Memoria histórica / Iniciativa por La Orotava (IpO).- Moción del Grupo Municipal IpO sobre la restitución de funcionarios represaliados por el franquismo y retirada de títulos honoríficos a Francisco Franco, otorgados por este Ayuntamiento en el pasado.
El Ayuntamiento de La Orotava, fruto de la moción presentada por nuestro grupo y apoyada por la casi totalidad de los grupos de esta Corporación, se ha convertido, en nuestras Islas, en uno de los abanderados en la recuperación de nuestra memoria histórica, mucho antes, incluso, de la aprobación de la –a nuestro juicio– tibia e incompleta Ley conocida como de la Memoria Histórica. La retirada de los símbolos fascistas de las fachadas de edificios públicos de La Orotava y el próximo cambio de denominación del callejero franquista ponen en evidencia el interés de esta Corporación en que se haga justicia con quienes lucharon por la libertad y la justicia social en nuestro pueblo, y que se proceda a una relectura de nuestra historia más inmediata, denunciando el golpe fascista de julio de 1936 y sus terribles consecuencias, en forma de persecución, encarcelamiento, desapariciones y asesinatos que afectaron a numerosos vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Aún así, queda mucho camino que recorrer para recuperar la memoria de las víctimas del proceso represivo surgido tras el golpe de 1936 y durante toda la dictadura. En ese sentido, creemos que desde el Ayuntamiento de La Orotava, como institución pública, se tienen que seguir dando los pasos necesarios para reparar el dolor que, en nombre de esta institución, se provocó a muchos ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Pedir perdón por los atropellos cometidos en nombre de este Ayuntamiento por las autoridades impuestas por los militares golpistas (fundamentalmente en la etapa 1936-1940) y tomar los acuerdos necesarios para reparar, en la medida de lo posible, las injusticias cometidas durante ese periodo.
Nos referimos en esta moción a dos cuestiones que nos parecen fundamentales para dignificar y recuperar la memoria de las victimas de la represión y que tienen que ver con acuerdos tomados por este Ayuntamiento. Hablamos de los expedientes de depuración –por cuestiones políticas– de trabajadores municipales, así como de los títulos honoríficos que este Ayuntamiento concedió en su día al Dictador Francisco Franco.
Con referencia al primer asunto queremos hacer un pequeñísimo repaso histórico para justificar la oportunidad y la necesidad de esta moción.
Respecto a los trabajadores del sector público, las nuevas autoridades iniciaron, desde el mismo día del golpe, una amplia depuración, con detenciones y separaciones de sus puestos de trabajo, que se vio amparada legalmente el 5 de diciembre de 1936, por medio de un decreto-ley, por el cual se procede a "...la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a éste, cualquiera que sea la forma en que ingresaron y la función que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la Provincia o Municipio". O sea, mano libre para "limpiar" el Ayuntamiento de cualquier persona mínimamente sospechosa.
Los trabajadores municipales que sufrieron la represión fascista, entre 1936 y 1940, fueron:
- Felipe Quintero Hernández. Primer maquinista del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido y sometido a un proceso de incautación de bienes.
- Antonio Hernández Hernández. Segundo maquinista del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Norberto Perera Hernández. Director del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Jesús Gómez Martín: Peón del montador del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Gaspar Martín González. Tercer maquinista del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Acisclo Serrano Merino. Cobrador del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido y detenido desde julio de 1936.
- Antonio González González. Auxiliar del director del Servicio Eléctrico Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido y detenido desde julio de 1936.
- Juan Hernández Correa. Oficial Mayor de Secretaría. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936, deportado a Villa Cisneros.
- Victoriano Gutiérrez Martín. Oficial primero de Secretaría. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936.
- Lucio Illada Quintero. Oficial segundo de Secretaría. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936, deportado a Villa Cisneros, sometido a proceso de incautación de bienes y asesinado (fusilado) en 1940.
