido la construcción del famoso “mamotreto” (centro comercial y aparcamientos) en la Playa de las Teresitas a pesar de varias sentencias en su contra. Pero han sido poblados populares como Cho Vito los únicos derribados por una Demarcación de Costas que alardea de “higienismo ecologista”. Sin embargo, a los hoteles se los “indulta” otorgándoles concesiones administrativas. Implacable con los débiles y sumiso con los poderosos.
Abandono institucional
Declarar Cho Vito bien de interés cultural hubiera bastado para conservarlo. El Cabildo, gobernado por CC y PP, no lo creyó conveniente pese a su valor etnográfico, ejemplo de la cultura popular de la isla. Tal como afirma Fernando Estévez, profesor de Antropología de la Universidad de la Laguna, “es un modo de utilizar el espacio que se sitúa en las antípodas de lo que los sectores socioeconómicos y políticos dominantes pretenden extender por todas las costas de las islas susceptibles de ser urbanizadas e incorporadas al desarrollo turístico”.
El viernes 3 de octubre se supo que el Juzgado había suspendido la orden de derribo. Lo que se celebró como un triunfo resultó ser una burda estratagema para impedir que se organizara la resistencia durante el fin de semana. Así, el lunes se levantó la suspensión, y el martes 7 amaneció Cho Vito tomado por las fuerzas de élite de la Guardia Civil, traídas de Sevilla. Éstas no sólo sacaron a rastras a los vecinos que resistieron pacíficamente, sino que establecieron un perímetro para los grupos de apoyo que acudieron al lugar. Las siete familias que aún viven allí están sometidas a controles policiales y nadie que no sea residente, ni sus familiares, puede franquear las barreras de la Guardia Civil.
La Asamblea por Tenerife ha emitido un comunicado condenando lo sucedido y solidarizándose con las víctimas. Denuncia la brutalidad con que ha actuado la Delegación del Gobierno y señala al alcalde Gumersindo García (PSOE) como máximo responsable de que se consumara el derribo de Cho Vito. Finalmente, reprocha “la inacción del Cabildo, el Parlamento y el Gobierno de Canarias que con su pasividad e hipocresía lo han permitido”.
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