- Feliciano Jerez Veguero. Médico de la Casa de Socorro. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936, deportado a Villa Cisneros.
- Isidro Delgado Linares. Recaudador de arbitrios. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936 y sometido a proceso de incautación de bienes.
- Leoncio Estévez Luís. Inspector Jefe de la Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936.
- Balbino San Millán López. Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936, deportado a Villa Cisneros y asesinado (fusilado) en 1940.
- Juan Manuel González Hernández. Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido, detenido desde julio de 1936.
- Jesús Gómez Hernández. Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Jerónimo Andrés Gascón. Inspector Veterinario. Fue suspendido de empleo y sueldo y detenido.
- José González García: Auxiliar primero de Secretaría. Fue suspendido de empleo y sueldo por dos años. Separado del servicio desde 1936 a 1940. Detenido.
- Zacarías Machado Rivero. Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y detenido.
- Domingo Rivero Álvarez. Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido y detenido desde 1936.
- Mercedes Benítez Belza. Encargada de la Biblioteca Municipal. Fue suspendida de empleo y sueldo, destituida y detenida desde 1936.
- Domingo González Reyes. Encargado de la cobranza de arbitrios. Fue suspendido de empleo y sueldo y detenido desde 1936.
- Melquíades Luís García. Peón guarda de montes. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Eugenio González González. Guardia Municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Amós Díaz Casañas. Interventor municipal. Fue destituido en 1942 por Sentencia del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
- Felipe Hernández Hernández. Practicante. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido. Marcos Fuentes Arbelo. Practicante. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Zacarías Zamora Pacheco. Guarda de montes municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Juan Escobar Perdigón. Guarda de montes municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido.
- Jesús González. Empleado municipal. Guarda de montes municipal. Fue suspendido de empleo y sueldo, destituido y detenido desde 1936.
Todos estos trabajadores (30 en total) fueron represaliados por pertenecer, dirigir, ser simpatizantes o colaborar con organizaciones de izquierda y centro izquierda que luchaban por la libertad y la democracia. Fueron represaliados, simplemente por sus ideas, y por ello perdieron sus puestos de trabajo, y en algunos casos, su vida. Los militares golpistas, apoyados efusivamente por la oligarquía local y la Iglesia, para garantizar el control absoluto del poder político, social y militar, procedieron a una intensa depuración del personal al servicio del Ayuntamiento, deteniendo, inmediatamente después del golpe, a muchos de los trabajadores de esta Casa que pudieran suponer el más mínimo obstáculo para el éxito del levantamiento militar. Al resto de trabajadores, para poder cobrar sus haberes, se les obliga a firmar, en agosto de 1936, un documento en el que tienen que declarar “por su honor, que atendió ininterrumpidamente los de su cargo durante el mes de la fecha, cooperando así al Movimiento Salvador de España, iniciado el 18 de julio de 1936, al que se encuentra unido y en el que está dispuesto a rendir todo género de colaboración”. La firma “voluntaria” –aunque si no se firmaba no se cobraba– de este documento se une a otro posterior en el que debían declarar si habían pertenecido al Frente Popular o a la Masonería. Las consecuencias eran: “si pertenecían al Frente Popular o la masonería el 18 de julio, suspensión de empleo y sueldo y expediente; si pertenecían antes del 18 de julio pero no ese día por haberse dado de baja, continúan en sus puestos pero formándoseles expediente urgente; si no pertenecían en ningún momento se relacionaran los individuos y se enviará a la Comisaría de Investigación y Vigilancia y a la Comandancia General de Canarias. Si se recibe información contradictoria se le formará expediente, “rapidísimo” y se enviará al Gobierno Civil”. Con estas órdenes del Gobierno Civil, que el Ayuntamiento cumplió con un celo exquisito, se completaba la mayor “limpieza” ideológica del Ayuntamiento de toda su historia.
Asimismo, por parte de los militares golpistas se procede a la suspensión total de la Corporación elegida democráticamente en 1936, en el marco de la legalidad republicana, y se nombra al Comandante del Puesto de la Guardia Civil de La Orotava como Alcalde-Presidente de una comisión gestora del Ayuntamiento, que estaría compuesta, además, por dos civiles, nombrados también por los militares, Casiano García Feo y Ramón González Cejas. Fueron estas personas, no elegidas democráticamente, sino impuestas por un golpe militar fascista, las que iniciaron todos los procesos de depuración de trabajadores municipales, que se materializaron en numerosos acuerdos recogidos en los libros de actas municipales de aquellos años (1936 hasta 1942, en que se destituye al Interventor). Actuaron y tomaron acuerdos en nombre de esta Institución y es por ello que entendemos que sólo esta Corporación puede dejar sin efecto todos aquellos acuerdos, claramente ilegales, tanto desde la legalidad democrática usurpada en aquellos momentos como desde la óptica de la legalidad constitucional actual. Es por ello que proponemos que este Ayuntamiento acuerde declarar nulos y revocar todos los acuerdos referidos a la represión política ejercida contra sus empleados durante la dictadura franquista, restituyendo en todos sus derechos a los trabajadores que fueron suspendidos de empleo y sueldo o destituidos por causas políticas o ideológicas.
Y respecto al segundo asunto de esta moción, proponemos que se revoquen, asimismo, los acuerdos plenarios del 16 de septiembre de 1936, por el que se nombra Hijo Adoptivo de La Orotava al dictador Francisco Franco, y el de 23 de febrero de 1960, por el que se le concede la Primera Medalla de Oro de La Orotava. Ambos acuerdos emanan de unas Corporaciones no elegidas democráticamente, de unas autoridades dictatoriales, y por lo tanto, al no ser elegidas por el ejercicio de la voluntad popular, no las podemos considerar como representantes de nuestro pueblo, siendo carentes de cualquier legitimidad para otorgar distinciones honoríficas en nombre de nuestro municipio. A ello sumamos el hecho de que, a nuestro juicio, es una auténtica vergüenza el mantener como Hijo Adoptivo y como poseedor de una Medalla de Oro al dictador Francisco Franco, responsable último de la represión ejercida por su régimen contra centenares de vecinos y vecinas de La Orotava, la cual, en algunos casos, alcanzó el grado de asesinato, con el revestimiento legal de juicio sumarísimo en Consejo de Guerra (como sucedió con Lucio Illada, Balbino San Millán, Manolo Illada o Pedro Hernández Lorenzo) y de la supuesta “desaparición” de personas de este pueblo.
En este caso, al tratarse de acuerdos plenarios tomados en nombre de esta Institución, es esta Corporación la facultada para poder revocarlos, por lo que proponemos que se declaren nulos y se revoquen los acuerdos citados anteriormente.
Por todo ello, elevamos al Pleno de la Corporación, para su aprobación si procede, el siguiente:
1.- El Ayuntamiento de La Orotava acuerda declarar nulos y revocar todos los acuerdos plenarios y cuantas disposiciones se hayan dictado por esta Institución para depurar, por cuestiones ideológicas, a empleados municipales, restituyendo todos los derechos a quienes fueron suspendidos de empleo y sueldo y/o destituidos durante la dictadura franquista.
2.- El Ayuntamiento de La Orotava acuerda declarar nulos y revocar los acuerdos plenarios de 16 de septiembre de 1936 y de 23 de febrero de 1960, por los que se acuerda nombrar Hijo Adoptivo y conceder la Medalla de Oro de La Orotava a Francisco Franco.
3.- El Ayuntamiento de La Orotava acuerda dirigir esta moción a todos los municipios de Canarias para que, si se estimara conveniente, procedan a restituir en todos sus derechos a los/as trabajadores/as de sus respectivos Ayuntamientos que fueron objeto de represión laboral por cuestiones ideológicas y depuración política durante la dictadura franquista.
José Antonio Lima Cruz
Bárbara Álvarez Escobar
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